Santa Cruz De Tenerife, 14 oct (EFE).
– La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado que la caducidad ambiental del Circuito del Motor demuestra jurídicamente que el anterior gobierno insular del PSOE hizo «una chapuza», y ahora corresponde «hacer bien las cosas» porque se trata de «una demanda histórica» para la seguridad de los pilotos.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno insular la presidenta ha ratificado que el Cabildo no va interponer nuevos recursos de casación, una vez el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha revocado la sentencia que le daba la razón en cuanto a que no había caducado la declaración de impacto ambiental.
Ahora el TSJC ha dictado un nuevo auto en el que ha resuelto «desfavorablemente» en cuanto a la caducidad «y por lo tanto aquí damos carpetazo a este asunto» que, ha indicado Rosa Dávila, procede de la tramitación efectuada por el anterior equipo de gobierno en la corporación insular que daba por vigente la declaración ambiental.
No obstante, ha señalado que para el TSJC el programa de actuación territorial que contempla el Circuito del Motor sigue en vigor de forma indefinida, y por ello el Cabildo solicitará una nueva declaración de impacto ambiental.
«Es un proyecto que lleva 20 años amparado por el programa de actuación territorial ya que es necesario tener infraestructuras deportivas, uno de cuyos objetivos es ofrecer a pilotos y aficionados un espacio seguro y específico para realizar pruebas con los vehículos», ha proseguido Dávila.
A su juicio, una de las cuestiones que la Dirección General de Tráfico ha puesto de relieve es el altísimo índice de mortalidad de motoristas en Tenerife y por ello, ha continuado, la isla necesita un espacio seguro para la práctica deportiva del motor y no en las carreteras insulares.
«Es una demanda histórica del colectivo pero, desafortunadamente, el anterior equipo de gobierno se agarró a una declaración de impacto ambiental que proviene de 2011.
La Justicia se ha pronunciado y lo que corresponde es hacer bien las cosas», ha apostillado.
A su juicio, esto supone un revés para los aficionados pero.
ha insistido Rosa Dávila, hay que exigir que todo el proceso se haga «con las garantías jurídicas y ambientales».
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