Santa Cruz de Tenerife, 24 jul (EFE).
– Representantes de colectivos ecologistas tienen previsto presentar este jueves en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona una denuncia penal contra el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y los promotores del proyecto urbanístico «Cuna del Alma», al considerar que se trata de «una operación devastadora plagada de irregularidades y engaños».
Los denunciantes exigen la apertura inmediata de una investigación judicial sobre posibles delitos graves cometidos en el marco de este proyecto, según han expuesto en un comunicado en el que informan de la presentación de la denuncia.
A su juicio, en este proyecto se pueden haber cometido delitos contra el medio ambiente y el patrimonio natural, urbanísticos, corrupción y prevaricación administrativa, destrucción de patrimonio cultural y arqueológico, además de «una connivencia o inacción escandalosas» de administraciones supramunicipales como el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, lo que en su opinión «pudiera apuntar a una trama de corrupción urbanística sistémica de notables dimensiones».
Los colectivos alertan de que «Cuna del Alma» se está construyendo sobre suelos de alto valor ecológico, geológico y arqueológico pese a que existen informes técnicos, denuncias previas, medidas cautelares, avisos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y «hasta un Plan Parcial ignorados continuamente por las autoridades responsables».
Se denuncia además, prosiguen, «una permisividad institucional escandalosa» que comienza por el Ayuntamiento de Adeje, «completamente ausente de las funciones fiscalizadoras» a las que la Ley le obliga, lo que ha derivado en decisiones urbanísticas de la promotora «altamente cuestionables, por no decir delictivas».
“Lo que está ocurriendo en Adeje no es un simple conflicto urbanístico: es un ataque directo al territorio, a la legalidad y al bien común y se está arrasando un ecosistema único con total impunidad, por lo que exigimos responsabilidades ya, tanto políticas como penales”, señalan los colectivos denunciantes.
En la denuncia se apunta también «al engaño continuado a la población» que supone casi una década de promoción y documentos oficiales del Ayuntamiento asegurando y prometiendo proyectos medioambientales, respeto del núcleo urbano y potenciación de las singularidades del lugar.
Todo ello, añaden, «con el único fin de conseguir aprobación popular y autorizaciones administrativas, para acabar arrasando con el pueblo, expropiando edificaciones históricas, destrozando vestigios guanches, flora endémica y rocas de valor geológico, para sustituirlo por chalets de lujo con piscinas, playas privadas y bares y tiendas para turistas».
A pesar de ello, las obras han seguido adelante bajo una estrategia de hechos consumados, con desprecio absoluto hacia la legalidad y el interés público, critican los colectivos denunciantes, que por ello justifican «la urgencia y necesidad de actuar, no solo con esta nueva denuncia y los delitos que puedan desprenderse sino con la paralización inmediata» del proyecto ante el riesgo de daños irreversibles al ecosistema y al patrimonio histórico si no se actúa con urgencia.
Petición esta última que también se acompaña a la denuncia, afirman las entidades ecologistas, que señalan que con esta acción legal refuerzan la lucha social «contra un modelo turístico y especulativo que amenaza con convertir Canarias en un paraíso destruido», y apuntan a que habrá más acciones desde otros ámbitos con «más denuncias, más batallas contra esta entente diabólica que conforman empresarios y políticos a este lado del mundo».
Avisan también que «no se puede seguir construyendo sobre la base del expolio, el silencio y la impunidad» y consideran «imperativo» que la Fiscalía y la justicia «dejen de mirar para otro lado».
EFE
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