Santa Cruz de Tenerife, 29 ene (EFE).
– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido la necesidad de mantener las especificidades de las regiones ultraperiféricas (RUP) en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (2028-2034) como el único instrumento eficaz para cumplir el derecho originario comunitario y lo establecido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Clavijo realizó estas declaraciones durante la inauguración de unas jornadas sobre el marco financiero europeo organizadas por el Consejo Canario del Movimiento Europeo, el Parlamento de Canarias y la Fundación CajaCanarias, en las que también ha subrayado la capacidad de consenso de las instituciones canarias para defender intereses que trascienden los mandatos políticos.
El presidente autonómico ha afirmado que Canarias, pese a ser la única RUP española, tiene voz en el debate europeo y la obligación de defender tanto su estatus específico como el modelo social y de cohesión que representa la Unión Europea.
Clavijo ha alertado sobre la pérdida de relevancia internacional de Europa y ha advertido del auge de actitudes autoritarias y “bravuconadas” que, a su juicio, ponen en riesgo el proyecto comunitario surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
El jefe del Ejecutivo canario ha reiterado que el marco financiero que comenzará en 2028 debe planificarse con visión de futuro y garantizar la cohesión económica, social y territorial, compensando las debilidades estructurales de las RUP y respetando sus singularidades.
Por su parte, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, calificó las jornadas de “oportunas y decisivas” en un momento en el que las decisiones que se adopten en Bruselas marcarán de forma directa el futuro del archipiélago.
Pérez señaló que el marco financiero plurianual no es solo un conjunto de cifras, sino la traducción presupuestaria del modelo de Europa que se quiere construir, basada en las regiones y en el reconocimiento de sus realidades territoriales.
La presidenta de la Cámara autonómica ha defendido que el estatus especial de Canarias no supone un privilegio, sino un acto de justicia territorial y social, y ha reafirmado el compromiso del Parlamento con una Europa que no deje a ningún territorio atrás ni confunda la simplificación administrativa con procesos de recentralización.
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