Las Palmas de Gran Canaria, 6 jul (EFE).
– CCOO ha reclamado este lunes a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias un nuevo protocolo frente a las agresiones de los presos al haberse producido un nuevo caso de violencia sexual contra una funcionaria en la cárcel del Salto del Negro (Gran Canaria) por parte de un recluso con problemas de salud mental, según ha informado este lunes.
En la nota, CCOO ha explicado que el interno con problemas de salud mental que efectuó tocamientos a una funcionaria que estaba de servicio había protagonizado días antes conductas exhibicionistas en el patio central del módulo, a la vista de trabajadoras y de la población reclusa, sin que se adoptaran medidas preventivas eficaces para evitar la escalada de la situación.
CCOO ha advertido de que estos hechos no pueden considerarse incidentes aislados, sino la consecuencia de una falta estructural de medios, de personal sanitario y de protocolos realmente eficaces para prevenir y abordar las agresiones en los centros penitenciarios, cuestión que lleva años denunciando.
El sindicato ha destacado que el actual Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones, conocido como PEAFA, ha demostrado ser «insuficiente» para proteger de forma efectiva la seguridad y la salud del personal.
Para Comisiones Obreras, el principal problema es que este protocolo no está plenamente vinculado a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que limita su eficacia jurídica y operativa.
En la práctica, las plantillas siguen expuestas a situaciones de riesgo sin contar con herramientas preventivas suficientes, ni con respuestas adecuadas antes, durante y después de las agresiones, añade el sindicato.
CCOO ha exigido que las agresiones al personal penitenciario sean tratadas como un problema de salud laboral y de seguridad en el trabajo, y no como simples incidencias internas de funcionamiento ordinario.
El sindicato ha alertado también de que la falta «crónica» de personal médico y de especialistas en salud mental en los centros penitenciarios agrava cada día la situación, por lo que los funcionarios se ven obligados a afrontar situaciones de contención, crisis conductuales y conflictos sin la formación especializada ni el respaldo sanitario necesario.
Además, ha recordado que esta situación afecta tanto a la seguridad del personal como a la adecuada atención de la población reclusa, por lo que reclama una respuesta urgente de las administraciones competentes.
Por ello, ha exigido también a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Gobierno de Canarias el traspaso urgente de las competencias sanitarias penitenciarias a la comunidad autónoma, en cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, para integrar la sanidad penitenciaria en el Servicio Canario de la Salud.
CCOO ha anunciado que llegará hasta las últimas consecuencias legales y sindicales para defender la integridad física, psíquica y moral del personal penitenciario.
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