Las Palmas de Gran Canaria, 7 oct (EFE).
– Coalición Canaria ha exigido este miércoles al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que facilite información sobre si ha comenzado a devolver a la tasa de basura a aquellos ciudadanos que la abonaron antes de que fuera anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En un comunicado, el edil nacionalista David Suárez ha recordado que en julio el Ayuntamiento anunció que no recurriría la sentencia que declaró no conforme a derecho la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, y añade que desde entonces nada se ha sabido de la devolución de las cantidades cobradas.
En palabras de Suárez, la población «tiene derecho a saber qué ha ocurrido desde entonces con su dinero, cuántas devoluciones se han efectuado y cuándo va a recuperar su dinero quien todavía no lo haya recibido».
En el momento en el que el gobierno municipal (PSOE, NC y Podemos) anunció que no recurriría el fallo judicial, el Ayuntamiento había aprobado 169.
105 liquidaciones y 35.
002 ya habían sido abonadas por los contribuyentes, alcanzando una recaudación aproximada de cinco millones de euros, precisa CC en su comunicado.
«Estamos hablando de cinco millones de euros que salieron del bolsillo de miles de familias de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de una ordenanza que los tribunales acabaron dejando sin efecto», ha argumentado Suárez, quien ha demandado explicaciones de la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias (PSOE).
El portavoz nacionalista ha recordado además que el gobierno municipal habilitó en julio diferentes procedimientos dependiendo de la situación de cada contribuyente, incluyendo solicitudes expresas de devolución y procedimientos de revisión de oficio para aquellos pagos que ya habían adquirido firmeza administrativa, mecanismos que quiere saber si están funcionando correctamente.
Para Coalición Canaria, todo este episodio evidencia además «la falta de rigor con la que se gestionó desde el principio una tasa que tenía un enorme impacto económico sobre las familias de la capital».
«El resultado de toda esta gestión es que miles de ciudadanos tuvieron que adelantar dinero por una tasa que posteriormente cayó en los tribunales, mientras el Ayuntamiento tiene ahora que dedicar recursos administrativos y humanos a tramitar decenas de miles de devoluciones», ha concluido Suárez.
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