La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha pedido al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que cumpla la Ley de Memoria Democrática y proceda a retirar el monumento a Franco situado en la confluencia de la avenida de Anaga y la Rambla.
Raya hace esta reclamación después de que el Gobierno de Canarias «haya rechazado definitivamente» declarar la escultura de Juan de Ávalos como Bien de Interés Cultural al considerar que «no reúne los valores históricos, artísticos o culturales sobresalientes que justificarían el máximo grado de protección patrimonial», según ha informado el PSOE de Tenerife en nota de prensa.
Por ello, ha considerado que «hoy se termina la última excusa» de José Manuel Bermúdez para «seguir manteniendo en un espacio público de Santa Cruz un monumento concebido para glorificar a un dictador».
Añade que «ya no existe una expectativa» de protección como Bien de Interés Cultural, por lo que entiende que «no hay ninguna razón para continuar retrasando» el cumplimiento de la ley, ya que matiza que el decreto publicado en el Boletín Oficial de Canarias «recoge el rechazo prácticamente unánime de los órganos especializados».
La Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico se pronunció contra la declaración por seis votos desfavorables, ninguno favorable y una abstención, agrega, para indicar que posteriormente el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias hizo lo propio con 16 votos en contra, ninguno a favor y una abstención.
Además de cerrar el procedimiento sin declarar el monumento como BIC, el Gobierno de Canarias ordena cancelar la anotación preventiva practicada en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, por lo que desde el PSOE se considera que «desaparece así el principal argumento patrimonial utilizado por quienes pretendían conservar la escultura en su actual emplazamiento».
Finalmente Raya señala que el monumento también ha sido identificado por el Estado como un «elemento contrario a la memoria democrática y que su mantenimiento en el espacio público no puede continuar dependiendo de la voluntad política del alcalde».
«Bermúdez ha dedicado demasiado tiempo a buscar fórmulas para proteger el monumento y demasiado poco a cumplir una ley democrática. No estamos ante una cuestión de gustos, opiniones personales o interpretaciones interesadas de la historia. Estamos ante una obligación legal que el Ayuntamiento debe cumplir», concluye la dirigente socialista.
Para Raya es «especialmente grave» que Bermúdez «llegara a defender públicamente la expectativa de protección» de la escultura como vía para mantenerla en el espacio público.








