MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) –
La reciente regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno español ha despertado esperanza entre migrantes en situación irregular, ofreciendo la posibilidad de trabajar legalmente y recuperar estabilidad para sus familias. Nicolás (nombre ficticio), ciudadano peruano residente en Santiponce (Sevilla), explica que esta medida representa «luz» para extranjeros.
«Hay bastante expectativa», asegura a Europa Press Nicolás, quien llegó a España en abril de 2023 con su mujer y sus dos hijos tras recibir amenazas en Perú que los obligaron a abandonar el país. La familia se ha enfrentado a múltiples obstáculos desde su llegada: trabajos precarios, procesos de arraigo largos y burocracia «terrible» que impedía acceder a derechos básicos y becas educativas.
Una vez en España, Nicolás recuerda que, mientras él podía trabajar «en negro», su mujer no tenía esa posibilidad, lo que dificultaba sostener el hogar y los estudios de sus hijos.
El nuevo procedimiento anunciado por el Gobierno, en cambio, permite que los migrantes accedan de manera inmediata a la autorización para trabajar, eliminando la espera prolongada en el antiguo arraigo laboral. «Ya con la autorización para trabajar, ya se quita la presión», señala Nicolás.
En su caso, la decisión de acogerse a la regularización no está cerrada: él y su hijo ya han iniciado trámites de arraigo (uno sociolaboral y otro formativo), por lo que presentar una nueva solicitud implicaría asumir de nuevo costes en tasas y documentación. Su mujer, en cambio, sí tiene previsto acogerse a la regularización extraordinaria al considerarla una vía más «ágil y simple».
También alerta sobre la falta de información accesible en torno a los procedimientos de extranjería. A su juicio, las normas están redactadas con un lenguaje complejo y cambian con interpretaciones posteriores que no siempre llegan a la ciudadanía. «Hay mucha aclaración después de que sale la norma, pero la gente común no lo sabe y se queda empantanada», argumenta.
En esta misma línea, Nicolás añade que «poner a alguien a leer una norma de otro país y que acierte a la primera es imposible». Esta situación, explica, hace que migrantes dependan de apoyo de organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para gestionar sus trámites, ONG que le ha apoyado jurídicamente tanto a él como a su familia.
El Ejecutivo inició este martes el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. Así, retoma el espíritu de la ILP, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.
REQUISITOS PRINCIPALES
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.
Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.
El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Por otro lado, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años.
