Madrid, 5 abr (EFE).- El Tribunal Supremo juzga desde este martes al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, a su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de la covid, en 2020.
Poco más de dos años después de que el entonces desconocido asesor fuese detenido, arranca el primer juicio de una causa judicial que propició la salida del exministro del PSOE, donde fue secretario de Organización, la renuncia a su escaño en el Congreso hace unos meses y su entrada en prisión provisional, junto a su asistente.
Serán 13 sesiones, la mayoría de mañana y tarde, repartidas entre el 7 y el 30 de abril, y coincidirán a diario con otro juicio: el del caso Kitchen que la Audiencia Nacional acoge desde el lunes, en el que está acusado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial del primer Gobierno de Mariano Rajoy por la presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Los acusados: un exministro, un asesor y un comisionista
Ábalos afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, ligeramente superior a los 19 y medio de Koldo García, aunque las acusaciones populares que coordina el PP piden para ambos 30 años. El tercer acusado, Víctor de Aldama, encara la petición más baja -7 años de cárcel- al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones.
Se les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
La Fiscalía, además, pide multas de hasta 3,9 millones de euros e indemnizaciones a dos empresas públicas -Ineco y Tragsasec-, así como el decomiso de las ganancias del presunto cohecho: al menos, 430.298 euros.
Los tres serán los últimos en declarar. El exministro y su exasesor serán conducidos cada día desde la prisión de Soto del Real (Madrid), donde permanecen desde noviembre por riesgo de fuga.
La trama principal: los contratos de mascarillas
Se juzgará el «ilícito negocio» que habrían emprendido con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado -dependientes de Transportes- en marzo de 2020.
El fiscal destaca el «preciso reparto de funciones» de los tres, tras ver «la oportunidad de obtener un común beneficio económico» en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.
Según la Fiscalía, Ábalos habría acordado la adquisición de partidas de mascarillas a cambio de que él y Koldo recibiesen «una indebida compensación económica» a cuenta de Aldama, que a su vez se embolsó 3,7 millones de euros.
Las comisiones y otros pagos
Como pago por estas gestiones, dice el fiscal, Aldama habría entregado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, a veces en presencia de Ábalos, pues estaba destinado a ser repartido entre ambos.
Hubo otras retribuciones que Aldama premió presuntamente con estancias en dos chalés en Marbella (Málaga) y la Alcaidesa (Cádiz); un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid a un precio muy inferior al del mercado, y el abono de la renta mensual de un piso para Jéssica Rodríguez, entonces pareja del exministro.
Más cosas que se juzgan y las que no
El fiscal acusa también a Ábalos de «promover la contratación» de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec pese a que nunca «desempeñó tarea alguna» entre 2019 y 2021, período en el que cobró 43.978 euros; y de otra mujer, vinculada a él, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail.
Lo que no se va a juzgar son las otras piezas en las que se ha ido desgajando el caso Koldo, en manos de la Audiencia Nacional.
En una de ellas se investiga el sistema de pagos en efectivo del PSOE, y en otra presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, en la que está imputado el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.
Las defensas
Exministro y exasesor, que se plantean una defensa conjunta, se proclaman inocentes, solicitan su absolución y cuestionan la credibilidad de Aldama.
Ábalos dice que no hay rastro de las comisiones millonarias que cuenta Aldama, niega irregularidades en los contratos y no acepta haber mediado para fichar a Jéssica Rodríguez o a Claudia Montes.
Koldo explica que los canales de compra de material no fueron asaltados por una trama, sino que «se rigieron por criterios de estricta necesidad» en «un mercado colapsado», y vincula el dinero en efectivo que manejó con gastos corrientes del PSOE.
Aldama admite los delitos pero pide menos condena porque su «colaboración proactiva» impulsó la investigación.
Los testigos
Serán más de 80, entre los que sobresalen por su perfil político la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres. Ambos deberán responder por los contratos de mascarillas con las empresas presentadas por Aldama cuando presidían las islas Baleares y Canarias, respectivamente.
Lo harán por escrito, pero no responderán a un formulario de preguntas; se limitarán a enviar un «informe».
Del resto, destacan la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el ex secretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; ex jefes de gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, empresarios, familiares y allegados de los acusados.
El tribunal
Seis hombres y una mujer: el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez-Arrieta, los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar, Javier Hernández y la magistrada Ana Ferrer.
El juicio, que no podrá verse en directo, se celebrará en la Sala de lo Penal. EFE
