La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, han fijado una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para abordar los temas que tenían previsto tratar este jueves en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración que no ha podido celebrarse por falta de ‘quorum’ tras el ‘plantón’ de las comunidades autónomas del PP.
«En lo que hemos quedado, para las cuestiones que son más del orden del día y que no necesitamos una respuesta tan inmediata, es hacer una bilateral el próximo 26 de agosto. Nos reuniremos aquí con todos los puntos del orden del día para tratar todas las cuestiones que hay», ha anunciado Delgado, este jueves, en declaraciones a los medios tras mantener una reunión privada con la ministra en la sede del Ministerio.
Durante este encuentro, la consejera de Canarias también le ha trasladado a Saiz su «profunda perplejidad» ante el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designe, en el plazo de quince días, representantes temporales para menores extranjeros no acompañados durante la fase de triaje, bajo el apercibimiento de posibles actuaciones en caso de incumplimiento y ha avanzando su negativa al respecto.
Delgado ha puntualizado que se trata de un requerimiento en el que les hacían «una amenaza velada» diciéndoles que si no contestaban, actuarían los poderes del Estado, y ha avanzado que van a responder negándose. «Nosotros le hemos dicho a la ministra que evidentemente nosotros vamos a responder a ese requerimiento negándonos porque entre otras cosas no está establecido todavía por parte de los ministerios, del Estado español, cómo se va a hacer ese protocolo, quién tiene que estar en ese triaje», ha apuntado.
Según Delgado, la ministra y su equipo les han trasladado que no tenían conocimiento de dicho requerimiento y se han «comprometido a hablar con el ministro del Interior y con la ministra de Infancia para establecer de una vez ese protocolo» de actuación en esos triajes.
En todo caso, Delgado se ha mostrado dispuesta a «colaborar» porque, según ha dicho, lo que les interesa es «que los menores que lleguen solos a las costas reciban la mejor atención posible». Lo que no va a «tolerar», ha aseverado, es que se les haga este requerimiento sin que antes el Estado haya fijado los criterios.
«Porque el otro día se nos hablaba de que podían ser los colegios de abogados a través del turno de oficio. ¿Quién paga eso? Porque hay comunidades autónomas donde depende del Ministerio Interior y hay otras comunidades autónomas como la de Canarias, que depende de la Comunidad Autónoma Canarias», ha advertido.
El Gobierno de Canarias tenía previsto preguntar en la Conferencia Sectorial de Inmigración –la primera convocada en aproximadamente 16 meses– que el ministerio clarificase el alcance de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo y que se estableciese un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas para garantizar la coordinación institucional necesaria para su correcta aplicación, tal y como lleva meses reclamando de manera expresa y por escrito a los ministerios correspondientes, y como ya expresó en la pasada Conferencia Sectorial de Infancia.
A juicio del Gobierno de Canarias, el requerimiento recibido plantea importantes interrogantes jurídicos y competenciales que deberían haber sido resueltos con carácter previo y de forma coordinada entre todas las administraciones implicadas.
En primer lugar, señala que resulta necesario determinar qué administración es competente para designar al representante temporal del menor durante la fase de triaje, teniendo en cuenta que este procedimiento corresponde al Estado y que las competencias autonómicas en materia de protección de menores se activan una vez finalizado dicho proceso y determinada la minoría de edad de la persona.
Asimismo, Canarias considera necesario aclarar por qué se dirige este requerimiento a la comunidad autónoma cuando el propio Estado había comunicado que las implicaciones del nuevo Reglamento para las comunidades aún estaban pendientes de concretarse y que serían objeto de información y coordinación antes de su implementación.
Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico entiende que, si la Administración General del Estado ha constituido distintos grupos de trabajo para desarrollar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, incluido uno específico sobre el procedimiento de triaje, resulta «imprescindible» conocer si ya existe un protocolo de actuación común para todo el territorio nacional o si, por el contrario, se están exigiendo actuaciones a las comunidades autónomas antes de que ese marco haya sido definido.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha recordado que siempre ha mostrado su «máxima disposición» a colaborar con el Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes y en la correcta aplicación de la normativa europea.
Precisamente por ello, ha considerado que una materia de esta trascendencia debe abordarse desde la cooperación institucional, la seguridad jurídica y el respeto al reparto competencial, «y no mediante requerimientos unilaterales acompañados de advertencias sobre eventuales consecuencias jurídicas».
«VENIR A HABLAR»
Por otro lado, preguntada por el ‘plantón’ de las CCAA del PP, la consejera de Canarias les ha afeado su ausencia ya que, según ha indicado, las conferencias sectoriales están para «recriminar» al Gobierno aquello con lo que no están de acuerdo.
«Creo que lo que hay que hacer es venir aquí y hablar. Si hay que pelearse, se pelea uno aquí, y si hay que llamar la atención al Estado yo lo hago fuera de aquí y dentro de aquí, pero hay que venir», ha insistido. Y cuando no le hacen caso, según ha añadido, va «a los tribunales».
