Santa Cruz de Tenerife, 20 feb (EFE).
– La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha admitido este viernes que los procesos selectivos en marcha no son suficientes para cubrir el déficit de personal en las administraciones públicas.
Barreto ha comparecido en comisión parlamentaria para informar del convenio con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) en materia de listas de empleo y reserva para el nombramiento o la contratación de personal temporal, cuyo «único inconveniente», ha dicho, es que «siguen faltando listas».
«La convocatoria de procesos en ayuntamientos y cabildos sigue sin ser suficiente para cubrir todo el déficit», lo que se irá corrigiendo en la medida en que se vayan sacando adelante.
«Los ayuntamientos están sacando los que pueden y el Gobierno de Canarias está poniéndose al día con las ofertas públicas de empleo (OPE)», desde la de 2018 en adelante, pero aun así sigue habiendo una carencia de personal, más evidente en las administraciones locales.
La consejera ha detallado que el convenio con la FECAM nace de las dificultades de los ayuntamientos más pequeños para convocar procesos selectivos, y que por el momento se han adscrito al mismo 31 de los 88 ayuntamientos que hay en Canarias y tres cabildos, los de Lanzarote, El Hierro y La Palma.
Ha recalcado también la importancia de la ley canaria de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en cuanto a la agilización de los procesos selectivos y la adaptación de las pruebas a los perfiles buscados.
El diputado del grupo Socialista Gustavo Santana ha hecho hincapié en «las discrepancias» entre el Gobierno de España y el de Canarias respecto a dicha ley, con once artículos que están «en cuestión», como el periodo de prueba, la evaluación médica o la vigencia de las listas.
Santana ha advertido a Barreto de que está «a punto de convertirse en la consejera que generó falsas expectativas» con la promesa de una ley canaria de función pública que duda se vaya a aprobar esta legislatura, y que ha llevado la «inseguridad jurídica» al empleo público en la comunidad autónoma.
Barreto le ha replicado que será en la comisión bilateral Canarias-Estado donde se dirimirán todas estas cuestiones y ha recordado que «la inmensa mayoría» de los decretos aprobados por el ejecutivo canario no han tenido correcciones, y los que los han tenido han sido «menores».
En este caso, ha añadido, «corregiremos lo que tengamos que corregir, sin lugar a dudas, para cumplir con la legalidad».
Carmen Hernández (Nueva Canarias-Bloque Canarista) ha criticado que «el decreto controvertido, hoy ley» de reducción de la temporalidad introduce «un elemento de temporalidad», una docena de listas de empleo que pensaba que era «una medida transitoria».
«Se puede justificar que de manera temporal se habiliten listas de reserva, de empleo», para garantizar la prestación de los servicios públicos mientras se materializan las OPE convocadas; el problema es que se utilice como excusa para la externalización, por ejemplo, de la tramitación de las licencias urbanísticas.
La diputada de NC ha recalcado que el actual déficit de personal en las administraciones es consecuencia de la ley de estabilidad presupuestaria que ni PP ni PSOE han derogado, y que provoca que las políticas de vivienda o de dependencia estén «en entredicho» por falta de empleados públicos.
Lo cual ha enlazado con el auge de la extrema derecha, que engorda «cada día que un ciudadano va a la administración» para tramitar un certificado o para pedir una licencia de actividad, y no encuentra respuesta.
Los diputados del grupo Mixto por AHI, Raúl Acosta, y Jesús Ramos (ASG), han valorado el convenio de colaboración con la FECAM, «imprescindible» para los pequeños ayuntamientos, que tienen «enormes dificultades para cubrir vacantes».
Mónica Muñoz (PP) ha señalado que este convenio es «un ejemplo de que la colaboración entre administraciones puede dar respuestas a las necesidades reales de la población», mientras que Socorro Beato (CC) ha abogado por que se adhieran al mismo más ayuntamientos y cabildos.
Paula Jover (Vox) ha criticado que el Gobierno de Canarias «ignore» el compromiso de reducir la temporalidad por debajo del 8% y también que los procesos de estabilización no hayan dado los resultados que se esperaban.
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