Autor: Redactor

JAÉN 11 Feb. –

Los datos de enero, con una producción acumulada de aceite de oliva de 1.234.568 toneladas, confirman el cumplimiento del aforo del Ministerio de Agricultura que situó en su aforo en 1.262.299 toneladas.

Así lo han manifestado organizaciones agrarias como Asaja y UPA tras valorar los datos hechos públicos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) correspondientes al mes de enero cuando la producción fue de 341.490 toneladas.

Del total acumulado, 469.562 toneladas es lo que se ha producido en Jaén en lo que va de campaña, «superando ya el aforo previsto por la Junta de Andalucía» y que se situó en 445.000. A nivel andaluz se llevan producidas 980.993 toneladas, «muy cerca del 1.021.000 previsto», tal y como ha indicado Asaja en un comunicado.

«Aún nos queda febrero y algo de marzo», ha explicado el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero. Con respecto a las salidas, la cifra «ha mejorado» con respecto a los meses anteriores, con un total de 116.159 toneladas, sin contar las importaciones.

«Es lo más significativo, y por lo tanto esa es muy buena noticia, porque se van incrementando el consumo y las ventas de aceite», ha dicho Valero.

En total, las existencias de aceite son de 1.056.559 toneladas, de las cuales 865.176 se encuentran en almazaras; 176.295 en envasadoras y 14.969 en el Patrimonio Comunal Olivarero.

Por su parte, el secretario general de UPA en Andalucía y Jaén, Cristóbal Cano, ha subrayado que con los datos ya de enero se puede confirmar que «los aforos de las distintas administraciones se van a cumplir».

«La campaña de recolección se encamina ya hacia su recta final, con una producción que nos sitúa en una campaña media. Tenemos muy claro que habrá una disponibilidad suficiente para cubrir la creciente demanda nacional y mundial», ha dicho Cano.

Ha confiado en que «la comercialización siga fuerte» y todo ello debería servirle al conjunto del sector productor para defender unos precios en origen «razonables» y que «deben situarse en un umbral a partir de los cinco euros para las categorías más bajas y muy por encima para los excelentes vírgenes extra que hemos producido esta campaña».

Considera «más sospechoso» que el novio de Ayuso aún no haya declarado que el borrado del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz

MADRID, 11 Feb. –

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado de «muy preocupante» que se hayan filtrado datos personales del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa que instruye el Tribunal Supremo a raíz de la denuncia interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Alegría ha defendido que le parece «mucho más sospechoso que un presunto defraudador de más de medio millón de euros todavía no haya declarado» en sede judicial, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por su opinión sobre que García Ortiz borrara el contenido de su teléfono el mismo día que el Supremo abría una causa contra él.

En este sentido, ha vuelto a mostrar la «confianza absoluta» del Gobierno de Pedro Sánchez en la labor del fiscal general del Estado, incluyendo las gestiones que realizó para «desmentir un bulo» lanzado por el entorno de Ayuso sobre González Amador, al que ha calificado de «presunto defraudador».

«Me va también a permitir que traslade una preocupación, porque esta instrucción se abre en su momento por una supuesta filtración de los datos de un presunto defraudador y estamos viendo una filtración de datos personales de fiscales y de periodistas, y esto es muy preocupante que esté sucediendo», ha señalado Alegría.

Alegría se refería de esta forma a la inclusión en anexos de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de datos como números de teléfonos, direcciones y DNI de García Ortiz y un escolta suyo, lo que motivó que el fiscal general elevara una queja ante la Secretaría de Estado de Seguridad. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron ayer que se había iniciado una revisión de la seguridad del fiscal general del Estado.

SOSPECHAS PORQUE EL NOVIO DE AYUSO NO DECLARE

Al ser preguntada varias veces si no le parecía sospechoso que la UCO haya constatado que García Ortiz borrara su teléfono el mismo día que el Supremo abría una causa contra él, la ministra portavoz ha contestado poniendo en foco en que el novio de Ayuso aún no haya declarado en sede judicial.

«Puestos a trasladar opinión de cosas que me puedan parecer sospechosas, me parece mucho más sospechoso, por ejemplo, que un presunto defraudador de más de medio millón de euros todavía no haya declarado en este país y no haya dado ninguna explicación a los ciudadanos de este país desde hace creo que, aproximadamente, un año», ha indicado.

Dicho esto, Alegría ha defendido que la Fiscalía «cumpliera con su trabajo y con su estatuto» cuando elaboró una nota informativa contando «la verdad de los hechos» y para «desmentir un bulo que un señor trasladó a los medios de comunicación».

«Este Gobierno mantiene la confianza absoluta hacia el fiscal general del Estado; ustedes además saben que en estos momentos hay una instrucción abierta y, por tanto, hay que respetar que discurran los plazos como corresponda», ha comentado Alegría, añadiendo que en el Ejecutivo «no tienen ninguna duda de que la verdad pondrá las cosas en su sitio» y que, «sobre todo, se podrá por fin empezar a centrarse en los delitos fiscales que sí que se han cometido».

MADRID 11 Feb. –

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aconsejado a los partidos del Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, que resuelvan sus discrepancias en la «intimidad» y no en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, como ha ocurrido este martes entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

«Se agradecería que lo hiciera en la intimidad», ha comentado el diputado independentista al ser preguntado en los pasillos del Congreso por el rifi-rafe entre las ministras.

Eso sí, ha dado a entender que quizá la líder de Sumar buscaba protagonismo al asegurar que se había enterado por los medios de comunicación de la decisión del Ministerio de Hacienda de obligar a tributar el salario mínimo en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). «Bueno, también quizá alguien lo hace para salir en titulares que quizá no lo hace de otra manera», ha sugerido.

LA PEDAGOGÍA FISCAL

«No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno», ha lamentado la vicepresidenta en la rueda de prensa. Además, Díaz ha replicado a Hacienda que, si bien hay que hacer pedagogía fiscal en España, la pregunta no es si subir o bajar impuestos, sino quién tiene que pagar impuestos. «La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo», ha subrayado.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, lo ha negado y ha tomado la palabra tras la intervención de Díaz y ha abogado por hacer pedagogía de justicia fiscal y trasladar a la ciudadanía que, lo que se recauda, va en beneficio de mejorar las políticas y servicios públicos.

«Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso», ha subrayado.

La nueva hoja de ruta tiene previsto alcanzar anualmente a más de 35.000 hogares y 15.000 establecimientos hosteleros de la Comunidad de Madrid

MADRID, 11 Feb. –

Ecovidrio, que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha presentado las líneas de acción contempladas en su Plan Estratégico 2025-2030 para incrementar los resultados de reciclaje de envases de vidrio en la Comunidad de Madrid.

Esta hoja de ruta contempla más de 40 acciones al año para garantizar que la región alcance los objetivos de reciclado de envases de vidrio que exige Europa.

Para ello, la entidad pondrá en marcha cuatro líneas de actuación basadas en analítica de datos e inteligencia artificial para adaptarse a las necesidades de cada municipio, con medidas que contemplan el refuerzo de la colaboración con la administración pública de la región, el impulso de la movilización de la ciudadanía y la hostelería madrileña, el incremento de la recogida separada a través del contenedor verde y la implantación de nuevos modelos innovadores de recogida.

Ecovidrio continuará desarrollando planes de movilización para ciudadanos y hosteleros. A través de la iniciativa EcoBarrios, Ecovidrio implantará estrategias de concienciación ultrasegmentadas para llegar a más de 35.000 viviendas al año y acelerar el incremento de la separación selectiva en las zonas con mayor potencial de mejora.

Además, gracias a EcoVares, la entidad visitará más de 15.000 establecimientos hosteleros cada año, implementando servicios de recogida puerta a puerta y facilitando todos los medios necesarios para apoyar al sector HORECA en su apuesta por la circularidad.

La recogida a través del contenedor verde se mantiene como una palanca fundamental. Por ello Ecovidrio tiene previsto un refuerzo de la contenerización, con la instalación de más de 1.000 nuevos contenedores verdes al año en la Comunidad de Madrid para facilitar a ciudadanos y hosteleros la separación selectiva de envases de vidrio.

Además, en aquellas áreas prioritarias de actuación donde la recogida a través de los contenedores verdes tradicionales no sea posible, se implantarán métodos innovadores de recogida, incluyendo la instalación de cubrecubos o la implementación de servicios puerta a puerta para los ciudadanos.

Así, en los próximos tres años y hasta 2027, prevé incrementar casi un 9% la recogida selectiva de envases de vidrio en la Comunidad de Madrid.

COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La estrecha colaboración con la administración pública continuará siendo un pilar fundamental en esta hoja de ruta. En este sentido, Ecovidrio trabajará para promover nuevos marcos de colaboración proactivos y basados en la corresponsabilidad, que incluyan la implementación y el seguimiento de ordenanzas municipales que garanticen la separación en origen.

Asimismo, el plan mantiene el compromiso de Ecovidrio con la transparencia y reforzará sus mecanismos de gestión de datos para asegurar a todos los agentes implicados, incluidos los ciudadanos, la trazabilidad de toda la información relativa a la correcta gestión y reciclado de los residuos de envases de vidrio al 100%.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2023, cada madrileño depositó en el contendor verde 17,4 kg de envases de vidrio, el equivalente a unos 60 envases por persona, cifra que se sitúa por debajo de la media nacional (19,2 Kg/hab y unos 66 envases por persona).

La presentación del Plan Estratégico tuvo lugar hace días en Madrid y contó con la presencia de Cristina Aparicio, Directora General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid; Gonzalo De Sebastián, Director de Estrategia e Innovación de Ecovidrio; y Ricardo Sevilla, subdirector de gerencias de la zona norte y centro de Ecovidrio.

«Afrontamos esta nueva etapa con ambición, ilusión y un papel activo ante los retos de circularidad a los que nos enfrentamos como sociedad. La Comunidad de Madrid debe acelerar el crecimiento en materia de reciclaje y recogida separada y debemos elevar nuestra ambición y nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos europeos. Para ello, desde Ecovidrio vamos a trabajar mano a mano con la administración pública, la hostelería y los ciudadanos de la región en línea con nuestro propósito: hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias a nuestro conocimiento, dedicación y capacidad de innovación», dijo De Sebastián.

En abril asumirá el liderazgo del partido y dejará el Congreso, pero seguirá negociando con el Gobierno y no echará de menos «la bronca»

MADRID, 11 Feb. –

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido está «más unido que nunca» tras la primera vuelta del proceso de primarias que le llevará al liderazgo del partido y ha negado una ruptura con el actual presidente, Andoni Ortuzar, de quien se sigue declarando «amigo». El todavía diputado calcula que en abril tomará posesión, lo que le obligará a abandonar la Cámara baja, de la que no echará de menos «la bronca».

En los pasillos del Congreso, Aitor Esteban ha afirmado que afronta esta nueva tarea «con responsabilidad», pero ha pedido respetar el proceso electoral interno y la decisión final de las bases, que no se espera antes de finales de marzo.

«Estamos todavía en un proceso electoral y debemos todos un respeto a las normas del Partido Nacionalista Vasco y a su afiliación, que todavía está votando en sus organizaciones municipales. Y el fruto de lo que ellos decidan se verá a finales del mes de marzo en la Asamblea General que celebraremos», ha relatado.

EL PNV «NO SE IBA A DESPEDAZAR»

Mientras tanto, ha querido dejar claro que este relevo en la presidencia del PNV no ha supuesta ninguna ruptura interna: «La verdad es que no ha habido tensión». A su juicio, «el partido no se iba a despedazar en ningún caso» y lo que ha primado es una «absoluta tranquilidad entre la afiliación».

Y ha negado que la retirada de Ortuzar hubiera supuesto un enfrentamiento entre ambos: «Yo sigo siendo su amigo y él sigue siendo amigo mío», ha subrayado.

Según Esteban, lo que ha ocurrido es que su partido es «muy analógico», no «digital», que está «vivo» y «cree en su afiliación», que es «lo más importante» y que participa, vota y propone»; y tanto Ortuzar como él entendieron lo que lo que la militancia quería decir y se llegó a un acuerdo: «Él tomó la decisión que tomó y creo que las cosas se han encauzado y creo que tenemos al partido más unido que nunca», ha sentenciado.

NO SÓLO HACEN POLÍTICA EN EUSKADI

El diputado nacionalista no ha dado muchos más detalles de su futuro, aunque ha confirmado que, si finalmente es elegido presidente del PNV, deberá dejar el escaño del Congreso, aunque su labor no se limita a hacer política en Euskadi, sino también en Madrid.

«Probablemente no veré tanto a los diputados y les echaré de menos, pero seguro que los secretarios de Estado y los ministras no se van a librar de mí tan fácilmente», ha comentado, dando a entender que seguirá participando en las negociaciones con el Gobierno. Lo que no echará de menos, según ha reconocido, es la «bronca» del Congreso.

MADRID 12 Feb. –

El Partido Popular ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la actuación del Tribunal Constitucional al avalar la reforma del Gobierno que permitió que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones pudiera nombrar a sus dos candidatos a magistrado de la propia corte de garantías.

En concreto, el PP acusa al TC de haber vulnerado «su derecho como recurrentes a un proceso justo y equitativo conforme a lo establecido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)», según ha adelantado ‘El Mundo’ y ‘El Español y han confirmado fuentes ‘populares’ a Europa Press. Es la primera vez que el PP acude a Estrasburgo para denunciar una actuación del Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido.

En la demanda al TEDH, el PP afirma que la propia juridusprudencia del TJUE exigía al TC «una motivación de la decisión denegatoria debidamente fundada», algo que «brilla por su ausencia» y vulneró el derecho de los recurrentes «a un proceso justo y equitativo ex artículo del CEDH».

Para los ‘populares’, el Constitucional incumplió «flagrantemente las exigencias del TJUE», desechando el planteamiento de la cuestión mediante «una decisión inmotivada» que impidió a lo demandantes «conocer la razón de la negativa en cuestión».

El TC avaló la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que el Gobierno llevó a cabo para que el CGPJ pudiera nombrar a sus dos candidatos a magistrado de la propia corte de garantías, que finalmente fueron María Luisa Segoviano y César Tolosa.

Cabe recordar que la LOPJ se reformó en marzo de 2021 para impedir que un CGPJ en funciones –como el de entonces– hiciera nombramientos en la cúpula judicial, pero ante la necesidad de renovar un tercio del TC –con dos magistrados nominados por el Consejo y otros tantos por el Gobierno– se efectuó una nueva reforma en julio de 2022 para permitir que el Consejo cumpliera con su parte.

El TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad que promovieron 50 diputados del PP contra la reforma de ley. El partido de Alberto Núñez Feijóo pedía plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, incidía en que la citada reforma vulneraba los artículos 23 y 93 de la Constitución por su tramitación parlamentaria a través de una proposición de ley que impulsó el PSOE. Los ‘populares’ también sostenían que la ley infringía el artículo 9.3 de la Carta Magna, en lo que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Apuntaba también al artículo 165 de la propia Constitución, dado que su contenido afectaría al régimen jurídico del Tribunal Constitucional. Por último, el PP señalaba al 159.1 de la Carta Magna, al establecer un plazo para la designación de los magistrados de la corte de garantías.

La oposición volverá a pedir cuentas a Montero, Bolaños y Torres sobre investigaciones judiciales que salpican al Gobierno

MADRID, 12 Feb. –

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afrontará este miércoles su primera sesión de control del año en el Pleno del Congreso y en ella tendrá que hacer frente a preguntas de PP, Vox y Esquerra Republicana (ERC) sobre los planes de Donald Trump y la cohesión de su Gobierno de coalición.

Según el listado de preguntas registrado por los grupos parlamentarios para la sesión de control, tanto el portavoz ERC, Gabriel Rufián, como el líder de Vox, Santiago Abascal, usarán la jornada para pedirle al jefe del Ejecutivo que explique la posición del Gobierno ante los primeros anuncios del presidente estadounidense, aunque desde trincheras bien distintas.

En concreto, el dirigente de ERC pedirá saber «cómo afronta la ola reaccionaria», centrándose en los planes sobre Gaza, que la formación independentista identifica con la «limpieza étnica». En cambio, Abascal, aliado de Donald Trump, preguntará a Sánchez «hasta cuándo va a seguir dinamitando las relaciones con los socios internacionales naturales de España para ponerse al lado de dictadores o terroristas», en alusión a Nicolás Maduro y la organización Hamás.

De su lado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, empleará su primer cara a cara del año con Sánchez para saber «qué opina del funcionamiento del Gobierno de España», una pregunta que llega en pleno choque entre el PSOE y Sumar por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

¿IGUALDAD ANTE LA LEY?

Las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al entorno del presidente serán otro de los ejes de la próxima sesión de control. Al ministro de Justicia, Félix Bolaños, dirigirán tanto el portavoz del PP, Miguel Tellado, como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, el primero para saber si «cree en el principio de igualdad ante la ley» y la segunda para cuestionarle si «considera el gobierno, al igual que su fiscal general, que el Tribunal Supremo actúa con predeterminación, atenta contra derechos fundamentales y no busca la verdad».

Esta pregunta de Álvarez de Toledo llegará pocos días después de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, echase en cara al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado antes de arrancar su declaración como investigado por una presunta revelación de secretos, que no aceptara determinadas diligencias de defensa que propuso y le avanzase que por tanto no respondería a sus preguntas porque entendía que actuaba con «predeterminación» y con «una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad».

También la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha presentado otra pregunta para Bolaños, en su caso para preguntarle que «cuántas instituciones más van a politizar para que no se hable de su corrupción».

Por otro lado, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, usará su turno para dirigirse a la vicepresidenta Montero para saber si «cree que los ciudadanos merecen una ministra como ella». El PP viene subrayando las palabras de la ‘número dos’ del PSOE acerca de que pone «la mano en el fuego» por su jefe de gabinete, al que el ‘conseguidor’ de la trama del caso Koldo, Víctor de Aldama, acusa de recibir dinero a cambio de gestiones ante la Agencia Tributaria.

TORRES Y SU CONTINUIDAD EN EL MINISTERIO

Por último, el PP volverá a poner el foco en el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, también señalado por Aldama en su etapa de presidente de Canarias. «¿Aún sigue usted siendo ministro?», es la pregunta que el diputado Pedro Muñoz formulará este miércoles.

Y es que el juez del Tribunal Supremo que lleva el llamado ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, ha pedido al conseguidor Aldama que presente los contratos y pagos de los pisos en los que supuestamente el líder del PSOE canario se encontraba con «señoritas».