SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) –
Ecologistas en Acción ha alertado este martes de que la multinacional minera Grupo México, adjudicataria de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), de la mano de la andaluza Magtel, se parece mucho a Boliden, la empresa sueca que mediante su sociedad Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa) explotaba esta mina cuando se produjo el conocido gran desastre medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados del complejo minero.
Los representantes de Ecologistas en Acción Isidoro Albarreal y de Greenpeace Luis Berraquero han comparecido este martes ante los medios de comunicación en los aledaños de la Audiencia de Sevilla, que acoge el macro juicio correspondientes a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis; tras la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, que pujó sin éxito por dichos derechos y que aprecia presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental en dicha adjudicación a su competidora; bajo la premisa de que su propuesta era económicamente mejor.
En el marco del juicio, respecto al cual la Fiscalía pide la absolución de los 16 acusados al no ver delito y Ecologistas en Acción ejerce la acusación popular, Isidoro Albarreal ha considerado llamativo que los diez funcionarios (acusados) que formaban parte de la mesa de contratación conformada por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación de la mina, defendidos antes por los letrados de la Junta; ahora están representados en el juicio por el mismo bufete que representa a la empresa Minera Los Frailes, sociedad instrumental creada por Grupo México para la gestión directa de la mina.
DICE QUE LO SABÍAN
Albarreal ha señalado además el papel de varios de los acusados, como Salvador Camacho Lucena, que era secretario general de Medio Ambiente de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, y por tanto, tenía todos los conocimientos jurídicos para saber que lo que se estaba haciendo no era lo correcto; así como Iván Maldonado, jefe del Servicio de Minas; y Juan Manuel Revilla, que actuaba como secretario de la mesa y que también tenía conocimiento perfecto, porque los tres tienen una trayectoria bastante grande y, por cierto, bastante unida a infracciones ambientales, según ha puntualizado.
Todos los demás acusados deberían ser conscientes y determinar claramente cómo fueron los hechos y si recibieron o no recibieron instrucciones de qué tenían que hacer, ha enfatizado.
Además, ha Albarreal expuesto que Grupo México no concurrió directamente al concurso convocado por la Junta para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina, sino que lo hizo mediante su aval económico y técnico a la empresa Minorbis, que jamás ha tenido un proyecto minero; porque seis meses antes de que se convocara el concurso, el 6 de agosto de 2014, Grupo México reventó una balsa minera en su país y contaminó todo el río Sonora, por no cumplir con las normas ambientales, algo muy parecido a lo que Boliden hizo en 1998.
EL CURRICULUM DE GRUPO MÉXICO
Es decir, Grupo México se parece muchísimo a Boliden y tiene un currículum de desastres ambientales en toda América muy importante. Por eso no se presentó al concurso, ha enfatizado Isidoro Albarreal, insistiendo en que los acusados eran conocedores de que Minorbis no había tenido jamás una explotación minera y que por tanto, no podía tener ni suficiente aval técnico ni económico para tener esos derechos.
Además, ha insistido en que pesa prevaricación ambiental porque el concurso convocado por la Junta para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina introducía dos condiciones ambientales muy importantes, que no podía haber balsa de lodos y que no se podía provocar ningún daño al corredor verde del Guademar; contando el proyecto de México-Minorbis con un espacio donde se acumulan todas las aguas tóxicas, aunque no sea una balsa de lodo; y un vertido al Guadiamar, finalmente sustituido por el Guadalquivir, al que tributa el primero de estos ríos.
Luis Berraquero, de su lado, ha recordado que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido crear una comisión de expertos técnicos y científicos que evalúe los posibles riesgos de los vertidos al Guadalquivir previstos en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar; así como que se pronuncien al respecto el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y el Ministerio de Transición Ecológica.
PARALIZAR LAS AUTORIZACIONES
Ha reclamado así que se cree ese comité científico y que se paralice cualquier tipo de concesión administrativa, sobre todo teniendo en cuenta todos los desmanes sometidos a juicio. Así, ha invocado el principio de precaución que cualquier administración pública debería tener, considerando que no se le puede dar ningún permiso ambiental a un proceso que está judicializado y que tiene tantos escollos, tanto ambientales como en el proceso de adjudicación.
También ha destacado que según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina, que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental; supone verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc; mientras la Junta alega que el proyecto está sujeto a los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros e incorpora la mejor tecnología para la depuración de aguas, destacando que en las previsiones figura una inversión de cien millones de euros por parte de la empresa para actuaciones de tratamiento de aguas y sostenibilidad ambiental.
