Autor: Redactor

Madrid, 24 mar (EFE).

– El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la Justicia supondrá un incremento medio del 12,9 % – del 13,55 % en Canarias – en los asuntos que tramitarán los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ya que deberán asumir todos los delitos de violencia sexual.

Según ha informado este lunes el CGPJ, aunque este incremento medio se cifra en el 12,9 %, la incidencia de la ley será muy diferente según las características de cada territorio, los medios de que dispongan y su ubicación geográfica y la horquilla que fija el estudio va desde un máximo del 20 % a un mínimo del 2,79 %.

Las características de cada territorio, el tamaño de las localidades, los medios de que disponen y la ubicación geográfica (interior o zonas costeras) son variables que influyen claramente en las cifras, indica.

El incremento más notable de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se daría en Cataluña y en Baleares, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo es del 20,25 y del 19,60 %, respectivamente.

Les siguen Murcia (18,3 %), Galicia (18,27 %), La Rioja (17,36 %), Navarra (17,19 %), Castilla y León (17,17 %), Cantabria (15,23 %), Castilla-La Mancha (14,58 %), Madrid (14,36 %), Asturias (14,13 %), Canarias (13,55 %) y Extremadura (12,08 %).

Por último, Comunidad Valenciana (8,04 %), Andalucía (7,32 %), Aragón (4,23 %) y País Vasco (2,79 %).

El estudio permite conocer también la disminución del volumen de asuntos que recaerán en los Juzgados de Instrucción y en los Mixtos cuando entre en vigor la ley.

La reducción del número de asuntos también varía según las características del territorio y se movería entre el 3,55 % de Baleares y el 0,35 % del País Vasco.

El informe, elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ, tiene como finalidad conocer de forma aproximada el incremento del número de asuntos que pasarán a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y también hacer una estimación de la disminución en la entrada de casos en los Juzgados de Instrucción o Mixtos que actualmente son competentes en materia de violencia sexual.

Para hacer el cálculo se han tenido en cuenta distintos tipos de procedimientos y todos los tipos delictivos relacionados con la violencia sexual que recoge el Código Penal.

Un total de 135 jueces especializados en violencia machista han advertido del «colapso total» que supondrá para sus juzgados la entrada en vigor de ley de eficiencia de la Justicia, al tener que asumir todos los delitos sexuales, aunque no se circunscriban al ámbito de la pareja, así como otros de trata, acoso o mutilación genital.

Varias juezas pedirán este martes al Ministerio de Justicia paralizar la entrada en vigor de la ley que les obliga a asumir los delitos de violencia sexual y propondrán la creación de secciones especializadas en violencia sexual con jueces dedicados a esta materia.

EFEmop/bal/pcr

La Frontera (El Hierro), 24 mar.

(EFE).

-El escritor herreño Víctor Álamo de la Rosa reúne en “Archipiélago herreño” sus cinco novelas y dos relatos más premiados y traducidos inspirados en la isla de El Hierro.

Se trata de un volumen de más de ochocientas páginas con textos adaptados por el filólogo, Victoriano Santana Sanjurjo, para que puedan leerse como una sola obra e ilustrados con fotografías de Alexis W, según ha informado este lunes el escritor en un comunicado.

El humilladero, El año de la seca, Campiro que, Terramores, La cueva de los leprosos, Las mareas brujas y Mareas y marmullos son los títulos incluidos en esta nueva edición.

La obra será presentada el próximo 28 de marzo, a las 19:00 horas, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en La Laguna, por Elsa López, Premio Canarias de Literatura, y por el propio autor.

Según de la Rosa, se trata de una “novela de novelas” porque reúne siete de sus obras publicadas entre 1991 y 2011 con gran éxito de público, crítica especializada, premios y múltiples traducciones en una decena de países.

Con este volumen vuelven a ponerse en circulación novelas que ya eran de difícil acceso o estaban descatalogadas, por lo que los lectores más jóvenes podrán conocer de primera mano novelas que en su día celebraron grandes personalidades de la cultura, como el premio Nobel José Saramago.

En «Archipiélago herreño» se ofrece además un estudio sobre la trayectoria del escritor, una selección de algunos de los ensayos y reseñas que se han escrito sobre estas novelas y relatos.

También incluye un diccionario de personajes, muy útil para seguir los derroteros de personajes como Campiro o Celedonia Jesús por las diversas novelas del escritor.

EFE1010832gf/brr

Las Palmas de Gran Canaria, 24 mar (EFE).

– El Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han firmado tres convenios de cooperación destinados a favorecer la transferencia del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a la agricultura, la ganadería y la pesca.

Estas tres iniciativas, a las que el Ejecutivo regional destina una financiación total de 345.

235 euros, comparten el objetivo de impulsar el sector primario del archipiélago a través de procesos más eficientes que incrementen la productividad y rentabilidad, la regeneración de los recursos pesqueros y el fomento y la conservación de las razas ganaderas autóctonas, ha informado el consejero de Agricultura, Narvay Quintero.

Para ello se estudiará la implantación de técnicas de agricultura de precisión para garantizar un uso más eficiente de los insumos, especialmente de agua de riego; mientras que, en el sector pesquero, se llevará a cabo un análisis para actualizar la talla mínima de captura de especies pesqueras de alto valor comercial.

Asimismo, se promoverán actuaciones conjuntas que contribuyan al mantenimiento de la vigilancia y control de la tripanosomosis en la cabaña de camellos, una enfermedad que provoca cuantiosas pérdidas en la ganadería a nivel mundial.

En primer lugar, el proyecto denominado ‘Agricultura de precisión para el control del estrés hídrico y prevención de las enfermedades en cultivos de vid y olivos’, dotado con 249.

310 euros financiados con fondos propios del Gobierno de Canarias, contempla la implementación de tecnologías avanzadas para el análisis y detección temprana de estas afecciones, sean derivadas de la escasez de agua o de la presencia de plagas y otras patologías.

Para ello se impulsarán procesos propios de la agricultura de precisión basándose en imágenes térmicas y multiespectrales (dentro de rangos de longitud de onda específicos en el espectro electromagnético) de los cultivos capturadas desde un dron, que se complementarán con la información extraída de los satélites WorldView y Setinel-2, además de los datos extraídos de los sensores utilizados para medir parámetros como la humedad del suelo, la temperatura o los niveles de nutrientes.

Estos trabajos serán ejecutados por un equipo de investigación del Grupo de Procesado de Imágenes y Teledetección del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, integrado por catedráticos de la ULPGC en el área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, que trabajarán en colaboración con ingenieros agrícolas y agrónomos para el procesado y análisis de los datos cartográficos extraídos en el ámbito del estudio.

Por otra parte, el convenio de cooperación para el ‘Estudio de talla de primera madurez de varias especies de peces en Canarias’, cuenta con una financiación 95.

925 euros con cargo a los presupuestos del Ejecutivo regional.

En él se desarrollará un estudio orientado a asegurar la sostenibilidad y regeneración de los recursos pesqueros a través de la determinación de la Talla de Primera Madurez (TPM) de tres especies de peces de alto valor comercial y presencia en las aguas del archipiélago, concretamente el pejeperro (Bodianus scrofa), el mero (Epinephelus marginatus) y la chopa (Spondyliosoma cantharus).

Para este estudio el personal técnico trabajará en contacto con pescadores para proceder a la recolección mensual de ejemplares sobre los que se realizará un análisis reproductivo, a través de una muestra total estimada en 500 individuos de cada especie, con el objetivo de abarcar todos los rangos de tallas, sexo y estadios reproductivos.

Igualmente, el Gobierno de Canarias y la ULPGC han suscrito un convenio para el desarrollo conjunto de actuaciones que contribuyan al mantenimiento de la vigilancia y control de la tripanosomosis animal en la cabaña ganadera de camello en las islas.

El acuerdo establece la colaboración entre la ULPGC, que participa como socio preferente en el proyecto internacional ‘Controlar y minimizar progresivamente la carga de tripanosomiasis animal’ y personal técnico de la Dirección General de Ganadería del Ejecutivo regional, con el fin de compartir los resultados analíticos de estudios realizados con anterioridad sobre esta enfermedad y abordar nuevas líneas de investigación.

Para ello se llevará a cabo la colocación de trampas para determinar la ecología de los vectores transmisores de la enfermedad -entre ellos moscas y otros insectos- para posteriormente realizar un análisis mediante técnicas moleculares y detectar la presencia de tripanosomas.

A partir de estos datos se compondrá un atlas de la enfermedad y sus vectores tanto en la población del camello canario (Camelus dromedarius) como en otras especies de camélidos (Camelus bactrianus y sus híbridos), a lo largo de cuatro años, de manera que se analizará al menos el 25 % de la cabaña ganadera de estas especies anualmente.

Tanto por su situación geográfica como por ser la única región europea donde este animal está reconocido como especie autóctona ganadera, el archipiélago se erige como plataforma con mayor potencial para el estudio de esta enfermedad, que se manifiesta en cuadros febriles, debilidad y pérdida de peso de los ejemplares y que provoca actualmente cuantiosas pérdidas en la ganadería, especialmente en camélidos del norte de África, especies emparentadas genéticamente con el camello canario.

EFEas/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 24 mar (EFE).

– El Cabildo de Lanzarote pasará a formar parte del Consejo de Administración de la empresa pública Gestur Canarias SA tras haber sido autorizado este lunes por el Gobierno a adquirir diez acciones, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

El Cabildo formará parte del accionariado una vez que se celebre la próxima junta general, junto al propio Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife y La Palma y la empresa pública de vivienda Visocan, además de la propia autocartera que se reserva Gestur Canarias, empresa tutelada por la Consejería regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Con esta adquisición, el Cabildo de Lanzarote, que ya tenía la condición de medio propio de Gestur Canarias, podrá contar con la empresa pública para llevar a cabo todo tipo de proyectos no solo de la propia corporación insular sino también de sus organismos y entidades dependientes.

Entre las funciones recogidas en el objeto social de la empresa pública Gestur Canarias, figura el impulso de actuaciones vinculadas a los instrumentos de ordenación y planificación territorial, así como el desarrollo de proyectos de urbanización y actividad urbanizadora.

Además, la empresa pública puede gestionar la promoción y ordenación del suelo con fines industriales, comerciales, de servicios y residenciales.

Asimismo, Gestur Canarias está habilitada para asumir encargos relacionados con el planeamiento, proyectos urbanísticos y arquitectónicos, así como la elaboración de pliegos, licitación, adjudicación y ejecución de obras.

También puede gestionar la tramitación de subvenciones, ofreciendo apoyo técnico y administrativo a las administraciones públicas.

EFEcda/cas

Las Palmas de Gran Canaria, 24 mar (EFE).

– Un destacamento de 71 miembros del Ala 46 del Ejército del Aire y del Espacio, con base en Gando (Gran Canaria), participa desde este lunes y hasta el 13 de abril en un ejercicio internacional organizado por la Fuerza Aérea de Grecia en la península griega del Peloponeso.

Según ha detallado este lunes el Mando Aéreo de Canarias en un comunicado, uno de los objetivos principales de este ejercicio es «brindar un entrenamiento realista mediante la creación de un entorno de combate avanzado», y en el que se expone a los participantes «a un ritmo de batalla intenso con tasas de desgaste realistas y escenarios desafiantes», todo ello con el fin de poner a prueba la resistencia física y psicológica de los combatientes.

Para ello, participarán en este ejercicio internacional, que se desarrolla en tres fases -despliegue de la fuerza, ejecución y repliegue-, varios cazas F-18 del 462 Escuadrón del Ala 46, en el que es el tercer año consecutivo en que viajan a Grecia.

Igualmente, participarán aeronaves de combate, helicópteros y aviones de transporte de países como Francia, Israel, Italia, La India, Jordania, Eslovaquia, Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, siendo este año la edición de mayor número de aeronaves participantes.

La participación en el ‘Iniochos 25’ representa «un desafío significativo para el Ala 46 en términos de capacidad expedicionaria, al requerir el despliegue y repliegue de sus fuerzas desde Gran Canaria hasta Grecia», ha precisado el Mando Aéreo de Canarias.

Que ahonda en que este ejercicio «ofrece una oportunidad invaluable para interactuar, cooperar e intercambiar tácticas con fuerzas aéreas de otros países, fortaleciendo las habilidades individuales y de equipo».

EFEcas/cda

Santa Cruz de Tenerife, 24 mar (EFE).

– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado que se repita el enjuiciamiento a un hombre que en primera instancia quedó absuelto de un delito de calumnias por acusar a una mujer de ser dueña de unos pisos dedicados a la prostitución en el municipio tinerfeño de Granadilla.

La Audiencia anula el fallo y considera que el Juzgado de lo Penal debe iniciar ahora un nuevo procedimiento judicial, determinar si es preciso que intervenga un juez distinto y si es necesario repetir la vista oral.

El procesado en octubre de 2020 publicó en una página web de Granadilla un enlace en el que se daban datos de la dirección de unos apartamentos y afirmaba que había tres que la propietaria alquilaba para prostitución.

Ese mismo día, poco después volvió a repetir la acusación en la misma página añadiendo que la dueña no pagaba impuestos, que se ejercía una actividad prohibida y que había tráfico de drogas, lo que perturbaba la vida de los demás propietarios.

En otro momento dio más datos tanto del edificio como de un establecimiento comercial de la propietaria, que denunció a este hombre.

Un Juzgado de lo Penal lo absolvió del delito de calumnias, por lo que ésta decidió recurrir ante la Audiencia donde se ha ordenado repetir el procedimiento al observar indicios de un delito continuado de calumnias con el agravante de publicidad.

En segunda instancia se dio como hecho probado que la sentencia no se pronunció sobre la totalidad de los hechos denunciados, lo que la Audiencia considera que se trata de una afirmación “cierta”.

Aunque se admite que no hay alusiones más allá de las publicadas en octubre de 2020, la querellante también describe otras situaciones como que el 5 de diciembre de aquel año en el tablón de anuncios de la comunidad se incluyera un orden del día para tratar el asunto.

En concreto, se hablaba de “aprobación de medidas judiciales contra el propietario de cinco viviendas por las molestias causadas por ejercer la prostitución en las mismas y por vandalismo reiterados en las zonas comunes”.

El Juzgado de lo Penal consideró que en las publicaciones dadas a conocer en la página de una red social del querellado no mencionan el nombre de la denunciante y da por probado que ésta sólo es propietaria de uno de los inmuebles, mientras que las demás pertenecen a familiares suyos.

La absolución se basó en que no se concretó cuál era el negocio que se ejercía y tampoco se acreditó que a causa de estas acusaciones se produjera una pérdida de clientes en su negocio.

El fallo inicial concluía con que el acusado se limitó a poner de manifiesto las quejas vecinal que había recibido de los distintos propietarios mientras que la denunciante echó en falta que el Juzgado se pronunciara sobre denuncias concretas como que se diera a conocer la identidad de la propietaria del negocio y de otras informaciones que contenían suficientes datos para vincularla con estas posibles calumnias.

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Las Palmas de Gran Canaria, 24 mar (EFE).

– El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio con una inversión de 34,55 millones de euros por los próximos dos años y con posibilidad de prórroga por dos anualidades, tras asistir a 3.

800 personas el pasado año.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento en un comunicado, la inversión podría ascender a 71,04 millones de euros en cuatro años.

El nuevo contrato aumenta la cantidad destinada anualmente respecto al vigente, que tenía un montante de 31,06 millones de euros y una duración de tres años, lo que supone un incremento anual de 6,9 millones de euros en el futuro contrato y un aumento del precio por hora del personal que prestará el servicio, ha detallado la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas.

Según la edil, el nuevo contrato ofrece una respuesta integral a las necesidades de las personas usuarias, facilitando el apoyo necesario para su autonomía en la vida diaria.

Además de brindar asistencia en las actividades cotidianas, promueve un entorno de convivencia saludable, fortalece los vínculos familiares y comunitarios y contribuye a la prevención del aislamiento y la exclusión social, al mismo tiempo que protege el bienestar físico y emocional, favoreciendo el desarrollo pleno de sus capacidades y su participación activa en la sociedad.

Para ello, se incluyen servicios de carácter personal, como el aseo, el apoyo en la alimentación o el entrenamiento para realizar actividades cotidianas en el hogar.

También prevé actuaciones de carácter doméstico, como el lavado y planchado de ropa, la preparación de alimentos o el acondicionamiento de la vivienda, junto con innovaciones como la atención psicológica y acciones de carácter educativo.

Asimismo, se incorporan iniciativas de carácter socio-comunitario, con intervenciones en la comunidad que favorecen la permanencia en el entorno y ayudan a combatir la soledad no deseada.

El equipo que deberá aportar la empresa adjudicataria incluirá, por tanto, auxiliares de ayuda a domicilio, profesionales del trabajo social, personal operario de mantenimiento, especialistas en podología, profesionales de la animación sociocultural, psicología y administración, así como coordinación del servicio.

El contrato estará dividido en cuatro lotes, de manera que el primero comprende la prestación del servicio a los usuarios del Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) del distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, y su Unidad Técnica de Inclusión Social (UTIS) en el Centro de Acogida Municipal El Lasso.

El segundo lote corresponde a los CMSS de los distritos Centro e Isleta-Puerto-Guanarteme y su UTIS en el Centro de Acogida Municipal de La Isleta; el tercero abarca el distrito Ciudad Alta y su UTIS en el Centro de Acogida Municipal Gánigo; y el cuarto, Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Las ofertas para el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio podrán presentarse hasta las 14:00 horas del 21 de abril, precisa la nota.

EFEcda/cas

Santa Cruz De Tenerife, 24 mar (EFE).

– La exconsejera de Educación Manuela Armas se considera responsable de dos contratos de emergencia para comprar mascarillas para colegios y evitar que «los niños muriesen» pero no «de otras cosas» que tampoco cuestionó, pues tenía plena confianza en el presidente Ángel Víctor Torres y el resto del Gobierno, «y dejé en sus manos» esa cuestión.

Manuela Armas ha señalado, durante una comparecencia en la comisión que en el Parlamento de Canarias investiga la compra de material sanitario durante la pandemia, que asistió a reuniones del comité de gestión tras su nombramiento, el 22 de junio de 2020, y cuyas decisiones trasladaba al Consejo de Gobierno el presidente Torres.

Además, dentro de la Consejería de Educación se creó otro grupo de técnicos con participación de la Dirección General de Salud Pública para tener información diaria del número de casos de coronavirus y así decidir si se cerraba una clase o no, y Manuela Armas ha señalado que había una coordinación permanente y absoluta.

En cuanto al comité de gestión, ha subrayado que la situación era «novedosa e incierta» y, por lo tanto, ante la necesidad de tomar decisiones difíciles «cuanto más asesoramiento, mejor».

A preguntas de la diputada de NC-BC Esther González ha señalado la exconsejera que estuvo en algunas reuniones del comité de gestión pero nunca se hablaba de otras cosas que no fueran de asesoramiento técnico.

«Había incertidumbre, desconcierto y angustia.

Fueron momentos muy complicados y ahora parece que todo era fácil, pero al Gobierno le tocó poner las condiciones», ha proseguido Armas, quien ha indicado que «ninguna comunidad lo hizo mejor que nosotros», por lo que animó «a sacar pecho».

En cuanto a si en el comité de gestión se comentó la dificultad de adquirir material sanitario, ha respondido que «nunca» y tampoco se mencionaron los nombres de las empresas proveedoras, para añadir que, en el caso particular de Educación, se realizaron dos contratos de emergencia, uno por 12.

000 euros y otro por 110.

000, para la compra de material para personal no docente y de administración.

Los colegios nunca expusieron que tuvieran problemas para acceder a este tipo de material y además los niños traían la mascarilla desde su casa, por lo que en los centros había remanentes por si se les rompían o se las olvidaban, pero el material que se compraba era «muy poco», ha añadido.

En la pandemia se continuó trabajando con el sistema de libramiento de fondos a los centros para que fueran ellos los que adquiriesen el material que necesitaban, en este caso mascarillas y gel hidroalcohólico, y lo administraban en función de sus necesidades, ha continuado la exconsejera.

En respuesta al diputado de Vox Nicasio Galván, ha señalado que no tenía conocimiento de los proveedores Soluciones de Gestión, RR7 y Megalab, sino que se enteró por la prensa de las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario, al tiempo que señaló al parlamentario que «está suponiendo cosas que todavía no están demostradas» judicialmente.

«Parece que hay un golfo que no entrega las mascarillas y luego resulta que la golfa soy yo por no recibirlas», ha ironizado Manuela de Armas, para apostillar que en el Gobierno «todos hicieron lo mejor que pudieron» y ha cuestionado que, si no utilizan los contratos de emergencia en una pandemia, «cuándo es la emergencia entonces».

Ha insistido en que nunca en las reuniones del Consejo de Gobierno se debatió sobre las empresas a las que se compraba el material sanitario o si había dificultades en este ámbito, ha añadido que «todo el dinero que se gastó era justo y necesario» y ha subrayado que cómo iba a cuestionar las compras «si se trataba de salvar vidas».

Al diputado popular Fernando Enseñat le ha indicado que en los consejos de gobierno se habla «de todo» y cada Consejería expone sus expedientes de gastos, de los que cada una es responsable, pero «nunca» se mencionó a los proveedores ni ella tenía por qué mirar los expedientes de Sanidad «porque todos vienen con un informe fiscalizado».

Sí recuerda que en el Consejo de Gobierno «se comentó» la primera difusión en un medio de comunicación de las presuntas irregularidades en este ámbito «pero las deliberaciones del consejo son secretas», ha expuesto Armas, mientras que al diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez le ha indicado que no tiene «ni idea» de si el pago de 4 millones de euros a RR7 se hizo o no con cargo a fondos europeos.

En el Consejo de Gobierno «se llevaban expedientes de dación de cuentas y ya está», ha señalado al diputado socialista Marcos Hernández, a quien ha recordado que no durmió durante una semana por las medidas para la vuelta a las clases presenciales y ha subrayado que de estos asuntos es de lo que se hablaba «mucho» en el comité de gestión y en el Ejecutivo.

EFEasd/jmor(foto)

Las Palmas de Gran Canaria, 24 mar (EFE).

– El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes destinar 20,8 millones de euros a la convocatoria de ayudas para compensar los sobrecostes de la extracción de agua, desalación o producción de agua regenerada para riego agrícola, así como para incentivar la contratación de pólizas de seguro agrario.

Con la cuantía aprobada se financiarán también las subvenciones del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para favorecer la competencia equitativa de la pesca y la acuicultura de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), según ha informado el Ejecutivo en un comunicado tras su reunión semanal.

De dicho importe, ocho millones de euros se destinarán a financiar, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una línea de apoyo para abaratar los sobrecostes de acceso a recursos hídricos de riego tanto por extracción de agua de pozos y de galerías, como mediante desalación o producción de aguas regeneradas.

Por medio de esta medida se compensan los altísimos costes de consumo energético en que incurren los profesionales del sector agrario para obtener agua de riego ante la práctica inexistencia de aguas superficiales en el archipiélago, precisa la nota.

Por otra parte, del montante global, 4,5 millones de euros, financiados con fondos propios del Gobierno de Canarias, se dirigen a la convocatoria de subvenciones para la contratación de seguros agrarios con el objetivo de generalizar la suscripción de pólizas en los sectores de escasa implantación.

Canarias es una de las comunidades autónomas que más presupuesto destina a esta acción al cubrir el porcentaje máximo de financiación que permite la Unión Europea para este fin, recalca la nota.

De esta manera se favorece el mantenimiento de la renta agraria de los agricultores y ganaderos con independencia, en la medida de lo posible, de los daños producidos por agentes naturales en los que se generan pérdidas económicas que, además, pueden llegar a comprometer la viabilidad de las explotaciones y su continuidad productiva.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 8,3 millones de euros, con cargo al programa operativo del FEMPA 2021-2027, para financiar las subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y la acuicultura de las islas.

A través de este plan se promueven condiciones de competencia equitativa en la pesca, cría, transformación y comercialización de productos pesqueros y de la acuicultura para las RUP de la UE, por lo que Canarias cuenta con un plan de acción donde se contemplan las actuaciones y medios financieros previstos en aras de impulsar el desarrollo sostenible de este sector.

EFEcda/cas