Santa Cruz De Tenerife, 1 abr (EFE).
– El equipo redactor del Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas en Canarias ha completado la tercera y última fase del documento, que consta de 9.
300 páginas y un total de 428 elementos censados, y que ahora se remitirá al Gobierno autonómico.
Con este motivo el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha recibido al equipo investigador de Historia del Arte encargado de realizar el catálogo, cuya tercera y última entrega afecta a las restantes islas del archipiélago tras haber entregado la fase primera, municipio de Santa Cruz de Tenerife, y la segunda las capitales insulares.
El catálogo, según el convenio suscrito en junio de 2022 con el Ejecutivo regional y dando cumplimento a lo requerido en la ley orgánica sobre esta materia, da cuenta de los elementos franquistas encontrados en las ocho islas, y que a día de hoy responden a 428 elementos censados, de los que 225 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 203 a Las Palmas.
Los vestigios abarcan denominaciones de espacios públicos, esculturas, objetos, inscripciones, lápidas, escudos y honores y distinciones alusivas a la época de la dictadura, según ha señalado este martes la Universidad de La Laguna.
El trabajo ha estado liderado por la catedrática de Historia del Arte Isabel Navarro y por el profesor titular Jesús Pérez, junto a los investigadores Yanira Hermida y Kumar Kishinchand, con la colaboración de Yolanda Peralta y Ricardo Guerra.
En julio de 2023 se entregó la segunda fase de este trabajo, referida a las capitales insulares, y con esta tercera finaliza el cometido del equipo investigador de la Universidad de La Laguna, quien hace referencia a la ardua labor de búsqueda de información en los archivos municipales, muchos de los cuales no están aún digitalizados, y «la escasa proactividad encontrada en algunas localidades».
Los investigadores aluden a que el documento se ha entregado a finales de marzo, en tiempo y forma, y debería completarse con acciones de difusión, tal y como se indica en el convenio suscrito con el centro académico, para que su contenido sea conocido en todos los niveles educativos del archipiélago.
Al respecto, señala la catedrática que se ha evidenciado un profundo desconocimiento de la historia de España más reciente y la tendencia cada vez más acuciada de los colectivos jóvenes a conectar con alianzas de extrema derecha.
Relata que, tras la firma del convenio en 2022, y estando en elaboración la primera fase, entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, que ha supuesto «una necesaria actualización para garantizar la ineludible armonización» de las acciones institucionales sobre memoria histórica en el contexto nacional y de las comunidades autónomas, dada la disparidad de acciones.
Así, la ley señala que pretende “preservar y mantener la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”.
El «Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática» es el procedimiento definido en la legislación vigente, que contempla un registro de vestigios del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas a través de un proceso de integración de los procedimientos seguidos en los distintos territorios del país.
Además del catálogo, la ley señala la oportunidad de crear un centro virtual documental de la memoria histórica en Canarias, elaborar contenidos curriculares para su inclusión en educación primaria, secundaria y bachillerato y la preparación de contenidos para las titulaciones universitarias, todo lo cual queda por abordar.
El documento se ha establecido conforme a esa ley y su metodología ha sido sometida a aprobación del órgano definido en la norma, la Comisión Técnica de Memoria Histórica que, tras la presentación del documento correspondiente a la primera fase, el municipio de Santa Cruz de Tenerife, fue aprobado definitivamente en noviembre de 2022.
El rector ha valorado que el catálogo fortalece la memoria histórica “para no olvidarnos nunca de lo que pasó”, al tiempo que supone «una poderosa herramienta para la ciudadanía que no ha tenido acceso directo al conocimiento de esos hechos tan relevantes en la historia reciente de nuestro país».
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