Madrid, 1 abr (EFE).
– El Gobierno pedirá en los próximos días a las comunidades que aclaren algunos de los datos que han ofrecido acerca del número de menores migrantes no acompañados que acoge cada región ante la «asimetría» de las cifras aportadas, que impiden hacer una «fotografía real» del sistema de protección en el país.
Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha confirmado que todas las comunidades han respondido a este requerimiento dentro del plazo, que acabó este lunes, menos Aragón, que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia esta petición.
Recabar estos datos es un paso clave para aplicar el real decreto ley aprobado por el Gobierno para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas con los recursos tensionados, como Ceuta y Canarias, a otras autonomías.
Rego ha precisado que la mayor parte de las comunidades han transmitido la información «de manera fiable» y de acuerdo a los requisitos solicitados, pero ha habido otros casos, como el de la Comunidad de Madrid, que han dado «una cifra general» que no permite hacer el dimensionamiento adecuado del sistema de protección.
A modo de símil con el sistema hospitalario, Rego ha explicado que el Ministerio ha pedido el número de camas ocupadas y la Comunidad de Madrid ha facilitado el dato de «todas las personas que han hecho uso de un hospital, tanto en consultas externas como en camas ocupadas».
Preguntada por si cree que hay una intencionalidad política en esta forma de aportar los datos, la ministra ha respondido que «la única que puede haber en un momento dado para poner dificultades tiene que ver más con una cuestión ideológica profundamente ligada a cuestiones más racistas que otra cosa».
Rego ha explicado que en los próximos días el Gobierno tratará de aclarar estas cuestiones con las comunidades y en la próxima semana habrá dos «hitos»: la celebración el martes de una nueva Comisión Interministerial de Inmigración y la convalidación en el Congreso del real decreto ley para la reubicación de los menores el jueves.
Ha detallado que, en el caso de no recibir los datos correctos por parte de algunas comunidades, el Ejecutivo trabajará con los últimos que tiene, relativos a diciembre del 2023, y, a preguntas de los periodistas, ha estimado que los traslados de jóvenes podrán empezar a plantearse en torno al verano.
Sobre la actitud del Gobierno de Aragón, Rego ha opinado que poner dificultades en este tema, que es «estrictamente humanitario», es avalar y abrazar «las posiciones ultra de Vox».
«Da la sensación de que Vox sigue gobernando en algunos territorios», ha apuntado.
A esta cuestión también se ha referido este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha lamentado que esta comunidad no haya enviado los certificados y ha reconocido que no sabe el motivo por el que no lo ha hecho, aunque ha confiado en que no haya sido el «preludio» de una posible aprobación de los presupuestos de la región con el apoyo de Vox.
Este martes se ha celebrado la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno de España bajo la presidencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que se han tratado los próximos pasos para la aplicación de del real decreto.
También se ha analizado el auto del Tribunal Supremo que ha requerido al Gobierno que se haga cargo de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias en un plazo de diez días.
A este respecto, Rego ha señalado que el real decreto ley se hace cargo también de los menores solicitantes de asilo y el Gobierno trabaja desde hace meses para abordar esta especificidad.
«Por supuesto, nos hacemos cargo del auto y vamos a cumplir con ello», ha asegurado.
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