Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha pactado con Airbnb retirar de su plataforma 157 tiendas de campaña, barcos, ‘yurtas’ y furgonetas que se comercializaban irregularmente para alquileres de corta estancia o vacacionales, en un acuerdo que la multinacional también ha firmado con el Consell de Ibiza y la Región de Murcia y que aspira a seguir ampliando.
Así lo han anunciado este viernes la consejera canaria de Turismo, Jéssica de León (PP), y el director general de Airbnb Marketing Services SL, Jaime Rodríguez de Santiago, quien ha subrayado que esta empresa ha suscrito acuerdos como este, ligado a la labor inspectora que ejercen las comunidades autónomas, con más de mil administraciones públicas en todo el mundo.
De León ha recordado que Canarias ya ha suscrito convenios similares con otras plataformas, como Booking, con un modelo de negocio muy distinto, siempre con la idea de ordenar, «desde el punto de vista normativo el caos que vive la industria turística» tras la aparición de nuevas formas de comercialización alojativa.
De hecho, ha recalcado que el proyecto de ley sobre vivienda vacacional que ya tramita el Parlamento de Canarias trata de promover la «convivencia y el equilibrio», tanto con la oferta alojativa turística preexistente como con la residencial.
La consejera ha estimado que la colaboración de estas plataformas resulta imprescindible «para resolver retos como el de promover un turismo responsable» y que respete la nueva normativa europea para los alquileres de corta estancia, por lo que, cuando entre en vigor en España, que se prevé que sea en julio, todos ellos han de comercializarse en virtud de un registro específico.
Con este acuerdo con Airbnb, Canarias ha comenzado a dar pasos de cara a la depuración de la oferta no reglada, lo que redundará en beneficio de residentes y visitantes, ha dicho De Léon, si bien ha admitido que la voluntad de la Consejería que dirige es reforzar «cuanto antes» los efectivos que desarrollan la inspección turística, una labor que en la actualidad llevan a cabo 14 empleados de una plantilla diseñada con 45 puestos de trabajo.
No obstante, ha recordado que, tal y como se acordó en unas recientes jornadas de inspección, se prevé que la Policía Canaria «puede ser una herramienta de cooperación» con este departamento, al que, a su juicio, puede «ayudar» en su labor la digitalización de la oferta alojativa de las islas.
Airbnb se ha comprometido a desarrollar una campaña de comunicación para «explicar y concienciar» sobre la recientemente aprobada normativa europea que afecta a los alquileres de corta estancia y avanza que anunciará muchos más acuerdos como el firmado con Canarias con nuevas administraciones españolas con el fin de propiciar «una buena convivencia entre lo público y lo privado».
Se trata, ha dicho De León, de «cuidar el destino, a los propietarios que desarrollan su labor de acuerdo a la normativa y al cliente», para lo que la Inspección Turística es la que traslada a plataformas como Airbnb «peticiones de retiradas» de oferta ilegal.
La consejera canaria de Turismo ha aplaudido la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde este jueves y que modifica la Ley de Propiedad Horizontal para «empoderar» a las comunidades de vecinos, que podrán dar o no el visto bueno a los alquileres turísticos ante su proliferación y los problemas que existen en España para acceder a una vivienda.
A su juicio, lo que está en juego es «la convivencia», por lo que entiende que esta nueva ley propiciará en Canarias «el necesario equilibrio entre los residentes y los turistas».
Para Jéssica de León, esta nueva norma española también supone «un espaldarazo» al proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que ya tramita el Parlamento canario.
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