Las Palmas de Gran Canaria, 29 jun (EFE).
– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado una financiación «estable, suficiente y proporcional» para el Sistema de Atención a la Dependencia que permita avanzar hacia el modelo previsto en la ley.
«Valoramos cualquier incremento de financiación estatal porque supone una mejora para las personas beneficiarias, pero debemos analizarlo con rigor: la cuestión no es solo si Canarias recibe más fondos, sino si esa aportación cubre realmente la parte que corresponde al Estado y si permite compensar el coste real del sistema», ha afirmado en declaraciones recogidas en un comunicado tras su participación este lunes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado en el Ministerio de Servicios Sociales.
La consejera ha señalado que «es muy peligroso» trasladar a la ciudadanía que esta aportación extraordinaria supondrá un aumento de los recursos que reciben las personas dependientes al explicar que, por un lado, la financiación aún no está garantizada, ya que debe ser aprobada por el Congreso, donde el Gobierno no cuenta con mayoría, y, por otro, «es jugar con la esperanza de la ciudadanía que lleva soportando la infrafinanciación estatal durante muchos años».
Delgado ha señalado que el Ejecutivo canario, junto a los cabildos insulares, ha sostenido «buena parte del coste del sistema», haciendo «un esfuerzo muy superior» al que le correspondería y ha mostrado su preocupación porque el incremento de la aportación suponga que en los próximos años tenga que ser soportado por las comunidades autónomas.
En este sentido, ha explicado que el gasto autonómico certificado en dependencia alcanzó en 2025 los 403,9 millones de euros, mientras que la aportación estatal fue de aproximadamente 101,8 millones, lo que sitúa el esfuerzo estatal todavía lejos del equilibrio previsto en la normativa.
También ha pedido que la realidad del sistema canario se analice teniendo en cuenta sus características territoriales.
Canarias recibirá en 2026 un total de 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, frente a los 23 millones de euros del año anterior, lo que supone un incremento de 21,2 millones de euros y un crecimiento cercano al 92 %.
Esta mejora, ha explicado, responde, entre otros factores, al avance registrado por Canarias en los indicadores de gestión del sistema, con más personas atendidas, más prestaciones reconocidas y una reducción progresiva de los tiempos de tramitación.
La Consejería ha señalado que, en Canarias, el número de personas con derecho a prestación y pendientes de resolución del programa individual de atención se ha reducido en un 91,9 %, mientras que el tiempo medio de resolución ha bajado de 782 días en julio de 2023 a 335 días en mayo de 2026.
En relación con el tramo autonómico del 0,7 % del IRPF, otro de los puntos tratados este lunes en el Consejo Territorial, Canarias recibirá en 2026, 22,43 millones de euros, manteniendo prácticamente su peso relativo dentro del reparto estatal.
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