Madrid, 10 abr (EFE).
– El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley aprobado por el Gobierno para la reubicación de los menores migrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados como Canarias a otras autonomías, con el apoyo de los socios de investidura y el voto en contra de PP y Vox.
Con 179 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención, el Congreso ha refrendado el texto, que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de distribución de los jóvenes, tras el acuerdo alcanzado con Junts el pasado 17 de marzo para que la formación independentista lo apoyara.
Es un resultado muy diferente a lo que ocurrió el 23 de julio del año pasado, cuando un texto parecido, en forma de proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, no superó su primer paso de tramitación por la oposición del PP, Vox y Junts.
Tras la votación, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, han celebrado el resultado de la votación con un emocionado abrazo.
La de hoy ha sido la última intervención del ministro en el Congreso antes de ser operado por el cáncer que padece.
Esta convalidación permite al Gobierno seguir adelante con la puesta en marcha este nuevo mecanismo, que en el primer año supondrá el traslado de unos 4.
000 jóvenes desde Canarias y 400 desde Ceuta -las cifras aún no están cerradas- y permitirá a las regiones sobrepasadas derivar en 15 días a los nuevos menores que reciban.
Una conferencia sectorial concretará los criterios de reubicaciónEl siguiente paso será la celebración de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el próximo 28 de abril, en la que se establecerán finalmente los criterios para la reubicación de menores, a pesar de que el Gobierno aún no cuenta con los datos correctos por parte de todas las comunidades.
En el debate, al que ha asistido desde la tribuna de invitados el presidente canario, Fernando Clavijo (CC), PP y Vox se han quedado solos al votar en contra de la iniciativa frente al resto de grupos, que han hecho una defensa cerrada del texto y han apelado a los diputados canarios del PP para que voten en conciencia y a favor de su tierra, al tiempo que han criticado el «racismo» de Vox.
Tanto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como el diputado del PSOE, Luc Andre Diuf, han preguntado a los diputados canarios del PP si «dejarán tirados» a sus vecinos.
Les han recordado que esta norma es fruto del diálogo entre el Gobierno de España y Canarias, donde el PP cogobierna junto a Coalición Canaria, y cuenta con el apoyo de todos los partidos del Pacto canario por las Migraciones, incluido el PP autonómico.
También el diputado de Sumar Vicenç Vidal ha afeado al PP su doble vara de medir con respecto a las personas migrantes y ha preguntado a las comunidades gobernadas por ese partido a quién pedirán ayuda cuando colapse su sistema de acogida: «Hoy se aprueba un mecanismo de solidaridad que es útil para Ceuta, para Canarias, pero también puede serlo para otros territorios como Murcia o las Islas Baleares».
En el mismo sentido, la diputada de Podemos Noemí Santana ha criticado el «doble discurso» del PP en Canarias y en otras comunidades donde ponen trabas para que esos niños puedan desarrollar sus vidas dignamente.
También ha mostrado su apoyo a la iniciativa el diputado de ERC Jordi Salvador, que ha defendido que estos niños «no son una carga, una amenaza, ni un problema, es nuestra responsabilidad» y ha dicho no entender que alguien pueda votar en contra de este real decreto.
«Para aquellos que lo hagan, muy cerca tenemos un confesionario», ha ironizado.
Por su parte, el diputado de Junts, Josep María Cervera, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con el Gobierno, que pone fin «a un sistema de reparto que no funcionaba» y que, «por el incumplimiento de otros, presionaba innecesariamente a Cataluña».
También como algo «positivo» ha calificado el decreto el diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, que ha valorado que se avance hacia «una mirada unificada hacia la infancia, venga de donde venga» y ha reprochado al Gobierno su «oposición inicial» a hacerse cargo del millar de menores solicitantes de asilo al que le ha obligado el Supremo, mientras que el PNV ha mostrado su apoyo a la norma pero ha pedido que «mas allá de parches, aporte soluciones duraderas».
Para el PP, un «parche» y una «chapuza administrativa»Por contra, la diputada del PP Ana Isabel Alós ha cargado con dureza contra el real decreto, que ha tachado de «parche» y «chapuza administrativa» que no va a ser solución para Canarias porque «se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas».
Ha recordado que este decreto es fruto de la cesión al «chantaje de los independentistas» para la delegación de competencias en inmigración para Cataluña, en la que el Gobierno ha utilizado a los menores como «moneda de cambio».
Vox, por su parte, también ha mostrado su rechazo a la medida, que considera «otro paso más en ese efecto llamada de la mano de las mafias» y ha cargado contra la inmigración irregular, a la que ha responsabilizado de la «progresiva islamización» de Europa.
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