Autor: Redactor

Santa Cruz De Tenerife, 21 abr (EFE).

– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un proyecto de Ley de delimitación gráfica del asentamiento rural preexistente de Cofete, en Fuerteventura, que remitirá al Parlamento regional con la propuesta de tramitación en lectura única.

El expediente ha sido impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas como solución transitoria para aportar seguridad jurídica a este tradicional núcleo de población, hasta que el Cabildo de Fuerteventura apruebe el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que el debate de esta ley en lectura única “simplificaría considerablemente su tramitación con el objetivo de que esté vigente antes del verano”.

Miranda ha señalado que el documento da respuesta a un compromiso con los vecinos de este caserío que, con más de 200 años de historia, quedó fuera de ordenación tras la anulación del anterior Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, confirmada por el Tribunal Supremo en 2013.

La Ley de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial reconoce como preexistente este asentamiento rural, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puerto de la Cruz, en el mismo enclave, que sí fue delimitada y regularizada en su momento.

El Proyecto de Ley de delimitación gráfica de Cofete tiene como base la cartografía y ortofotos de 1994, año en el que el entorno se declaró Espacio Natural Protegido y se garantizó la compatibilidad de las edificaciones preexistentes.

Esta normativa, que ha sido elaborada con el consenso del Cabildo, el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios, formará parte del futuro Plan Rector de Usos y Gestión que será aprobado por la corporación insular y recogerá de manera definitiva la delimitación del espacio y garantizará el equilibrio entre los intereses vecinales y la protección del medio natural.

La tramitación de la Ley en lectura única se aplica a aquellos textos cuya especial naturaleza o simplicidad de formulación así lo permita, y acorta los plazos de su tramitación, tal y como establece el artículo 153 del Reglamento del Parlamento.

Esto se consigue mediante la apertura de un plazo común de enmiendas a la totalidad y al articulado, y la omisión de los debates en ponencia y en comisión.

Así, la iniciativa y, en su caso, las enmiendas presentadas se debaten y se votan directamente en el pleno de la Cámara.

EFEasd

Las Palmas de Gran Canaria, 21 abr (EFE).

– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que creará la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, dirigida a 137.

000 potenciales usuarios, y con la que se facilitará el acceso a sus derechos.

Esta tarjeta la podrán obtener las personas residentes en Canarias que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33 %, de forma que cuenten con un instrumento útil, no sólo para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, sino también para facilitar su acceso a los derechos de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad, destaca el Ejecutivo regional en un comunicado.

La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad será un documento público, personal e intransferible que tendrá como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular.

La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una aplicación móvil específica, con lo que se evita tener que llevar a diario el decreto de resolución de su grado.

Además, el Gobierno de Canarias ha autorizado la realización del gasto, con cargo a la anualidad 2025, de 38 millones de euros, que conlleva las aportaciones dinerarias a favor de los ayuntamientos canarios para financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a iniciativa de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, proyectan suscribir un protocolo general de actuación, a efectos de que los ayuntamientos de la comunidad autónoma puedan seguir dando continuidad a los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria con cargo a la anualidad 2025, todo ello en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y Prestaciones Básicas Sociales.

A través de estos fondos, se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social.

Con ellos también se financian los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las islas.

EFEpcr

Santa Cruz De Tenerife, 21 abr (EFE).

– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que a su juicio supondrá «un paso adelante y un avance notable» en la simplificación de los trámites.

En concreto, el Ejecutivo regional considera que el decreto mejorará el sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA).

Hasta el momento cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos, añade el Gobierno regional.

Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia y recomienda el Imserso, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

Esta medida, según la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, logrará reducir las listas de espera en Dependencia «porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente».

«Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”, añade Delgado.

Ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.

La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas y las familias de dependientes, subraya el Ejecutivo.

EFEasd

Las Palmas de Gran Canaria, 21 abr (EFE).

– Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) de la Policía Canaria han detenido en Gáldar (Gran Canaria) a un hombre de 61 años y una mujer de 40 años que habían sido pareja, por supuestas agresiones mutuas tras haber protagonizado un altercado en la vía pública.

Según ha informado la Policía Canaria este lunes en un comunicado, los agentes que se desplazaron al lugar del suceso observaron a la mujer golpeando con violencia la puerta de una vivienda en la que encontraba el hombre, que manifestó haber sido víctima de una agresión, amenazas y de un allanamiento de morada por parte de su expareja, mientras que la arrestada también denunció haber sido agredida.

Según la nota, la policía pudo confirmar la existencia de una relación sentimental entre ellos, así como indicios de las agresiones y daños causados por las dos partes, por lo que procedió a la detención de ambos por sendos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer y de la violencia doméstica de pareja, respectivamente.

La Unidad de Seguridad Ciudadana es responsable de proteger a las personas y los bienes, garantizar los derechos y libertades, y velar por la seguridad ciudadana en la comunidad autónoma de Canarias, indica el comunicado.

EFEcda

Santa Cruz De Tenerife, 21 abr (EFE).

– La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha entregado 6.

067 firmas y 685 escritos de asociaciones empresariales para reclamar al Parlamento regional y al Gobierno autonómico una moratoria urgente de un año para negociar un nuevo proyecto de ley de vivienda vacacional.

La presidenta de Ascav, Doris Borrego, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación tras entregar las firmas a la presidenta del Parlamento autonómico, Astrid Pérez, que con esta moratoria se pretende paralizar nuevas altas de viviendas vacacionales y consolidar las ya existentes.

Además se pide a las máximas instituciones autonómicas que se forme una mesa de trabajo para consensuar y elaborar con todas las administraciones y agentes sociales un nuevo marco normativo que regule la vivienda vacacional en Canarias.

Doris Borrego ha señalado que el anteproyecto presentado por la Consejería de Turismo presenta dificultades muy importantes, como el cumplimiento de actividad clasificada, y ha pedido que los apartamentos que no se comercializan en una unidad de explotación tengan la posibilidad de dedicarse al alquiler vacacional.

Si se tramita el anteproyecto en los términos actuales se impedirá a las familias canarias continuar en esta actividad, ha advertido la presidenta de Ascav, quien ha reclamado el derecho de los isleños a seguir beneficiándose «de este paste turístico que es patrimonio de todos los canarios, y no sólo de unos pocos».

Ascav emprendió la iniciativa de recoger firmas ante el procedimiento «engorroso y difícil» de presentar alegaciones al anteproyecto, pese a lo cual se han formulado casi mil en pocos días, ha indicado.

También ha recordado que Ascav alertó en su momento del efecto llamada que iba a causar dicho texto, lo que ha provocado que un 20 por ciento de las viviendas vacacionales que se han dado de alta ni siquiera se dediquen a la actividad, pero se han inscrito «por si acaso».

Lo que está claro, ha proseguido Doris Borrego, es que «prácticamente nadie está de acuerdo» con el anteproyecto, ni cabildos, municipios, federaciones de empresarios «y mucho menos los propietarios de viviendas» vacacionales, un sector que genera más de 1.

700 millones de euros «que no creemos que Canarias esté ahora mismo en posición de perder».

Además ha subrayado que «en ningún caso» el sector es el causante de la falta de vivienda en Canarias, a su juicio «un mantra muy interesado» para dañar una actividad que tiene unas 67.

000 viviendas de alquiler vacacional, de las que el 20 por ciento están operativas.

En todo caso, con 211.

000 viviendas vacías y 30.

000 en venta, que haya casas que hayan salido del mercado del alquiler es culpa de una ley que no da seguridad jurídica a los propietarios, ha considerado la presidenta de Ascav.

EFEasd/spf(foto)

Las Palmas de Gran Canaria, 21 abr (EFE).

– Los ayuntamientos de Gran Canaria con menos de 20.

000 habitantes en su censo se beneficiarán este año de 682.

000 euros en ayudas del Cabildo para colaborar con los gastos que soportan en proyectos para implantar administración electrónica, entre otros fines.

En un comunicado remitido este lunes por el Cabildo se precisa que la consignación para este año se incrementa en un tercio respecto a la establecida para el ejercicio de 2024, que fue de 470.

000 euros en su conjunto.

El Cabildo ha informado de que estas ayudas se dirigen también al desarrollo de los servicios públicos digitales y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como para sufragar los gastos en la prestación de dichos servicios en el ejercicio 2025.

El Consejo de Gobierno Insular, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, ha aprobado este lunes las dos convocatorias para la concesión de estas subvenciones por el procedimiento de adjudicación directa y dirigidas tanto a los propios gobiernos municipales como a las entidades públicas dependientes de ellos que ejecutan o prestan este tipo de servicios.

Así, con esta iniciativa, la Corporación insular da cumplimiento a la línea de actuación establecida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio de Coordinación, Modernización e Innovación de la Administración del Cabildo de Gran Canaria para 2024, en el programa denominado ‘Proyectos Administración Electrónica Ayuntamientos’, destinados a entidades locales de menos de 20.

000 habitantes.

Según el criterio fijado para el reparto de los fondos, Artenara, Tejeda y Valleseco consiguen 45.

100 euros; a Agaete, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Moya, Valsequillo y Vega de San Mateo llegan 51.

175 euros, y a Santa Brígida, Santa María de Guía y Teror, 59.

850 euros.

EFEcda

Santa Cruz de Tenerife, 21 abr (EFE).

– La diputada del Común, Dolores Padrón, ha alertado este lunes de que han aumentado un 94,52% las quejas en el área de discapacidad, lo cual ha considerado «grave», por lo que ha pedido una solución  «urgente y rápida».

Padrón, en la presentación del informe anual de la institución ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias, ha precisado que estas quejas tienen que ver con la demora de la resolución del grado de discapacidad.

Ha alertado de que al no certificar la discapacidad de forma diligente se le hace un daño «irreparable» al trabajador que quiere acceder al empleo que tiene reservado por ley.

Según ha detallado, hay 603 personas que están esperando porque se les valore su discapacidad y «el aumento va en progresión» este año, que «va a peor».

Por ello, ha pedido que se refuercen los equipos de valoración y orientación que analizan los grados de discapacidad, pues los plazos se están alargando hasta en cinco años en Tenerife.

DependenciaAsimismo, ha informado de que hay 471 nuevas quejas en dependencia, al tiempo que ha lamentado que no se dispongan de los recursos necesarios para poder acceder a un centro o al tipo de recurso que le corresponde.

Ha avisado, en este sentido, de problemas y quejas graves en ese sentido, y ha abogado por más diligencia en la gestión del ingreso mínimo vital y de la renta canaria de ciudadanía, esta última por la que hay que esperar más de dos años debido también a la falta de personal en esta área.

No obstante ha señalado que «si hay un tema que empobrece claramente a las familias canarias es el tema de la vivienda», cuyas quejas han aumentado.

En este sentido, la diputada del Común ha reclamado un pacto por la habitabilidad en Canarias pues el consenso en vivienda, a su juicio, es «absolutamente necesario».

ViviendaLa dificultad en el acceso a la vivienda pública protegida, que es la mayoría de quejas, representan el 32,77%; los procesos de desahucio, un 29,94%; y la ausencia de recursos de emergencia, un 11,86%.

Ha matizado que hay «un impacto de género brutal» porque son las mujeres con menores a cargo las que más se quejan y las más desahuciadas.

Padrón ha criticado «la incapacidad» por parte de la administración en prever el crecimiento y hacer una oferta clara de vivienda social y de vivienda también privada, ya que las clases medias tampoco pueden acceder a una vivienda digna.

La coordinación entre áreas y entre planificación y acción debe ser una prioridad en esta materia, por lo tanto el pacto habitacional es prioritario en la comunidad autónoma de Canarias, ha zanjado.

InfanciaSe ha referido también a la necesidad de actualizar la Ley de Infancia y Adolescencia para así adecuar los nuevos recursos para los menores y dado que en Canarias el índice de pobreza infantil es el del 44%.

Con lo cual, ha continuado, habría que plantearse y mirar hacia los menores en cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la vivienda, pues son los más afectados junto con las mujeres.

Así, ha abogado por una actualización de la legislación de toda infancia y adolescencia, entre otros motivos, porque hay menores que necesitan apoyo, como los que padecen de trastornos del aspecto autista o TDAH sin diagnosticar.

La diputada del Común ha resaltado la importancia de planes individualizados para que estos menores progresen al mismo nivel que lo hacen sus iguales y no se les discrimine.

SanidadRespecto a la sanidad, ha recordado que se ha abierto quejas de oficio relacionadas con las listas de espera en atención especializada en las dos provincias.

La Diputación del Común ha abierto una investigación, está en contacto con las oficinas de atención al paciente y está haciendo un trabajo de mediación con la Consejería de Sanidad para tratar de solucionar las demoras en las lista de espera.

Según ha precisado la diputada del Común, el número de actuaciones de esta institución en el año 2024 ascendieron a 30.

165.

En detalle hay 1.

688 quejas que se hacen de manera presencial, 8.

906 que se hacen de manera telefónica, 18.

564 por e-mail o por la web, 60 por postal y 947 entran por orden.

La diputada del Común ha señalado que el número de quejas han aumentado en 3.

199 y ha explicado que esto refleja un incremento de la confianza en la función reparadora y supervisora de esta institución.

Tenerife, Gran Canaria y La Palma son las islas en las que más quejas se presentan y Lanzarote y Fuerteventura son los territorios donde la Diputación del Común «no termina de arrancar» y no porque no haya problemas.

Respecto a la administración que más quejas recibe sigue siendo la comunidad autónoma con un 69% de las mismas y los ayuntamientos con un 23,3%.

Las quejas a los cabildos «no son significativas» excepto en Tenerife, donde hay reivindicaciones relacionadas con los atascos en las autopistas y el transporte.

Los temas sociales son los que más preocupan a la ciudadanía, lo que no significa que sea el área del Gobierno de Canarias que peor funciona, ha precisado Padrón.

Se debe, ha explicado, a que Servicios Sociales tiene una estructura que permite la cercanía con el ciudadano y tiene una función orientadora.

En cambio, en áreas como política territorial, que es un área «muy complicada» que tiene mucho que ver con vivienda, es «muy difícil» que el ciudadano se pueda quejar, ha añadido la diputada del Común.

EFEbrr/spf(foto)

Santa Cruz de La Palma, 21 abr (EFE).

– La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de La Palma creará una zona de aparcamiento próxima a la Escuela Insular de Artesanía en Mazo con un presupuesto de 601.

713,11 euros financiados a través del Plan Insular de Desarrollo Local (PIDL).

El proyecto contempla la cobertura de un tramo del barranco de San Blas para habilitar el nuevo espacio destinado a estacionamientos, así como la mejora de las zonas peatonales colindantes.

El consejero de Obras Públicas, Darwin Rodríguez, explicó que esta iniciativa busca facilitar el acceso en vehículo privado a la Escuela Insular de Artesanía, “dado que el escaso espacio disponible actualmente para el estacionamiento complica la llegada de visitantes, alumnado y profesorado”.

También ha señalado que la nueva infraestructura contribuirá a un mejor ordenamiento del entorno urbano y mejorará la movilidad tanto para los usuarios del centro como para quienes acuden al mercadillo y al pabellón municipal cercanos.

Por su parte, el consejero de Artesanía, Pablo Díaz Cobiella, confía en que la mejora de la accesibilidad al centro favorecerá una mayor participación e inscripción en la Escuela Insular de Artesanía.

Tras la realización de los estudios técnicos correspondientes, el proyecto ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de La Palma este lunes, para ser próximamente licitado y adjudicado para iniciar su ejecución, según comunican desde la administración insular.

EFElgm/asd1012035

Las Palmas de Gran Canaria, 21 abr (EFE).

– La diputada de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado este lunes que las autoridades portuarias de Canarias dispongan de una mayor capacidad de decisión para potenciar el fomento y el apoyo a la innovación y al crecimiento económico en el archipiélago.

Según ha informado CC en un comunicado, en las enmiendas al proyecto de ley para modificar el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Valido plantea que la autoridad portuaria pueda autorizar la utilización del dominio público portuario para el desarrollo de actividades económicas de naturaleza no estrictamente portuaria.

Y ello con el objetivo de que «contribuyan de forma significativa al fomento de la actividad económica en el ámbito de influencia del puerto», dada la elevada importancia que estos recintos tienen en las islas.

Así mismo, solicita que estas infraestructuras de titularidad pública se consideren «estratégicas para potenciar su desarrollo económico y social insular, sometidas en todo caso al cumplimiento de la normativa urbanística que resulte aplicable».

En este contexto, la diputada nacionalista señala que los puertos de las islas son, en muchos casos, la primera empresa en determinados ámbitos geográficos, específicamente en los insulares.

«Porque los puertos son, por tanto, no sólo unas instalaciones logísticas esenciales sino también motores económicos de extraordinaria dimensión cuyos efectos económicos y sociales se proyectan en sus ámbitos de influencia», señala Valido en su iniciativa parlamentaria.

Las enmiendas al nuevo proyecto de ley pretenden dar a las autoridades portuarias «instrumentos adecuados para coadyuvar a las políticas económicas de fomento a la actividad económica desarrolladas por las autoridades competentes en su ámbito de influencia facilitando, por ejemplo, la instalación en el puerto de actividades de fomento o apoyo a la innovación y crecimiento económico o de actividades estratégicas para el desarrollo económico o social», señala la nota.

La portavoz de CC en el Congreso plantea también que los usos que no puedan considerarse como estrictamente portuarios a tenor de lo dispuesto en el artículo 72.

1 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que sean autorizados por concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se entenderán autorizados al amparo de lo establecido en el último párrafo del artículo 72.

1 introducido por el artículo primero, punto diez, de la presente ley.

En este ámbito, Valido defiende que se trata de introducir seguridad jurídica y dar cobertura a aquellas situaciones puntuales existentes en los puertos de interés general, en las que se realizan utilizaciones del dominio público portuario para usos no estrictamente portuarios en la definición contenida en la ley que ahora se debate en el Congreso de los Diputados.

EFEcda/cas

Las Palmas de Gran Canaria, 21 abr (EFE).

– Las Palmas de Gran Canaria usará la Compra Pública de Innovación (CPI) para dotar a sus oficinas municipales de un robot multilingüe con movilidad autónoma para mejorar la atención ciudadana y aplicar un sistema holográfico que gestione los aparcamientos de vehículos, patinetes y bicicletas.

Así lo ha presentado este lunes la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y el concejal y el coordinador de Modernización, Francisco Hernández Spínola y Roberto Moreno, a un grupo de empresas, interesadas en participar en esta herramienta, la CPI, que persigue fomentar la innovación desde el sector público a través de la adquisición de soluciones innovadoras o en fase de desarrollo.

Darias ha considerado que esta iniciativa pionera, que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública fomenta con ayudas, demuestra que el reconocimiento otorgado en 2022 a Las Palmas de Gran Canaria como ciudad de la ciencia y la tecnología «tiene plena vigencia».

En la presentación de estos dos prototipos, robótico y holográfico, a empresas tecnológicas, que el Consistorio prevé adquirir en el marco de un proceso de compra pública innovadora, con un presupuesto aún por definir, la regidora ha explicado que se trata de incidir «en la búsqueda colaborativa de soluciones a problemas y retos cotidianos».

La alcaldesa ha recalcado la importancia de la agenda digital del Ayuntamiento, en la que se incluye una reciente adjudicación, por 10 millones de euros, de un entorno de pruebas controlado que permitirá experimentar con nuevas tecnologías, productos y servicios bajo una regulación flexible antes de su implementación a gran escala en la ciudad.

El coordinador general de Modernización, Roberto Moreno, ha explicado que estos prototipos serían máquinas físicas que prestarían una ayuda avanzada al ciudadano, al que podrán asistir en la tramitación de gestiones en las oficinas municipales centrales de León y Castillo, mientras que el holográfico estaría disponible en varias zonas de la ciudad donde se requiere de algún tipo de interacción con la ciudadanía las 24 horas del día.

«No sustituyen a nadie, vienen a complementar los servicios que ofrece el Ayuntamiento al ciudadano a través de su sede electrónica o su página web siempre con información actualizada», ha precisado.

Las necesidades no cubiertas a las que se pretende atender con esta iniciativa, sustentada en la inteligencia artificial, son: la saturación y lentitud en la atención presencial al ciudadano en las oficinas municipales, lo que genera experiencias insatisfactorias para el usuario, la sobrecarga del personal en momentos puntuales de la jornada, la falta de herramientas multilingües, la brecha digital, la baja automatización de trámites y respuestas y la ausencia de continuidad entre los distintos canales de atención.

Por ello, los requisitos técnicos que se piden a las empresas interesadas en esta compra pública innovadora se centran en la accesibilidad y la inclusión del usuario, la optimización de la experiencia de atención y la automatización.

El edil de Modernización, Francisco Hernández Spínola, ha considerado que esta herramienta de colaboración público-privada enfocada en la búsqueda de soluciones al servicio de la ciudadanía presenta ventajas para las empresas, tales como el acceso a nuevos mercados, el fomento de la competitividad, el impulso de la I+D, incrementar su visibilidad y reputación y oportunidad de colaborar con otras para lograr desarrollos tecnológicos significativos.

Con estos prototipos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende que la inteligencia artificial sirva para ofrecer al ciudadano un modelo de atención integrado, personalizado, más automatizado y continuado que procure una mayor eficiencia y una mejor experiencia.

EFEpcr/cda