Santa Cruz de Tenerife, 23 abr (EFE).
– Podemos Canarias sopesa trasladar a Fiscalía una denuncia contra el nuevo decreto urgente para agilizar la construcción de vivienda aprobado este lunes en Consejo de Gobierno regional, por una presunta «vulneración del principio de fe pública».
Además, la formación morada se plantea coordinar iniciativas legales con otras fuerzas a nivel estatal y constituir «un frente común» con plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas «para frenar esta deriva desreguladora» del Gobierno regional de CC y PP.
En un comunicado, Podemos Canarias incide en que este nuevo decreto, con el que se busca agilizar la tramitación de licencias, «supone una cesión sin precedentes de funciones públicas a intereses privados, eliminando los filtros técnicos de los ayuntamientos y abriendo la puerta a la corrupción urbanística».
La coordinadora de Podemos Canarias, Noemí Santana, recalca que una licencia de obra es un acto administrativo público y que «solo el funcionariado puede otorgarla con validez legal porque solo el funcionariado goza de fe pública».
Con lo que «sustituir esa función por informes pagados por promotores es convertir el urbanismo en un mercado opaco, con consecuencias gravísimas para el interés general», avisa Santana.
Abunda en que «esto va mucho más allá de agilizar trámites.
Es un modelo donde quien paga, decide, y eso no tiene cabida en una democracia transparente».
Podemos Canarias analiza que este decreto «no es una excepción aislada, sino una nueva pieza de un marco normativo desregulador» iniciado el año pasado con la aprobación del Decreto Ley 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda.
Este introdujo «modificaciones preocupantes» como la construcción en suelos dotacionales, la reducción de trámites y la contratación conjunta de obra y proyecto.
«Ese decreto ya mostró que al Gobierno de Clavijo no le interesa el derecho a la vivienda, sino facilitar negocios inmobiliarios» con una política «hecha a medida de los especuladores», recalca Santana.
Además, denuncia que la norma invade competencias locales reconocidas en el Estatuto de Autonomía: «Hablamos de una decisión unilateral que socava el principio de autonomía municipal, y ni siquiera ha sido informada a alcaldes y alcaldesas.
Es una política autoritaria al servicio de intereses privados, no del interés común».
«No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras convierten Canarias en un solar para el pelotazo.
Vamos a actuar en las instituciones, en los tribunales y en las calles.
Este territorio tiene límites, y los nuestros son la justicia social, la legalidad y la defensa del bien común», advierte Santana.
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