Santa Cruz De Tenerife, 15 jul (EFE).
– El Comisionado de Transparencia de Canarias registró en 2025 un aumento en un 18% en las reclamaciones vinculadas al derecho a la información por parte de las administraciones públicas, en su mayor parte las corporaciones locales, en donde aún queda «un largo recorrido».
Así lo ha detallado este miércoles la titular de este órgano, Noelia García, en declaraciones a los medios de comunicación tras entregar a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el informe de la institución correspondiente a 2025, que a su vez expondrá el viernes ante la comisión de gobernación.
Noelia García ha subrayado que el informe pone de manifiesto que la transparencia en Canarias «sigue consolidándose de manera importante» por parte de las entidades públicas y privadas que reciben fondos públicos.
De hecho, ha continuado, algunas comunidades autónomas «nos miran no solo para contrastar criterios interpretativos respecto al derecho de acceso a la información, sino también para implantar el sistema de evaluación de Canarias, que es específico y único en todo el territorio nacional».
Pero también por ello en el informe se refleja la necesidad de aumentar el personal del Comisionado de Transparencia, actualmente compuesto por once personas, en la medida en que aumenta su actividad en la gestión de reclamaciones y de entidades que debe asesorar para que cumplimenten esa obligaciones de evaluación.
Respecto al derecho de acceso a la información, el Comisionado recibió el año pasado 912 reclamaciones, un 18% más que en 2024, y la mayoría han sido estimadas, ha detallado García.
Las reclamaciones siguen siendo por silencio administrativo de las administraciones públicas porque las entidades siguen en muchas ocasiones sin contestar «y la ciudadanía es cada vez más exigente y quiere ejercer su derecho a conocer la información pública», ha proseguido.
Esta falta de transparencia se da mayoritariamente en las administraciones locales, lo que la titular del Comisionado ve lógico al ser las instituciones más cercanas a los ciudadanos, especialmente los ayuntamientos, y también estas corporaciones se quejan a menudo de la falta de personal.
Por ello Noelia García ha subrayado que el Comisionado es un órgano fiscalizador «pero sobre todo asesor» para que las entidades puedan cumplir con un equipo de personas acostumbrado a recibir muchas solicitudes y reclamaciones, que conoce la jurisprudencia «y que estamos justamente para ayudarles a contestar».
Lo que no cabe «es que echemos en saco roto esas solicitudes de información de los ciudadanos, porque al final acaban en reclamaciones al Comisionado de Transparencia», ha advertido García, para precisar que cuando esto sucede lo primero que se realiza es un trámite de audiencia a las entidades.
En algunas ocasiones las corporaciones aprovechan ese momento para contestar al ciudadano porque a lo mejor habían catalogado mal esa solicitud de derecho de acceso a la información, pero en otras ocasiones se produce el doble silencio administrativo: ni le contestan al ciudadano ni contestan al Comisionado de Transparencia.
Por este motivo Noelia García ha destacado que las resoluciones del Comisionado de transparencia «no son meramente recomendaciones, son resoluciones de obligado cumplimiento» y si la entidad no está de acuerdo con esa resolución, solo le cabe o cumplirla o presentar un contencioso administrativo que es algo que «en ocasiones nos ha ocurrido».
Respecto a la evaluación, ha señalado que las notas mejoran considerablemente también respecto a 2024 y además, con la novedad de que en 2025 se incorporó la evaluación de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias, sindicatos y patronales mayoritarias.
Y si bien todas las entidades públicas y privadas en la primera evaluación suspendían «en las nuevas incorporaciones todas han aprobado», lo que habla cada vez más de que la transparencia «es un elemento prioritario por parte de aquellos sujetos obligados a cumplir» con las obligaciones en este ámbito.
Es verdad que aún queda un largo recorrido, el de que se haga «motupropio» y que la cultura de la transparencia se implante en las administraciones y que entiendan que esa forma de relacionarse con la ciudadanía les repercute positivamente, incluso como una forma de relacionarse con la ciudadanía que además les beneficia porque combate malas informaciones, ha puntualizado García.
Ha insistido en que en este asunto «nos queda mucho camino por delante» y ha recordado que el Gobierno de Canarias está impulsando una nueva ley de Transparencia en que podrían incluirse posibles sanciones a las entidades incumplidoras.
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