Santa Cruz de Tenerife, 28 sep (EFE).
– El 22,8 % de los hogares canarios con un menor de edad está en situación de exclusión, cifra que avanza hasta el 38,4 % en los hogares con dos o más menores, al 42,3 % en las familias monoparentales y al 46,1 % entre los hogares de cinco o más miembros, según los datos el último informe de la fundación FOESSA, impulsada por esta ONG.
El secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife, Ricardo Iglesias, ha dado a conocer estos datos a la Comisión de Estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias, donde ha detallado que esta ONG de la Iglesia Católica atendió en la diócesis a 12.
466 personas en 2025, entre ellas 2.
250 menores.
A través del proyecto Base 25, dirigido a prevenir el sinhogarismo y financiado por el Cabildo de Tenerife, Cáritas ha trabajado además con familias en las que había 527 menores y que estaban en riesgo de perder su vivienda habitual.
Cáritas atendió también, mediante sus unidades móviles, a 73 menores en Tenerife y 41 en La Palma en situaciones de exclusión residencial extrema.
Iglesias ha situado la vivienda como «el núcleo de desarrollo de la familia» y ha denunciado que los problemas habitacionales afectan a una de cada tres personas en Canarias.
Los problemas residenciales generan inseguridad, miedo y falta de rutinas y de espacios seguros para los menores, además que provocan situaciones de tensión familiar, problemas de salud mental y violencia.
El secretario general de Cáritas ha defendido que las respuestas económicas deben complementarse con acompañamiento social y ha puesto como ejemplo Base 25, donde trabajadoras sociales y abogadas intervienen con las familias para prevenir la pérdida de la vivienda, facilitar trámites, mediar con propietarios y, cuando es necesario, proporcionar apoyo económico.
Entre las propuestas planteadas, Iglesias ha defendido la necesidad de ordenar y simplificar los procedimientos de los servicios sociales para facilitar que las personas en situación de exclusión puedan acceder a las prestaciones.
Al respecto, ha destacado las dificultades relacionadas con el empadronamiento, que es una «puerta de acceso» a derechos y prestaciones pero que se ve dificultado por las condiciones y procedimientos utilizados por algunos ayuntamientos.
También ha denunciado que las familias que cambian continuamente de vivienda afrontan nuevas dificultades administrativas, sanitarias y sociales.
Iglesias ha alertado sobre la cronificación de la pobreza y ha señalado que, aunque prestaciones como el ingreso mínimo vital han mejorado la situación económica de muchas familias, no han resuelto el problema de la vivienda.
Según ha explicado, el informe de Fundación FOESSA refleja una evolución positiva en otros indicadores económicos, pero un empeoramiento del relacionado con los suministros y las necesidades de la vivienda.
Por ello, ha defendido ampliar el parque de vivienda pública en régimen de alquiler y facilitar su acceso mediante criterios de vulnerabilidad.
Cáritas ha reclamado además simplificar los procedimientos de acceso a las prestaciones y desarrollar la Ley de Servicios Sociales para que se cumpla el catálogo de servicios sociales, así como mejorar la coordinación entre administraciones y entidades sociales.
Iglesias ha defendido una financiación más estable para las entidades del tercer sector, al considerar que los retrasos en las convocatorias y las condiciones de las subvenciones pueden poner en riesgo la continuidad de algunos proyectos.
El tercer sector no debe ser considerado solo por la prestación de servicios, sino también por su capacidad para generar redes comunitarias que permitan la integración de las personas en situación de exclusión.
El representante de Cáritas ha reclamado que las políticas contra la pobreza incorporen a la sociedad civil y ha defendido procesos de acompañamiento prolongados para evitar que las personas salgan formalmente de un recurso sin disponer de una red social que permita mantener su inclusión.
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