Santa Cruz de Tenerife, 23 jul (EFE).
– El Tribunal Supremo ha rechazado anular la sanción de 15.
001 euros impuesta por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife a un establecimiento ubicado en la plaza de España y de La Candelaria porque la música habría superado el nivel permitido durante la celebración de la noche de Reyes de 2023.
El propietario del local, Airam Afonso, y sus abogados sostienen que no existieron pruebas objetivas de la infracción y denuncian que la sanción impidió acceder a un recurso de apelación, porque el importe debe ser superior a los 30.
000 euros.
El empresario también lamenta que el fallo no aborde las “graves irregularidades” puestas en evidencia durante la tramitación del expediente sancionador.
Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo en mayo de 2023 reafirmó la multa y descartó suspender de forma temporal el pago, lo que luego fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ahora por el Supremo.
Afonso y sus abogados siempre han estado en desacuerdo con la multa dado que en el expediente no se especifica si se superó el aforo ni si se midió el nivel de decibelios, sino que se basa exclusivamente en el testimonio de los policías que acudieron al lugar y no en pruebas objetivas.
Consideran que se produjeron diversas irregularidades durante el procedimiento que afectaron “gravemente” a su derecho de defensa.
Los propietarios del Café Atlantis indican que la fiesta de Reyes celebrada aquella noche fue la primera tras la pandemia, una cita tradicional en el histórico recinto junto a las que se llevan a cabo en otros puntos de la ciudad en esa misma fecha.
Manifiestan su desconcierto por la sanción dado que siempre tuvieron cuidado en no incumplir ninguna norma de manera que califican el sonido de “apenas un hilo musical” y dicen que tampoco se superó el aforo, aspectos que no venían recogidos en el expediente.
Indican que con posterioridad han cambiado el enfoque del negocio que a partir de entonces se centra en la oferta gastronómica, más que en la celebración de fiestas, obteniendo importantes premios en el campo culinario.
Ante el Supremo, los abogados presentaron un recurso de error judicial, al considerar que durante la tramitación de la causa se cometió una equivocación de tal calado que obligaría a recibir una indemnización.
Los letrados consideran que este contencioso “pone de manifiesto un problema que trasciende al restaurante y es que cuando una sanción administrativa se fija en una cuantía que impide recurrir en apelación, “el ciudadano queda sometido, en la práctica, a una única resolución judicial”.
Los abogados del Atlantis estudian ahora promover el incidente excepcional de nulidad de actuaciones frente a la sentencia del Supremo y, agotada esa vía, acudir al Tribunal Constitucional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales.
Los letrados insisten en que nunca han querido evitar la sanción, “sino garantizar que cualquier ciudadano pueda obtener una revisión judicial efectiva cuando denuncia que un procedimiento sancionador se ha tramitado sin pruebas suficientes y con vulneración de las garantías procesales.
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