Autor: Redactor

(actualiza con nuevos detalles del suceso: son veinte hombres de origen magrebí)Puerto del Rosario (Fuerteventura), 24 jul (EFE).

– Veinte hombres de origen magrebí han llegado este viernes al puerto de Gran Tarajal (Fueteventura) en un pesquero procedente del El Aaiún (Sahara), han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

En estos momentos, se investiga si la embarcación, de nombre ‘Aali’, es un pesquero sobre el que consta denuncia de robo en El Aaiún, han precisado las fuentes.

Si se confirmara que se trata de un barco robado, se trataría del cuarto ‘pesquero patera’ que llega a Canarias en el último año tras haber sido sustraído en su puerto base.

El pasado 28 de junio, Salvamento Marítimo rescató a 100 kilómetros de Lanzarote a once hombres marroquíes que pidieron ayuda tras quedarse a la deriva, por una avería, en un pesquero que había sido sustraído en el puerto de Agadir (Marruecos).

Los dos anteriores llegaron a Lanzarote en 2025: el 18 de junio al puerto de Arrecife y el 10 de septiembre a la costa de Órzola, donde encalló y se incendió.

El primero transportaba a 14 hombres, uno de ellos menor, y el segundo, a cinco varones, todos ellos marroquíes.

En el caso de este viernes, el pesquero fue detectado sobre las 6.

42 horas por el radar de vigilancia costera (SIVE) cuando se aproximaba Fuerteventura, en concreto a 24 kilómetros de Caleta de Fuste.

A su encuentro salió la embarcación de rescate Salvamar Ízar, que lo acompañó sin incidencias hasta el puerto de Gran Tarajal.

EFE1011279evs-jmr(foto)

(actualiza el titular de la GC5043)Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– Una familia mal avenida, un padre enterrado con otros parientes y una pareja que alega que su hija es la heredera para cambiarlo de cementerio.

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¿a quién pertenecen los restos? Ha ocurrido en Gran Canaria y ha obligado a un juez a fallar que un cadáver no entra en la herencia.

El juez de lo Civil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha dirimido esta semana un conflicto interno en una familia sobre dónde debe estar enterrado uno de sus miembros, que reposa desde hace ocho años en el cementerio de la localidad de Guía con cinco parientes más.

El pleito se abrió por la solicitud presentada por la pareja del finado en nombre de su hija -una menor- para sacarlo del panteón de Guía donde está enterrado y llevarlo a otro camposanto.

A todo ello se oponían una tía del difundo y otros allegados, que defienden que el fallecido descansa allí junto a otras personas con las que estuvo unido en vida por muchos lazos sentimentales.

Para ellos, cambiar al difundo a un nicho individual era doloroso.

Ante esa diferencia de criterios, la demandante intentó hacer valer los que creía derechos de su hija como heredera del difunto.

«Si bien la condición de heredera de (la demandante) le otorga un interés legítimo para promover el expediente, no la inviste de un derecho a decidir a su libre arbitrio dónde se entierran o no los restos de su padre o, al menos, no sin concurrir otras causas que lo justifiquen», resuelve el magistrado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, es escueta, de solo tres páginas, y entra al fondo del asunto en apenas dos párrafos.

El resto, le sirve al juez para explicar por qué este caso es de su competencia, algo que una parte de la familia discutía.

El magistrado es rotundo al detallar por qué ser heredero de un finado no habilita a alguien para decidir, sin más, que lo cambia de cementerio: «Los restos mortales», argumenta, «no pueden entenderse en ningún momento como parte de la herencia como bien patrimonial».

A partir de ese presupuesto, añade, la decisión que tome el Juzgado debe obedecer a otras razones, fundamentalmente a que se acrediten motivos que «justifiquen» el traslado.

El juez se queda ahí, no explica nada más.

El letrado Fernando Osuna, abogado de la familia ganadora del pleito, explica que sus clientes expusieron que están unidos por sentimientos «muy grandes» al difunto para oponerse a que lo sacaran de su panteón familiar.

Pero, sobre todo, este letrado considera que ha sido clave «la normativa sobre cementerios, que establece que prevalece en los traslados la preocupación, interés, mantenimiento, cuidado, el costear los gastos, etcétera» que hayan demostrado las partes.

Y en este caso, detalla, sus clientes «siempre se habían preocupado de mantener la tumba en buen estado», mientras que la otra parte de la familia «se había despreocupado de tales menesteres».

EFEjmr/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– El Servicio Canario de la Salud reitera su llamamiento a la ciudadanía para que done sangre de forma regular, especialmente, durante los meses de verano, informa la Consejería de Sanidad.

En la época estacional en la que descienden las donaciones mientras las necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias permanecen estables o, en algunos casos, se incrementan, se indica en un comunicado.

Con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía, el SCS desplegará la próxima semana una amplia red de dispositivos móviles de extracción en distintos municipios del archipiélago y mantendrá operativos los puntos fijos de donación en todas las islas.

El organismo recuerda la importancia de donar sangre de manera periódica, al menos dos veces al año, para garantizar las reservas de hemoderivados que permitan atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, urgencias y otras necesidades asistenciales.

La sangre y sus componentes no pueden fabricarse artificialmente, por lo que la donación voluntaria, altruista y regular sigue siendo la única forma de asegurar su disponibilidad cuando un paciente la necesita, se indica en la nota.

EFEas

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– La asociación Turcón Ecologistas en Acción ha anunciado este viernes que se personará en las cinco causas abiertas en los tribunales por los episodios de contaminación del litoral en Gran Canaria registrados entre octubre y noviembre de 2025, especialmente en Telde.

La organización ha detallado en un comunicado que lo harán en calidad de acción popular, y ha recordado que fue la propia Turcón la primera en denunciar estos hechos nada más tener conocimiento de ellos y en solicitar tanto a la Justicia como a los organismos con competencias «actuaciones esclarecedoras» y medidas cautelares de contención sobre lo que estaba pasando.

El 14 de octubre de 2025 Turcón llevó a la prensa local las primeras denuncias ciudadanas de bañistas de la playa de Salinetas que encontraban manchas aceitosas en la zona de baño.

Desde ese momento se movilizaron para reclamar a las administraciones públicas medidas de transparencia y retirada de las jaulas marinas que hay cerca de la costa.

Esa contaminación alcanzó, según ha señalado Turcón, a 12 playas de siete municipios de la isla, sin que se pusiera en marcha ninguna medida de contención por parte de las administraciones competentes hasta el 6 de noviembre, casi un mes después.

Desde ese momento, han pasado «más de diez meses sin que las administraciones públicas responsables de la conservación de nuestras aguas hayan dado una explicación razonable», ha denunciado el colectivo ecologista, motivo por el cual ha tomado la decisión de utilizar «todas las herramientas» a su alcance para esclarecer lo ocurrido y descubrir a los responsables.

EFEcas/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– El movimiento popular Salvar Veneguera se ha concentrado este viernes ante el Cabildo de Gran Canaria para reclamar la paralización de las obras que Lopesan realiza en la playa y el barranco de Veneguera, en el municipio de Mogán, al considerar que están causando daños ambientales y arqueológicos y limitando el acceso público a la zona.

Un portavoz del colectivo, Eduardo Carreño, ha asegurado a los periodistas que la protesta responde a las «nuevas actuaciones de urbanización» y «privatización» del acceso a la playa, que, según ha denunciado, permanece restringido desde noviembre del año pasado.

Carreño ha afirmado que las obras ejecutadas en el barranco han dificultado el tránsito de la ciudadanía y ha criticado que, pese a existir expedientes abiertos, los trabajos continúan desarrollándose.

«Pedimos que se paren las obras, porque habiendo expedientes abiertos siguen trabajando.

Mientras el tema administrativo va muy lento, la realidad es otra, porque hay actuaciones que no pueden volver atrás porque ya está hecho el daño», ha señalado al pedir que el acceso a la playa sea público y no privado y denunciar daños en el patrimonio arqueológico de la zona.

El colectivo ha reclamado además una mayor implicación de las administraciones públicas en la protección de este espacio natural, integrado en el entorno del Parque Rural del Nublo, al considerar que «al final están dejando todo en manos de la ciudadanía».

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido la actuación de la corporación insular y ha asegurado que es «la única administración que está actuando» ante las posibles infracciones detectadas en Veneguera.

Morales ha explicado que el Cabildo ha abierto distintos expedientes, «algunos con sanciones muy importantes», relacionados con afecciones al patrimonio arqueológico, y ha trasladado los casos más graves al Gobierno de Canarias, administración competente para imponer las sanciones definitivas.

El presidente insular ha señalado además que el Cabildo emitió un informe desfavorable sobre las últimas actuaciones realizadas en la zona y sostuvo que algunas obras tuvieron que ser paralizadas -a pesar de que la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario dio la autorización- al no contar con el informe preceptivo de la institución insular.

«Hay que proteger Veneguera.

Hay un movimiento ciudadano que forma parte de la historia de esta isla, que defendió aquel lugar frente a un intento de urbanizarlo.

Participamos de aquella lucha, somos herederos de aquella lucha y, desde luego, Veneguera no se puede utilizar para nada más allá que el uso que permite en estos momentos el marco normativo», ha afirmado Morales.

«El uso agrícola está permitido, se pueden hacer obras desde luego para adaptar el espacio a los usos agrícolas, pero no más allá», ha agregado.

El presidente del Cabildo ha advertido de que los daños sobre el patrimonio arqueológico «han sido serios» y ha asegurado que los servicios de inspección de la corporación «han cumplido en todo momento».

El pasado 18 de julio, el grupo Lopesan manifestó en un comunicado su «plena confianza» en que podrá acreditar la legalidad de las actuaciones que lleva a cabo en el barranco de Veneguera y expresó su «absoluta» disposición a colaborar con todas las administraciones públicas.

EFEmrgz/jmr

Santa Cruz de La Palma, 24 jul (EFE).

– El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y la Asociación del Sector Primario de La Palma (Asepalma) han reclamado este viernes al Gobierno de España la transferencia «urgente» de los 100 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para avanzar en la reconstrucción agraria del Valle de Aridane.

La petición se produjo tras una reunión de coordinación en la que las administraciones autonómica e insular analizaron junto a Asepalma las prioridades recogidas en el documento elaborado por el sector para culminar la recuperación agraria tras la erupción volcánica de 2021, una actuación cuyo coste estiman en 223 millones de euros.

Según informó el Cabildo en un comunicado, en el encuentro también se abordaron los compromisos adquiridos por el Ministerio de Política Territorial en una reciente reunión celebrada en Madrid con representantes de los ministerios de Hacienda y Agricultura.

De acuerdo con lo trasladado en ese encuentro, la partida estatal de 100 millones de euros puede ser transferida al Gobierno de Canarias mediante su aprobación en el Consejo de Ministros, sin necesidad de votación en el Congreso de los Diputados.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, insistió en que el Ministerio de Hacienda se había comprometido a hacer efectiva la transferencia antes de finalizar el periodo estival y lamentó que ese compromiso aún no se haya materializado.

También criticó que el Ministerio de Agricultura solo haya destinado, según indicó, 150.

000 euros a la reconstrucción del Valle durante la actual legislatura y recordó que el Ejecutivo autonómico adelantó el pasado año 100 millones de euros de su superávit para mantener las actuaciones en fincas y redes de riego.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, mostró su preocupación por un posible retraso en la llegada de los fondos estatales que, a su juicio, dificultaría la ejecución de las obras antes de que finalice el ejercicio presupuestario.

Rodríguez aseguró además que la corporación insular ha adelantado 62 millones de euros procedentes de otras partidas de inversión para mantener en marcha las actuaciones de reconstrucción agraria, y reclamó que el segundo convenio con el Estado, dotado con 40 millones de euros, se formalice sin condicionantes que limiten su ejecución.

lgm/brr1012035

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– El escritor Max Aub recurrió al presidente del Consejo de Ministros de la segunda República, Juan Negrín, en plena Guerra Civil, en diciembre de 1938, para que les ayudara a André Malraux y a él a terminar de rodar la película ‘Sierra de Teruel’, porque les racionaban la electricidad.

La Fundación Juan Negrín ha hecho público este viernes el contenido de las cartas que Aub escribió personalmente a Negrín y a su secretario particular, Blas Cabrera Sánchez, para exponerle las dificultades que estaban teniendo en la película que codirigía con Malraux, un trabajo concebido para favorecer a la República.

«No ignorará Vd.

que estoy co dirigiendo con André Malraux una película con la cooperación de la Subsecretaría de Propaganda.

Hemos vencido muchas dificultades, hijas de las circunstancias», escribe Max Aub el 1 de diciembre de 1938 en una carta dirigida a Negrín.

Su problema era que las autoridades de la zona republicana solo les concedían corriente de noche, lo que impedía terminar el rodaje.

La carta detalla que ruedan las escenas de interior en los Estudios Orphea de Barcelona y destaca «el interés de que esté acabada cuanto antes para nuestra propaganda, sobre todo en Norteamérica», por lo que ruegan al presidente del Gobierno que «haga lo necesario para que el Comisariado de la Electricidad» les conceda corriente eléctrica también durante el día.

En la carta de Aub figura una anotación manuscrita de Negrín sugiriendo que los responsables de la película traten el asunto con el Comisariado de la Electridacidad, «que regula las necesidades».

La gestión no debió de dar sus frutos, porque once días más tarde Aub escribió otra carta, esta vez al secretario de Negrín, para explicar que acude al presidente del Consejo de Ministros porque ha agotado todas las vías, incluida la del Comisariado de Electricidad.

«Tenga Vd.

en cuenta que los compromisos contraídos con América nos obligaban en principio a tener acabada la película para fin de año», dice la misiva, cuyo autor ya da por imposible cumplir ese plazo dado que están en diciembre.

En sus cartas al presidente del Gobierno de la República, Max Aub habla de «nuestra guerra de Independencia» y asegura que la película está ya terminada en sus dos terceras partes.

‘Sierra de Teruel’ es una película basada en la novela ‘L’Espoir’ (‘La esperanza’), del escritor y activista antifascista francés André Malraux.

Su rodaje quedó interrumpido por el avance de las tropas franquistas hacia Cataluña, lo que obligó al equipo a cruzar la frontera y terminar el trabajo en Francia.

En su edición de este mismo año, el Festival de Cine de Cannes acogió la presentación de una restauración de la versión original de la cinta.

EFEjmr/pcr