Autor: Redactor

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).

– El Tribunal Supremo ha dado vía libre a la expropiación de terrenos para proceder a la ampliación del aeropuerto de La Palma, tras rechazar el recurso de un afectado que estaba en contra de la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación forzosa para llevar a cabo la franja de la pista en Mazo y Breña Baja.

La respuesta del Supremo es que el Estado ha demostrado la existencia de razones para justificar la tramitación del procedimiento por esta vía al apelar a la seguridad de la infraestructura y que se incumple la normativa europea.

Un propietario recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros de 2024 por ser “nulo de pleno derecho”, carecer de motivación y no constar en el expediente, lo que imposibilitaba su subsanación.

También alegó falta de motivación para justificar la vía excepcional por el procedimiento de urgente ocupación y de hecho recuerda que tardó siete años en declararse y tres en ser tramitado.

En su momento el Gobierno central detectó un “defecto” en la operativa del aeropuerto por lo que en diciembre de 2017 se estableció la condición de adaptarlo a los requisitos del reglamento europeo para lo que era necesario ampliar la pista.

El abogado recurrente apunta que hasta el momento las instalaciones han estado totalmente operativas, que la urgencia debe justificarse como procedimiento excepcional, y pregunta por qué no se puede demorar la ampliación y hacerlo por los trámites ordinarios.

La respuesta del Supremo es que la motivación se contiene en el propio acto administrativo, aunque otra cuestión es que la afectada no la comparta y apunta que el acuerdo del Consejo de Ministros está incluido en la resolución y obra en el expediente.

En la ley de expropiaciones se recoge que excepcionalmente este órgano puede declarar la urgente ocupación de los bienes con un fin determinado, incluida su retención de crédito y pago del justiprecio.

En el sumario se recoge que parte de los 90.

000 metros cuadrados que se quieren ocupar están fuera de la delimitación del aeropuerto y el resto ya están incluidos en el sistema general aeroportuario, en el plan director vigente.

En su momento se comprobó que entre las fincas a expropiar no hay ninguna de titularidad pública y que por lo tanto debería haber sido excluida del expediente.

EFEnra/spf1012088

Santa Cruz De Tenerife, 27 jul (EFE).

– Los sindicatos médicos CESM, SEMCA y AME han rechazado la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias al considerarla insuficiente para dar respuesta a sus reivindicaciones estructurales y han propuesto un nuevo marco de negociación específico para resolver el conflicto en este ámbito.

Asimismo, en un comunicado conjunto difundido ese lunes, CESM Canarias, SEMCA y AME han anunciado que no participarán en futuras reuniones de negociación junto a organizaciones sindicales que no defienden un ámbito propio de negociación para la profesión médica.

Por ello han reafirmado la unidad de acción entre estas organizaciones y han advertido que el conflicto no se resolverá mediante anuncios o acuerdos de imagen, sino con propuestas que afronten los problemas estructurales de la profesión médica.

Afirman que la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias está muy lejos de resolver el contencioso porque se centra en medidas de alcance limitado, mientras deja sin respuesta las reivindicaciones estructurales que han dado origen al conflicto.

Entre ellas citan un marco propio de negociación para la profesión médica, una retribución y descanso adecuados de las guardias, el reconocimiento de los años de formación sanitaria especializada (MIR) para la carrera profesional y unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumen los facultativos.

Añaden también que la Administración no puede pretender dar por encauzado el conflicto médico escenificando un consenso con UGT, una organización sindical ajena a la profesión médica que no comparte las reivindicaciones que han sostenido los sindicatos profesionales médicos durante todo este largo contencioso que se acerca ya al año de duración.

Por ello insisten las organizaciones médicas en que no volverán a participar en reuniones junto a UGT, al entender que la negociación sobre el conflicto médico debe desarrollarse exclusivamente entre la Administración y los sindicatos profesionales médicos.

Asimismo indican que este lunes han remitido al director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, una propuesta de negociación «seria, sólida y bien estructurada» para que sus resultados sean fiables.

El documento consta de un preámbulo y dos epígrafes y el primero establece «de manera precisa» el marco negociador y sus condiciones, mientras que el segundo contiene dieciocho puntos con las demandas de los sindicatos médicos «perfectamente delimitadas».

«Es hora ya que el Gobierno de Canarias adquiera plena conciencia de que el conflicto con los facultativos no terminará utilizando operaciones de imagen ni poniendo en marcha anuncios de acuerdo sin base real que se pudieran establecer con organizaciones sindicales por completo ajenas a la profesión médica», añaden.

Reiteran que el conflicto sólo se cerrará cuando el Gobierno abandone la estrategia de ganar tiempo y presente propuestas serias capaces de resolver los problemas estructurales de fondo, que vienen soportando los médicos y facultativos canarios desde hace décadas.

Con la iniciaNva negociadora que SEMCA, CESM Canarias y AME han hecho llegar hoy al director del SCS «la Administración puede comenzar una etapa fructífera» que culmine con los acuerdos que los médicos vienen reclamando, prosiguen.

Por el contrario, de no dar respuesta a la misma, la Administración continuará siendo «la exclusiva responsable» del aumento de las listas de espera y el deterioro asistencial de los pacientes y usuarios del Servicio Canario de la Salud, concluyen.

EFEasd/spf

Madrid, 27 jul (EFE).

– Ocho personas han perdido la vida durante este fin de semana en siete accidentes de tráfico en los que cuatro de las víctimas eran usuarios vulnerables: dos motoristas, uno de ellos en Tenerife, y dos ciclistas.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico, entre las 15:00 horas del viernes y las 24:00 del domingo se han producido siete siniestros mortales, cinco de ellos en vías convencionales y dos en autovías o autopistas, en los que ocho personas han fallecido.

Los accidentes han tenido lugar en El Ejido (Almería), Cangas de Narcea (Asturias), Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Ajofrín y Novés (Toledo), Amorebieta-Extano (Bizkaia) y en Madrid capital.

Entre los siniestros ha habido cinco colisiones y una salida de vía.

En lo que va de año y hasta el 26 de julio, 589 han perdido la vida en las carreteras.

EFEamd.

lca/mcm

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).

– El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de estudiar la inclusión del conocido como Monumento a Franco en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, «por sus posibles valores artísticos».

Tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, Bermúdez ha asegurado que entiende que, tras esta decisión, la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática, que había dado seis meses para quitar de la vía pública la escultura, debería quedar en suspensión mientras se resuelve el procedimiento, pues «hay una expectativa de protección y parece lógico que no se actúe».

En concreto, el monumento, de aprobarse todos los pasos administrativos, que se estima que puedan alargarse hasta el primer trimestre del año próximo, recibiría un grado de protección integral «por sus valores artísticos, por su monumentalidad y por su aportación al entorno urbano».

El regidor municipal ha asegurado que todas las administraciones incluidas en el Consejo Municipal, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Universidad de La Laguna, se han mostrado favorables a estudiar la protección del monumento, tras rechazarse recientemente el grado máximo (Bien de Interés Cultural, BIC) por parte del área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico.

Bermúdez ha apuntado además que el Ayuntamiento ha recurrido en alzada la resolución del Ministerio de Memoria Democrática, al entender que la decisión adoptada este lunes por el Consejo Municipal de Patrimonio refuerza la posibilidad de su conservación.

Si no es así, «nos vemos en la Justicia», ha afirmado el alcalde, quien ha aseverado que la resolución ministerial ya reconocía que el rechazo a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) no impedía que pudiera contar con otros valores artísticos susceptibles de protección.

El alcalde ha defendido que tanto la Ley de Memoria Democrática como la normativa patrimonial permiten mantener el monumento si finalmente obtiene protección y se lleva a cabo un proceso de resignificación que le otorgue un nuevo relato.

En este sentido, ha defendido que, en caso de prosperar la protección patrimonial propuesta, el monumento podría sufrir un proceso similar al aplicado en otros espacios vinculados a la dictadura, como el antiguo Valle de los Caídos, hoy Valle de Cuelgamuros.

La legislación de memoria democrática, ha opinado, no obliga necesariamente a retirar todos los vestigios franquistas, sino que contempla su conservación cuando concurran valores artísticos o patrimoniales, siempre que se les otorgue un nuevo relato compatible con los principios de la norma.

En este sentido, ha apostillado que el Ayuntamiento pretende «cumplir la ley como está escrita, sin interpretaciones sesgadas».

Preguntado por el momento en el que se ha decidido incluir en el catálogo, tras ordenarse su retirada, el alcalde ha apuntado que la inclusión no figuraba en la propuesta inicial del catálogo porque el equipo redactor esperaba a que concluyera el procedimiento autonómico que estudiaba si era perceptible de ser BIC.

Respecto a los pasos siguientes, el alcalde ha precisado que el catálogo municipal, que protege inicialmente más de un millar de inmuebles y elementos patrimoniales, permanece en fase de alegaciones y deberá ser aprobado definitivamente por el pleno municipal una vez se resuelvan las más de una treintena de alegaciones presentadas por administraciones, entidades y particulares.

EFEcmg/spf(foto)

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).

– El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, ha negado «categóricamente» este lunes que en los tribunales españoles exista el «lawfare», la utilización de los procedimientos judiciales con fines de persecución política, y ha sostenido que los jueces ni hacen política ni toman decisiones por intereses partidistas.

«No tomamos decisiones atendiendo a intereses partidistas, somos ajenos a cualquier tipo de presión política, económica o social, en democracia no se ha investigado o juzgado a nadie por su ideología», ha dicho Fernández Martínez.

Durante una conferencia en el campus internacional Ciudad de La Laguna, en donde se debate la situación de la democracia y los derechos humanos, el presidente de la Audiencia ha afirmado que «se siguen causas que afectan a partidos políticos, pero no por cuestiones ideológicas, sino por hechos susceptibles de ser considerados como delitos».

Para Fernández Martínez, por más que se hable habitualmente de los procesos sobre presunta corrupción como «causas políticas» o que se hable de «politización de la justicia», de lo que se trata es de «la perversión de la política partitocrática».

«El juez ni sustituye a la política ni se convierte en un árbitro de las disputas partidistas, simplemente impide que el poder se sustraiga al control jurídico» y «actúa como garante de que ningún poder pueda situarse por encima del derecho», ha expuesto.

El presidente de la Audiencia Nacional ha subrayado que «la corrupción carcome el sistema institucional y con ello la democracia misma» y por eso «no cabe hostigar a quienes la investigan o juzgan».

Ha insistido en que la jurisdicción «no es un instrumento político», sino «una garantía frente a posibles excesos de mayorías políticas y frente a actuaciones arbitrarias de la Administración o de otros centros de poder».

Por eso «la calidad de una democracia puede medirse en parte por la capacidad de sus jueces para proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos», ha explicado.

Pero ha añadido que así como los jueces han de ser independientes, también tienen que ser «responsables», dado su «enorme poder».

En consecuencia, «nuestras resoluciones tienen que ser motivadas, razonadas de manera exhaustiva con arreglo a cánones interpretativos racionales, no extravagantes ni irracionales», ha sostenido.

Las decisiones judiciales, según el presidente de la Audiencia Nacional, deben ser intelectualmente honestas y basadas en el conocimiento, no en la «inspiración o iluminación» ni sometidas a disciplinas de partidos, de otros poderes o de «la cima de la organización».

Juan Manuel Fernández Martínez ha afirmado que en España existe un Poder Judicial independiente y responsable y además «una estructura procesal garantista», en la que hay derecho a los recursos, a la doble instancia, al control constitucional «e incluso a la jurisdicción europea, además de la participación del pueblo a través de la acción popular y el jurado».

«Los derechos humanos en nuestro país son una realidad de la que podemos sentirnos razonablemente satisfechos, la justicia no es cosa solo de los jueces, a todos nos concierne que no se socave su legitimidad promoviendo la desconfianza», ha concluido el presidente de la Audiencia Nacional.

EFEacp/spf(foto) (vídeo)

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).

– La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntas autoras de seis delitos de robo con fuerza en establecimientos, tres robos de uso de vehículo y otros dos robos con fuerza en el interior de vehículo.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse a finales del mes de junio, un aumento de los robos con fuerza en establecimiento altas horas de la noche en diversas poblaciones de la isla de Tenerife, informa una nota policial.

Una vez llevadas a cabo las pesquisas pertinentes, los agentes lograron identificar plenamente a los dos autores.

Los investigados presuntamente utilizaban varias herramientas para acceder al interior de los locales y después se servían de un vehículo previamente robado para facilitar su huída.

Una vez que dicho vehículo fue interceptado por la Policía Nacional, los presuntos autores intentaron sustraer otros coches para repetir elmodus operandi, lo cual fue, sin embargo, infructuoso.

Las detenciones tuvieron lugar en la vía pública de una zona limítrofe ubicada entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y uno de ellos entró en prisión debido a que en el momento de su detención le costaba una requisitoria judicial en vigor.

Actualmente las investigaciones siguen abiertas con el fin de esclarecer más delitos de las mismas características que pudieran ser atribuibles a estos presuntos autores.

EFEspf

La Laguna (Tenerife), 27 jul (EFE).

– La exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio ha afirmado este lunes que actualmente la situación más delicada y conflictiva es la inmigración, que tiene «un rompeolas» en Canarias y que debe tener en cuenta la UE en su legislación, pero que además debe secundar la política nacional.

Ana Palacio se ha referido a este asunto en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la sesión inaugural del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, en el que ha participado en un curso sobre democracia y derechos humanos junto al presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

La exministra, que ha recordado que la UE defiende la idea de tomar en consideración las circunstancias peculiares de sus territorios, como el caso de las regiones ultraperiféricas a las que pertenece Canarias, ha subrayado que la situación migratoria debe ser tenida en cuenta por la legislación comunitaria y también «tiene que ser seguida por la política nacional, y ahí podemos tener diferentes opiniones» respecto a cómo se está tratando este asunto.

Ana Palacio ha aludido a que precisamente los derechos humanos deben estar en el centro del planteamiento internacional multilateral y ha enfatizado la necesidad de defender en las relaciones internacionales el Estado de Derecho.

«Tenemos que salvaguardar toda esa arquitectura que ahora es muy criticada, como las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos» que, ha admitido, no se han cumplido a rajatabla porque «se han hecho muchas trampas» y ha habido «muchos fallos».

Pero se debe partir de la base de que esa es la arquitectura que permite la libertad, la dignidad y la igualdad y al final «es el fundamento del Estado de Derecho y de la democracia liberal», ha apostillado.

Ha advertido también de que aunque las instituciones internacionales «no han saltado por los aires, están muy desgastadas» y por ello hay que dar «la batalla» para recuperarlas.

Ocurre además que los europeos «somos muy dados a la autoflagelación» pero sin embargo, ha puntualizado, la construcción europea «es la gran aventura de la Humanidad en la segunda parte del siglo XX y tenemos que continuar con ella».

Son tiempos «en los que el poder ha dado la cara» porque hubo un momento en que se produjo «el espejismo» de que las instituciones podían «dominar al poder, y que éste quedaba supeditado» a los entes políticos.

Pero ahora, ha señalado Ana Palacio, «el poder ha dado la cara en crudo» y la UE tiene que adaptarse a esta nueva situación guardando sus principios fundamentales, porque Europa «no puede existir sin derecho».

Respecto a la actual política exterior española, la extitular de este área ha incidido en que la característica más visible es la toma de posición anti Estados Unidos «que no es del Gobierno entero» y que, a su juicio, es «más de cara a la galería» porque luego en el ámbito comercial se procura buscar la mejor relación.

En su opinión, esta postura «francamente no» va a favor del interés de España aunque «por supuesto» el Gobierno central puede tener diferencias y discrepancias con la actual Administración estadounidense pero, ha continuado, «de ahí a hacer bandera de una determinada oposición creo que habría que matizar.

Ana Palacio ha insistido además en que esta es su postura personal porque «habiendo estado ahí, sé que no es fácil» y si se analiza el conjunto de la política exterior española «hay mucha más continuidad que la que dejan entrever algunas declaraciones».

EFEasd/spf(foto) (vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria, 27 jul (EFE).

– El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado por 601.

938 euros las obras de rehabilitación de ocho bloques de viviendas del grupo Sanz Orrio, en el barrio de La Isleta, dentro de una actuación financiada con fondos europeos Next Generation.

La intervención, impulsada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, afecta a los inmuebles situados en los números 1, 3, 5, 7 y 9 de la calle Sol y en los números 1, 3 y 5 de la calle Jerez.

La empresa Meisur Technological Solutions ejecutará el lote 2, correspondiente a los cinco bloques de la calle Sol, por un importe de 374.

105 euros, mientras que Gratec asumirá el lote 5, integrado por los tres edificios de la calle Jerez, con un presupuesto de 227.

833 euros.

Con estas adjudicaciones, el consistorio completa la contratación de las actuaciones previstas en Sanz Orrio, después de que en mayo se adjudicaran los lotes 1, 3 y 4.

La inversión global destinada a la rehabilitación de 21 bloques asciende a 1.

583.

778 euros.

Las obras incluyen la sustitución de depósitos de agua de fibrocemento por otros de polipropileno, la reparación y pintura de fachadas, la impermeabilización de cubiertas y el refuerzo estructural de los pretiles.

Asimismo, se renovarán las instalaciones de fontanería y saneamiento mediante la sustitución de bajantes y tuberías para adaptarlas a la normativa vigente y mejorar su eficiencia.

Entre las actuaciones previstas figura también la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas, con el objetivo de lograr un ahorro energético superior al 60 %, según el Ayuntamiento.

El proyecto se enmarca en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la regeneración de entornos residenciales y la mejora del parque público de viviendas, con el objetivo de adecuarlo a los estándares de sostenibilidad y eficiencia energética promovidos por la Unión Europea.

EFEmrgz/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 27 jul (EFE).

– El Comité Olímpico Español (COE) y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrarán conjuntamente una Semana Olímpica en la ciudad cuya fecha se anunciará próximamente, con el objetivo de promover el deporte y difundir los valores olímpicos entre la ciudadanía.

El acuerdo ha sido formalizado durante una reunión celebrada en la sede del COE en Madrid entre el presidente del organismo, Alejandro Blanco, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, según ha informado este lunes el Comité Olímpico Español en un comunicado.

La iniciativa combinará actividades deportivas, encuentros con deportistas olímpicos, propuestas educativas, acciones culturales y experiencias dirigidas a escolares, clubes, familias y público general.

Además, la programación pondrá en valor el deporte canario y disciplinas tradicionales del archipiélago como la vela latina canaria, la bola canaria y la lucha canaria, y contará con la participación de deportistas olímpicos isleños como embajadores del proyecto.

Según el COE, esta primera edición nace con vocación de continuidad y aspira a convertirse en una referencia para futuras iniciativas similares en otros territorios, con el propósito de reforzar el vínculo entre el oimpismo y la ciudadanía.

EFEmrgz/jmr