Santa Cruz de Tenerife, 29 jul (EFE).
– El catedrático emérito de Derecho Administrativo de la UNED Jesús Prieto de Pedro ha defendido este martes que el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes marcó un antes y un después en la lucha contra el expolio del patrimonio cultural subacuático, en el que se demostró que la creatividad jurídica puede convertirse en una herramienta decisiva para recuperar bienes culturales sustraídos.
En una conferencia en el II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, el jurista, que participó directamente en la gestión del litigio que se desarrolló entre 2007 y 2012 como director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, explicó que la recuperación del cargamento extraído por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration fue posible gracias a una estrategia jurídica innovadora basada en la inmunidad soberana del buque y no en la aplicación de los convenios internacionales sobre patrimonio cultural.
La fragata española fue hundida el 5 de octubre de 1804 frente al Algarve portugués por la Marina británica cuando España e Inglaterra mantenían formalmente la paz, un episodio que causó la muerte de 249 personas y que, según señaló el catedrático, desencadenó importantes consecuencias políticas y militares, entre ellas la entrada de España en guerra contra Gran Bretaña y, posteriormente, la batalla de Trafalgar.
El ponente relató que Odyssey extrajo del pecio más de medio millón de monedas y trasladó el cargamento a Estados Unidos con el objetivo de que un tribunal reconociera el hallazgo como un descubrimiento realizado en alta mar.
Frente a esa pretensión, España decidió personarse en el procedimiento judicial abierto en Tampa (Florida), en un litigio que Prieto de Pedro calificó de pionero, al enfrentarse por primera vez un Estado contra una empresa cazatesoros ante un tribunal extranjero.
Explicó que la principal dificultad residía en que Estados Unidos no había ratificado el convenio de la UNESCO sobre patrimonio cultural subacuático, por lo que la parte española optó por fundamentar su estrategia en demostrar que Nuestra Señora de las Mercedes era una fragata de guerra al servicio del Estado y, por tanto, protegida por el principio de inmunidad soberana, y no un buque comercial como defendía Odyssey.
Para acreditar esa condición fue necesario desarrollar una amplia investigación documental en archivos civiles y militares españoles que permitió reconstruir la historia completa del buque, desde su construcción hasta su último viaje, explicó el catedrático.
Esa labor archivística, señaló, resultó determinante durante el proceso judicial y llevó al juez federal Mark A.
Pizzo a calificar la prueba presentada por España como una investigación «enciclopédica» e «irrefutable».
Según explicó Jesús Prieto de Pedro, la sentencia reconoció la inmunidad soberana de la fragata y ordenó la devolución íntegra del cargamento, una decisión que posteriormente fue confirmada tanto por el Tribunal de Apelación de Atlanta como por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pese a los recursos planteados por Odyssey.
Destacó que el procedimiento permitió resolver otras cuestiones jurídicas, como las reclamaciones formuladas por descendientes de particulares que habían embarcado monedas en la fragata o por el Estado peruano, así como confirmar la unidad jurídica entre el buque y la carga transportada, rechazando cualquier separación entre ambos elementos.
Prieto de Pedro subrayó además la dimensión ética del fallo judicial, al considerar el pecio una tumba para las víctimas del ataque cuya paz no debía ser alterada por actuaciones de empresas dedicadas a la extracción comercial de restos arqueológicos, y defendió el principio de conservación in situ como criterio esencial para la protección del patrimonio subacuático.
A su juicio, el caso contribuyó también a modificar la percepción social sobre este tipo de bienes, al dejar atrás la visión romántica del cazatesoros para consolidar la consideración de los pecios como yacimientos arqueológicos cuya investigación debe realizarse exclusivamente con criterios científicos.
Prieto de Pedro señaló que el caso de la Nuestra Señora de las Mercedes constituye un precedente internacional que demuestra que la protección del patrimonio cultural requiere combinar el rigor histórico, la investigación y la creatividad jurídica para hacer frente al expolio y al tráfico ilícito de bienes culturales.
El catedrático alertó del deterioro que sufre el patrimonio arqueológico subacuático español y advirtió de que una parte significativa de los pecios localizados en aguas bajo jurisdicción española ya ha sido objeto de extracciones que han ocasionado daños irreparables.
El exdirector general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural reivindicó la dimensión iberoamericana del caso de la Nuestra Señora de las Mercedes, ya que buena parte de las monedas recuperadas fueron acuñadas en América, y defendió que ese patrimonio debe servir para reforzar la cooperación cultural entre España y los países latinoamericanos.
Abogó por impulsar un tratado iberoamericano contra el tráfico ilícito de bienes culturales que complemente los instrumentos internacionales existentes mediante sistemas comunes de identificación de piezas, bases de datos compartidas, controles aduaneros coordinados y la utilización de herramientas de inteligencia artificial para detectar bienes culturales exportados ilegalmente.
EFEacp/spf
