Madrid, 29 jul (EFE).
– Once comunidades gobernadas por el PP han plantado este miércoles al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha tenido que suspender el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria que iba a aprobar el procedimiento para distribuir 150 millones de euros para el programa María Goyri 2026, de los que 5,3 corresponden a Canarias.
El ministerio que dirige Diana Morant ha criticado que estas comunidades hayan «bloqueado» el inicio de este procedimiento administrativo bajo la premisa de que estaban en situación de emergencia debido a los incendios.
Fuentes del ministerio han explicado que la reunión no ha podido celebrarse «exclusivamente por la decisión de varias comunidades autónomas de no asistir, lo que ha impedido alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo».
Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valencia, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares solicitaron ayer que se suspendiera esta conferencia sectorial debido a la emergencia que está provocando los incendios forestales.
La consejera de Educación y Universidades de Madrid, Mercedes Zarzalejo, consideró que «todos los esfuerzos, tanto de la administración central como las autonómicas, deben centrarse en combatir estas devastadoras calamidades» mientras que la de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, incidió en que «no es momento de mantener reuniones ordinarias».
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha recordado que «existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del pleno sin interferir en la gestión de la emergencia» ya que el reglamento permite expresamente que la consejera o consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir.
Según el reglamento de la Conferencia para constituir de forma válida el pleno se necesita la presencia de la mitad más una de las comunidades.
Además de las comunidades que pidieron retrasar esta reunión, Murcia confirmó su asistencia pero no se ha conectado y Aragón ni confirmó ni se conectó.
Solo los consejeros de País Vasco, Cataluña, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra estaban dispuestos a participar en este encuentro, en el que se trataba de hacer un reparto de fondos y «no había ninguna negociación pendiente, ni desacuerdo sobre el reparto», señalan fuentes del ministerio.
El pleno debía ratificar un acuerdo que ya había sido aprobado por unanimidad en la comisión delegada e iniciar de esta forma un procedimiento administrativo imprescindible para transferir los fondos a las comunidades autónomas.
En este sentido estas eran las comunidades que iban a recibir más fondos: Andalucía (21,08 millones), Cataluña (34,88 millones), Madrid (28,30 millones), Comunidad Valenciana (17,84 millones) y Castilla y León (11,08 millones).
El resto de fondos irían a Aragón (3,79 millones), Asturias (1,28 millones), Baleares (1,05 millones), Canarias (5,43 millones), Cantabria (1,13 millones), Castilla La Mancha (4,22 millones), Extremadura (2,03 millones), Galicia (4,23 millones), La Rioja (160.
435 euros), Murcia (5,22 millones), Navarra (1,86 millones) y País Vasco (6,02 millones).
«Quienes han decidido no asistir sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento», recalca el ministerio que avisa de que se retrasará la llegada de 150 millones de euros destinados a financiar los contratos María Goyri y que las consecuencias «recaen sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa».
El ministerio señala que había completado toda la tramitación necesaria para que, una vez celebrado el pleno, pudiera continuarse inmediatamente con el procedimiento administrativo antes de ordenar la transferencia.
«Cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen disponible para que los fondos lleguen con la agilidad prevista», insiste el ministerio que afirma que «ya no puede garantizar que los recursos lleguen a las comunidades autónomas en los plazos inicialmente previstos».
Además, recalcan que el secretario de Estado respondió ayer por escrito recordando que la reunión era telemática, su duración prevista no superaba los treinta minutos, el orden del día constaba únicamente de dos puntos y el reparto ya había sido acordado por unanimidad.
«Existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del pleno sin interferir en la gestión de la emergencia», señalan al tiempo que avanzan que los fondos no se perderán y el ministerio continuará tramitándolos tan pronto como sea posible, pero el calendario inicialmente previsto ya no puede garantizarse.
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