Santa Cruz de Tenerife, 30 jul (EFE).
– El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha advertido este jueves contra la «captura de la justicia», un proceso que está evolucionando hacia su «industrialización» a partir de la inteligencia artificial, lo cual amenaza a la misma democracia mediante la degradación de las instituciones judiciales, políticas y mediáticas.
Garzón, que ha ofrecido la conferencia de clausura del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, ha vinculado esa degradación de las instituciones con «la fabricación industrial de la sospecha», que ya no requiere un funcionario que filtre documentos, un medio de comunicación dispuesto a publicarlos y un relato, sino el manejo consciente de la inteligencia artificial y las redes sociales para automatizar los juicios paralelos.
Esa industrialización acelera la difusión de la sospecha, abarata el coste de las campañas de desinformación y hace que la condena social «sea prácticamente irreversible», porque el objetivo no es la sentencia, sino un espacio mediático y social en el que se decide de antemano la culpabilidad y en el que no caben ni recursos ni la presunción de inocencia.
El magistrado ha vinculado esa «captura de la justicia» con las condenas públicas antes de que se celebre el juicio y con «colaboradores» apoyados por acusaciones populares con intereses políticos directos que obtienen beneficios penales y económicos sin que sus declaraciones sean verificadas de forma independiente.
Situó el origen de muchos de estos problemas en el sistema de nombramientos del Poder Judicial, que, a su juicio, favorece una «colonización institucional» incompatible con la independencia judicial.
Una de las manifestaciones de esa captura de la justicia es la desaparición de la presunción de inocencia, la construcción de relatos cerrados y la inversión de la carga de la prueba, de manera que cuando se produce la sentencia, sea la que sea, el daño ya resulta irreparable porque la condena social se ha consolidado mucho antes que la judicial.
Afirmó que el mecanismo «se ve con nitidez de laboratorio» en el caso contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y alertó de que en otras ocasiones el único propósito es mantener indefinidamente la condición de investigado de alguien, como en el caso de Begoña Gómez, ha señalado.
Para Baltasar Garzón la inteligencia artificial ha multiplicado exponencialmente los riesgos de los juicios paralelos para consolidar «una ingeniería de la percepción que transforma la mentira repetida en una aparente verdad, erosiona la confianza en las instituciones y facilita el avance de discursos autoritarios».
El exjuez ha planteado la necesidad de regular las plataformas digitales y establecer responsabilidades claras para quienes desarrollan o utilizan sistemas automatizados.
Garzón se ha referido además a la reciente sentencia sobre el exministro José Luis Ábalos, que pone de relieve en el lado positivo que el sistema judicial es capaz de perseguir la corrupción en las más altas instituciones.
Pero criticó que las declaraciones del colaborador que ha participado directamente en la actividad delictiva no son suficientemente corroboradas de forma independiente y recibe una «absolución encubierta» acompañada de un beneficio económico.
El mensaje que se envía es que «quien diseña una trama corrupta puede obtener importantes beneficios si calcula adecuadamente el momento y la forma de colaborar», ya que en España no hay un estatuto del colaborador con la justicia, un vacío normativo que atribuyó a una decisión política mantenida durante décadas.
En cuanto a la acusación popular, Garzón reconoció su importancia histórica, pero advirtió de que determinadas organizaciones y partidos la utilizan simultáneamente a la presión mediática y la difusión de declaraciones de colaboradores para construir relatos que condicionan el propio proceso judicial.
Garzón ha defendido que ante la captura de la justicia es necesaria una indignación activa que pasa por reclamar reformas.
En el caso de los colaboradores, ha planteado que se regulen por ley plazos para revelar la información, corroboración independiente, transparencia en los acuerdos con la Fiscalía o decomiso de los beneficios económicos.
También defendió limitar la acusación popular ejercida por partidos y organizaciones políticas en procedimientos relacionados con la corrupción política y reformar el sistema de nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial.
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