Santa Cruz de Tenerife, 29 sep (EFE).
– El Cabildo de Tenerife, A través del Consejo Insular de Aguas, denunciará en los juzgados el derrame de cloruro férrico en la Estación Depuradora de Aguas Residuales comarcal del Valle de la Orotava, como ya ha hecho la empresa Aqualia, encargada de gestionar estas instalaciones, a la que la corporación insular ha abierto un expediente de investigación.
En un comunicado, el Cabildo de Tenerife señala que «la gravedad de lo ocurrido exige una investigación exhaustiva, sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la incidencia».
Abunda en que su interés reside en «conocer con absoluta precisión qué ocurrió, qué provocó la rotura de la conducción, cómo se produjo la salida del producto, qué actuaciones se llevaron a cabo desde el momento en que fue detectado el incidente, si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad y, especialmente, qué hacían personas ajenas a la instalación en sus dependencias».
El Cabildo de Tenerife avanza que será «contundente en la defensa de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas» de la isla y que «no se va a dar por válida ninguna explicación que no esté respaldada por hechos, pruebas e informes técnicos».
«El Cabildo quiere saber qué pasó y por qué pasó, y llegará hasta donde sea necesario para esclarecerlo», subraya el comunicado, en el que informa de que el Consejo Insular de Aguas ha abierto un expediente de investigación a Aqualia para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la incidencia.
Y también para comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la instalación.
Los hechos se produjeron el sábado 26 de septiembre en la EDAR comarcal de Punta Brava, concretamente en el circuito terciario destinado al tratamiento y regeneración del agua depurada para su posterior reutilización en el riego agrícola.
La incidencia provocó la salida de cloruro férrico diluido utilizado en el proceso de tratamiento del agua.
El volumen derramado se estima inicialmente en menos de 1.
000 litros, aunque esta estimación inicial «no permite cerrar el alcance del incidente».
Por ello, el Cabildo de Tenerife reclamará «que se determine con exactitud cómo se produjo la rotura, cuál fue el recorrido del producto, qué consecuencias tuvo y si existieron otros factores que pudieran haber contribuido a lo sucedido».
La institución insular subraya que «no corresponde anticipar conclusiones antes de disponer de todas las pruebas, pero tampoco minimizar unos hechos que afectan a una infraestructura esencial y que deben ser esclarecidos con absoluta transparencia».
El Cabildo exigirá que se determine si existieron fallos de mantenimiento, incumplimientos de los protocolos de seguridad, deficiencias en la vigilancia de las instalaciones o cualquier otra circunstancia relevante, así como las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.
Asimismo, la Corporación insular considera especialmente necesario esclarecer la presencia y acceso de personas ajenas a las instalaciones, determinar en qué circunstancias se produjo y comprobar si se vulneraron los sistemas y protocolos de seguridad establecidos.
Aqualia presentó este lunes una denuncia en el juzgado de guardia de Puerto de la Cruz tras comprobar que el tubo dañado y por el que se produjo el vertido no está sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justifiquen su rotura.
Además, alude en un comunicado a unos vídeos difundidos en redes sociales que apuntan a la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto.
En todo caso, añade la empresa, será la investigación correspondiente la que determine las causas y responsabilidades que pudieran existir.
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