Santa Cruz de Tenerife, 10 ago (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha rechazado definitivamente la declaración del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife como bien de interés cultural (BIC).
El Boletín Oficial de Canarias publica este lunes la resolución de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, firmado por su titular, Migdalia Machín, y por el propio presidente, Fernando Clavijo, en el que se pone fin a la vía administrativa, aunque es recurrible por la judicial.
Esgrime el ejecutivo canario en su resolución que el procedimiento debe concluir con una posición coincidente entre el criterio técnico especializado expresado por la Ponencia Técnica y el criterio institucional adoptado por el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias.
«La convergencia de ambos pronunciamientos dota al expediente de una valoración técnica e institucional plenamente consistente sobre la inexistencia de los presupuestos que justificarían el otorgamiento del máximo nivel de protección patrimonial» al monumento de Juan de Ávalos.
En la resolución publicada este lunes se recuerda que la declaración como BIC del monumento a Franco fue promovida en mayo de 2018 por la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel.
El Cabildo de Tenerife tomó conocimiento de la misma y acordó posponer su pronunciamiento hasta la emisión de un dictamen especializado por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre la adecuación del monumento a la normativa sobre memoria histórica.
En febrero de 2020, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel presentó solicitud de incoación del procedimiento de declaración como BIC acompañada de un informe de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y diversa documentación complementaria, y en marzo de 2021 reiteró su petición.
Fue en octubre de 2021 cuando el Cabildo de Tenerife solicitó informes especializados de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, y la primera institución académica emitió el suyo dos meses más tarde, en el que se concluía que el monumento carecía de valores artísticos excepcionales para merecer tal distinción.
En marzo de 2022, el Cabildo de Tenerife emitió un informe en el que desestimaba las solicitudes de iniciar el expediente BIC, contra el cual la asociación promotora presentó un recurso de alzada que fue desestimado por la presidencia de la corporación insular.
A continuación, presentó otro ante el Juzgado de lo Contencioso 3 de Santa Cruz, que lo estimó y condenó al Cabildo a incoar el procedimiento, lo cual se produjo en septiembre de 2024.
En la tramitación del expediente se solicitaron dictámenes a la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel, que validó la calidad escultórica del monumento a Franco; del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo, en sentido desfavorable a la declaración; del Colegio de Arquitectos provincial, que propuso un concurso de ideas para su resignificación; de la Universidad de La Laguna, que no vio valores artísticos excepcionales; y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, que se mostró favorable a su protección.
A continuación, se abrió un trámite de audiencia e información pública, en el que se presentaron 42 escritos y alegaciones, de los cuales cinco a favor de la declaración BIC, 31 en contra y seis no expresaron un sentido concluyente.
En abril de 2025, el Ayuntamiento de Santa Cruz remitió al Cabildo tres informes emitidos por la técnico de gestión cultural del área de Patrimonio Histórico y por la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP).
Ese mismo mes, el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife presentó dos informes adicionales: uno suscrito por el arquitecto y director científico Carlos Pallés Darias, en defensa de la protección del patrimonio cultural, y un informe histórico-artístico sobre el monumento elaborado por un técnico del Museo de Historia y Antropología.
En enero de 2026, según se recoge en la resolución publicada en el BOC este lunes, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural solicitó al Ministerio de Cultura la anotación preventiva en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, que fue practicada un mes más tarde.
El pasado abril fue convocada la potencia técnica de Patrimonio Arquitectónico del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, y tras el análisis y deliberación del expediente emitió un dictamen desfavorable a la declaración del monumento a Franco como BIC: seis votos en contra, cero a favor y una abstención.
El dictamen fue elevado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, que acordó suspender el plazo máximo para resolver el expediente y solicitó el informe preceptivo del Consejo del Patrimonio Cultural.
Este organismo, en un pleno celebrado el pasado 11 de junio, informó desfavorablemente a la declaración BIC del monumento de Juan de Ávalos con el resultado de 16 votos desfavorables, ninguno a favor y una abstención.
A partir de ahí, se acordó el levantamiento de la suspensión del cómputo del plazo máximo para resolver el expediente y se dispuso la continuación de su tramitación.
Esgrime el Gobierno de Canarias que tiene la competencia para la declaración de BIC y que se han cumplido todos los trámites establecidos en la ley, que otorga al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias el papel de órgano especializado de referencia.
En este punto, insiste en que el informe de este órgano ha de ser positivo para que el Gobierno de Canarias pueda proseguir con el expediente BIC.
Y recalca: «El legislador no exige únicamente la emisión de un informe preceptivo, ni siquiera de un informe determinante, sino que exige expresamente que dicho informe tenga carácter favorable.
Esta exigencia normativa no puede considerarse una mera formalidad procedimental ni un requisito desprovisto de eficacia jurídica.
Antes al contrario, constituye una auténtica condición positiva para el ejercicio de la potestad administrativa de declaración».
«No se trata, por tanto, de un requisito accesorio del procedimiento, sino de un auténtico límite material al ejercicio de la potestad declarativa atribuida al Gobierno», añade el ejecutivo canario en su resolución.
Con lo cual, «cuando el informe emitido por el Consejo es desfavorable, desaparece uno de los presupuestos legales que habilitan el ejercicio positivo de dicha potestad, de manera que el ordenamiento jurídico ya no permite la adopción del decreto declarativo».
Recuerda por último que en dicho Consejo participan representantes de las administraciones públicas competentes, universidades, academias e instituciones científicas y culturales.
EFEjmor/asd
