Volverá a citar a los consejeros para desbloquear el reparto de 150 millones del programa María Goyri
VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) –
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, adelanta que el próximo mes de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará una propuesta en materia universitaria con el objetivo de proteger lo público e impedir esta locura de privatización salvaje que están haciendo algunas comunidades autónomas.
Según avanza Morant, esta propuesta irá un poquito en la línea de las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Julián Garde, quien pidió que los centros adscritos a las instituciones universitarias cuenten también con un informe vinculante de las agencias de calidad para su creación.
En una entrevista con Europa Press, la responsable de la política universitaria del Gobierno aborda esta cuestión y el cumplimiento del real decreto aprobado en octubre de 2025 para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España.
Preguntada por si los gobiernos autonómicos y las propias universidades están cumpliendo con este decreto, Morant señala que hasta ahora, ninguna comunidad autónoma ha propuesto la creación de ninguna universidad. En base a la nueva normativa, todas estas iniciativas deben someterse a un informe de calidad para que puedan ser aprobadas por los ejecutivos autonómicos.
Lo que tiene que quedar claro es que quien aprueba la creación de una nueva universidad pública o privada son las comunidades autónomas por ley, son ellos en los parlamentos, recalca.
La ministra indica que durante los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública en nuestro país, mientras se han creado prácticamente ya 30 universidades privadas durante este cuarto de siglo: En la última década no ha crecido más de un 2% las plazas que ofrecen las universidades públicas y ha crecido un 100% las plazas que ofrecen las privadas.
Esto demuestra, a su parecer, que los mismos gobiernos autonómicos que no están generando plazas y recursos en las universidades públicas son los que están generando una oferta alternativa, no complementaria. Y estamos hablando de más de 3.000 millones de euros de volumen de negocio y de familias que ya se endeudan bancariamente para poder pagar los estudios de sus hijos, advierte.
HAY INTENCIONALIDAD CLARA DE PRIVATIZAR LA UNIVERSIDAD
Es por eso que Morant denuncia que hay una intencionalidad clara de privatizar la universidad y de romper con ese ascensor social que es la universidad pública en nuestro país.
Según argumenta, igual que en la judicatura ahora hay una clase social que ha podido pagar para que sus hijos estuvieran haciendo oposiciones y acabaran de jueces o de fiscales, en la universidad corremos el peligro de que en diez años, no estoy hablando de mucho más, tengamos profesiones copadas por gente que no ha entrado por su nota, ha entrado por el bolsillo de sus padres y que volvamos a generar unas élites sociales y económicas que acaparen, no por mérito, ciertas profesiones que tienen mucho impacto en la sociedad, por ejemplo, medicina.
En la misma línea, la titular de Universidades se muestra absolutamente de acuerdo con el presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en su petición de endurecer los requisitos para la creación de los centros adscritos a las universidades.
Lo intentamos en el decreto de creación de universidades y nos lo tumbó el Consejo de Estado. Eso no quita que volvamos a intentarlo, pero que la gente sepa que ya lo intentamos, subraya, y avanza que Sánchez anunciará una propuesta que irá un poquito en esta línea, aunque todavía no puede detallarla.
NO SE PIERDEN LOS FONDOS DEL PROGRAMA MARÍA GOYRI
Por otro lado, la ministra critica la decisión de varias comunidades autónomas –entre ellas la Comunitat Valenciana– de no asistir a finales de julio a la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, lo que impidió la aprobación definitiva de 150 millones de euros de financiación del programa María Goyri para contratar profesorado ayudante doctor de las universidades públicas.
Estas 11 comunidades pidieron retrasar la sesión por la situación generada en varios territorios como Castellón por los incendios forestales. Sin embargo, Morant remarca que los gobiernos autonómicos podían participar de manera online y hacerlo mediante un director general o un secretario autonómico y no directamente por parte del conseller de Universidades, todo para refrendar un acuerdo que costaba cinco minutos.
¿Qué problema tienen contra los profesores universitarios? Es dinero del Gobierno de España. Solo tenían que apretar un botón en una videoconferencia, señala, y se pregunta qué agenda tenía ese día la consellera de Educación y Universidades, Carmen Ortí, para poner como excusa fuegos como el de la Vall dUixó. Al respecto, recuerda que ella misma estuvo varios días en este incendio y pudo conectarse a otra reunión online con Canarias sin ningún problema.
La titular de Universidades cree, por tanto, que este plantón fue un boicot que no respondía a las emergencias de los incendios, sino que las comunidades presididas por el PP querían nuevamente hacerle daño al Gobierno de Pedro Sánchez, pero a quien se lo hacen es a la sociedad.
En cualquier caso, avanza que su departamento ya ha hecho un save the date y tiene previsto celebrar de nuevo la Conferencia de Política Universitaria en la primera semana de septiembre. En esa reunión espera que los consejeros autonómicos voten a favor del reparto de fondos del programa, por lo que garantiza que ese dinero no se perderá.
Para la titular de Universidades, este plantón muestra de nuevo, al PP boicoteando algo que es bueno para 3.400 familias, ya que explica que este programa supone que pagar el sueldo de 3.400 profesores que se han incorporado a la universidad pública, para lo que el Estado destina 150 millones de euros al año. Por primera vez, el Gobierno de España está pagando sueldos de profesores, subraya, cuando recuerda que no es una competencia estatal.
Además, lamenta que las universidades han estado pagando este semestre esos sueldos confiando en que iban a recibir ese dinero, que el Gobierno transfiere a la comunidad autónoma y esta deriva a las universidades: Es decir, han dejado en una asfixia a las universidades, que han pagado el salario de 3.400 profesores.
Según recuerda, el programa María Goiry se creó tras los grandes recortes del Gobierno de Rajoy, que dejaron a las universidades temblando, porque cuando se jubilaba un profesor universitario directamente se amortizaba esa plaza y así fueron desapareciendo profesores en las universidades.
Hemos llegado a un punto en el que, en un país donde gracias a la reforma laboral la tasa de temporalidad está en el 12% o en el 11%, en las universidades ha estado en el 50%. Uno de cada dos profesores universitarios tenía un contrato temporal, y eso es inadmisible. Que la isla de precariedad en este país sea la universidad, que genera más del 80% de la investigación en nuestro país, es inaceptable, recalca.
