Santa Cruz de Tenerife, 22 may (EFE).
– La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha afirmado este jueves que el Gobierno buscará ser más exigente con las administraciones en la redacción de la nueva ley de transparencia, que también tiene el reto, ha dicho, de ser participada por la sociedad.
Durante una comisión en el Parlamento de Canarias, y en respuesta a la diputada del PSOE Nayra Alemán sobre cómo avanzaba la futura ley, Barreto ha señalado que están aún en fase de borrador si bien la intención es que el texto llegue a la Cámara antes de que finalice la legislatura y se pueda aprobar.
Así, la consejera ha planteado la necesidad de que se establezcan en la ley otros mecanismos, niveles y criterios de transparencia para las administraciones y entidades, algo que probablemente, ha ahondado, provocará que vuelva a haber «malas notas y suspensos» en las calificaciones a la transparencia, pero es necesario darle un «empuje», ha esgrimido.
Nieves Lady Barreto ha admitido que la actual ley no ha conseguido el objetivo planteado de lograr una mayor participación ciudadana, de modo que la tramitación de esta nueva norma debe conseguir una participación «real».
«Podríamos haber limitado la participación, pero hemos abierto un proceso extraordinario y queremos que sean más de 400 personas las que opinen sobre el texto, de modo que volveremos a abrir el periodo e intentaremos concentrarlo en dos meses para agilizar el texto.
El objetivo es que la ley pueda ser aprobada en esta legislatura, que llegue al Parlamento y haya plazo para aprobarla», ha resumido la consejera, que ha resaltado la necesidad de unificar las dos leyes que existen sobre este aspecto.
La diputada socialista Nayra Alemán ha considerado imprescindible revisar el marco jurídico, que ha calificado como «desfasado y fragmentado», y ha dicho estar preocupada por el proceso de tramitación y sobre si se está siendo del todo transparente.
«Tenemos inquietudes sobre incoherencias entre la ley y la práctica.
No siempre ha cumplido el Gobierno con los trámites de información pública, como en la ley de ciencia, así que si aspiramos a construir una ciudadanía transparente, el ejemplo debe comenzar en las administraciones y no permitir el trámite de una ley con opacidad», ha dicho Alemán.
También ha señalado que cabe preguntarse si la participación sobre esta ley va a ser «vinculante o simbólica», y ha opinado que participar en estos textos legales «no es solo opinar sino influir».
Durante la comisión también se han abordado los problemas en los recursos de Medicina Legal de Canarias tras una pregunta de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, que ha planteado las deficiencias generadas en procesos judiciales por la falta de informes periciales «para delitos serios relacionados por ejemplo con menores».
«Sin esos informes periciales no puede avanzar el juicio, se alarga la agonía de las víctimas, así como las medidas condenatorias para el agresor y las reparadoras para las victimas», ha insistido Hernández.
Barreto ha respondido que desde su área se está intentando corregir esas deficiencias principalmente a través de la actualización de la relación de puestos de trabajo de los institutos de medicina legal de las islas, pues uno de los problemas más frecuentes era la imposibilidad de cubrir bajas o jubilaciones porque el personal era de tipo laboral.
Actualmente, además de haber firmado convenios con hospitales de varias islas para que haya suplencias y sustituciones en casos necesarios o sacar a concurso algunas plazas para aumentar las plantillas, ahora mismo la Consejería está en fase de negociación colectiva para la aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT) para solventar los problemas en los institutos de medicina legal.
Barreto, también cuestionada en la comisión por las ratios de policía local, especialmente en municipios de pocos habitantes, ha recordado que debido a las reglas de racionalización del gasto que se pusieron en marcha entre 2012 y 2013 se generó un déficit estructural en algunos ayuntamientos que se arrastra hasta hoy.
Sin embargo, Barreto ha aseverado que los municipios «han hecho un enorme esfuerzo por cubrir de manera ágil dentro de lo posible plazas de policía local» y que desde 2023 se han cubierto más de 400.
A la par, colaboran en la formación de tribunales, revisan las bases de los procesos selectivos y trabajan en convocatorias unificadas.
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