Autor: Redactor

Santa Cruz de Tenerife, 26 may (EFE).

– El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha avanzado que se acoge a su derecho a no declarar este lunes en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en la pandemia de covid-19, al estar imputado ante el Tribunal Supremo.

En principio, la comparecencia de Ábalos estaba prevista para el 28 de abril, igual que la del expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y en ambos casos fueron aplazadas por motivos médicos.

El Parlamento de Canarias investiga en esta comisión parlamentaria contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia, entre ellos un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas por un importe de cuatro millones de euros a la empresa RR7.

También se indaga sobre la compra de material por doce millones de euros a Soluciones de Gestión 12 millones de euros y la compra de test de coronavirus por 5,3 millones a Eurofins Megalab.

EFEjmor/asd/jdm/jmr(Foto) (Vídeo)

Santa Cruz de Tenerife, 26 may (EFE).

– El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, Pedro Andueza, ha comparecido este lunes en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia una reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), en donde ha propuesto que la nueva normativa incluya tres medidas concretas de apoyo fiscal a esta actividad, tanto en descuentos en el IGIC como en el IRPF.

Respecto al IRPF, se ha sumado a la propuesta del comisionado del REF para una deducción gradual en el IRPF de hasta el 60% para autónomos y trabajadores, en función de sus ingresos, para los rendimientos obtenidos en Canarias.

Ese descuento en el IRPF, que tendría un coste de 350 millones de euros, compensaría en parte las barreras estructurales derivadas de la lejanía, la fragmentación territorial y el sobrecoste de emprender en Canarias, ha defendido.

Ha argumentado que aumentaría la renta disponible y por tanto el consumo, mejoraría la liquidez de pequeños negocios, incentivaría la fomalización de la actividad y por tanto reduciría la economía sumergida, y tendría un «efecto llamada» en canarios que residen fuera por razones fiscales.

La deducción del IRPF sería «una herramienta clave para impulsar la competitividad y el desarrollo económico real de quienes deciden emprender en nuestra tierra, reduciendo las diferencias entre un autónomo canario y el del resto del territorio», ha enfatizado.

Pedro Andueza ha propuesto dos medidas fiscales más para favorecer a los autónomos, unos 145.

000 en toda Canarias, una de ellas que estos trabajadores cuyos ingresos anuales sean inferiores a 85.

000 euros queden exentos de declarar y repercutir el IGIC.

La franquicia de los 85.

000 euros beneficiaría al 70% de los autónomos de Canarias, según el presidente de ATA Canarias, que tendrían una reducción significativa de su carga administrativa, burocrática y contable, lo que reduciría el diferencial de precios con la economía informal.

La otra propuesta que ha trasladado el presidente de ATA Canarias a la comisión parlamentaria es ampliar la exención del IGIC por las inversiones realizadas a las personas físicas, no limitarlas a las sociedades limitadas o a las sociedades anónimas.

Los autónomos ejercen en su mayoría como personas físicas y por tanto están excluidos de esa ayuda a la inversión, ha explicado Andueza.

«Es una injusticia fiscal que penaliza a quienes invierten en sus propias herramientas, maquinaria, software, reforma de un local, tecnología o vehículos comerciales» y se trata de premiar la inversión productiva, sin discriminar por la forma jurídica, ha explicado.

El presidente de ATA Canarias ha subrayado que el Régimen Económico y Fiscal no puede llegar solo a una parte del tejido productivo, sino que debe tener «una mirada transversal que entienda que el desarrollo se construye desde abajo hacia arriba».

«Si aceptamos que ser autónomo en Canarias cuesta más, debemos compensar esa desigualdad con medidas fiscales y económicas», ha concluido.

EFEacp/rdg

Las Palmas de Gran Canaria, 26 may (EFE).

– Los rectores de las dos universidades públicas canarias, Lluis Serra y Francisco González, han mostrado este martes su preocupación por lo que entienden como ataques al sistema universitario internacional perpetrados por el Gobierno estadounidense contra Harvard, y han defendido la libertad de los centros superiores de educación.

En un artículo de opinión difundido este lunes, los rectores de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna lamentan que las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump hayan intentado doblegar la universidad «a intereses ideológicos», insistiendo en que son «expresión de una política autoritaria».

Los rectores manifiestan su «profunda preocupación» ante lo que consideran «un ataque directo a la autonomía institucional y al prestigio internacional de Harvard», que se traslada al resto del sistema universitario mundial.

«Hoy, más que nunca, debemos defender la universidad como espacio de libertad, rigor, diversidad y pensamiento crítico.

Y debemos hacerlo con voz firme, unánime y sin ambigüedades», expresan Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Francisco González, su homólogo en la Universidad de La Laguna (ULL).

Especialmente grave consideran la reciente prohibición de visado a estudiantes internacionales que han sido admitidos en Harvard, que atribuyen a «criterios marcadamente arbitrarios» y que supone, a su juicio, «una agresión al principio de apertura y universalidad» que define a la educación superior.

«Esta decisión es discriminatoria y carente de justificación alguna, y solo pretende instrumentalizar la política migratoria para coaccionar la autonomía de las universidades», ahondan Serra y González.

Ambos alertan también sobre la presión ejercida contra políticas institucionales de diversidad y justicia racial mediante «amenazas legales y cuestionamientos públicos», prácticas que entienden que «erosionan los cimientos de la universidad moderna».

Y no dudan en afirmar que este tipo de ataques no son contra una universidad particular, en este caso Harvard, sino que «está en juego el futuro de la universidad como espacio crítico, plural y autónomo».

Por ello, llaman a la comunidad académica española e internacional a no «permanecer en silencio ante estos ataques», puesto que «cuando se pretende intimidar a una de las instituciones académicas más influyentes del planeta, todas las universidades debemos ser contundentes en nuestra respuesta».

«Defender la autonomía universitaria, por tanto, es defender la posibilidad misma de una sociedad democrática informada, crítica y plural», señalan los rectores canarios.

En el artículo, Serra y González expresan su solidaridad y apoyo al equipo rectoral, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios de la universidad estadounidense.

Y aprovechan también para exigir una financiación suficiente para las dos universidades públicas canarias, y que así puedan «seguir ejerciendo su labor con esa necesaria autonomía», motivo por el cual esperan poder contar próximamente «con un contrato programa estable y predecible» por parte del Gobierno de Canarias.

«De igual forma, nos preocupa que en la proposición de ley de modificación de la ley 11/2003, de 4 de abril, sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario de Canarias, que en la actualidad se está tramitando en nuestro parlamento autonómico, se pueda tener la tentación de menoscabar la autonomía y la independencia de nuestras universidades públicas», alertan.

EFEcas/jmr

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 26 may (EFE).

– Un policía local de La Oliva (Fuerteventura) ha resultado herido por arma blanca al intentar detener a un hombre que había provocado un incendio en su casa, en Corralejo, y amenazaba con suicidarse.

El suceso tuvo lugar la mediodía del pasado sábado cuando un hombre provocó un incendio en su vivienda, donde se atrincheró hasta que subió al tejado donde amenazaba con suicidarse, ha informado la Policía Local de la Oliva.

Tras la intervención de la Policía Local, Guardia Civil Bomberos de La Oliva, se consiguió que el individuo saliera del domicilio.

A continuación, se introdujo en otro domicilio donde fue detenido.

Durante la detención, un agente de la Policía Local de La Oliva, resultó herido por arma blanca en el brazo izquierdo.

EFE1011279evs/as

Las Palmas de Gran Canaria, 26 may (EFE).

– El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado que los decretos en vivienda están «dando resultados» al haber permitido el aumento de la construcción de vivienda protegida que superan las 2.

000 al inicio de 2025 frente a las 100 de 2022.

Antes de participar en el foro organizado por el periódico Canarias7, Rodríguez ha indicado a los periodistas que los dos decretos leyes que ha aprobado el Gobierno de Canarias son una muestra de que «la vivienda es una prioridad» en la agenda política y «están dando resultados».

Han posibilitado que «se haya incrementado de manera exponencial la construcción de vivienda protegida», ya que hasta el año 2022 las viviendas protegidas que se registraban eran en torno a 100 por parte del sector privado, y entre 2024 e inicios de 2025 han superado las 2.

000.

Por lo tanto, ha celebrado, «hay un incremento muy importante de la actividad por parte del sector privado a la hora de construir vivienda protegida» y «también se ha acelerado la construcción de vivienda pública» con un plan de vivienda con «objetivos claros».

Al inicio del año 2025 «son prácticamente 2.

000 viviendas públicas nuevas que ya han iniciado las obras, los proyectos o que han iniciado los expedientes», ha recalcado.

Según Rodríguez, con el primer decreto ley «se ha acelerado la actividad para dar respuesta a la emergencia habitacional» y con el segundo se ha conseguido la «agilización de licencias urbanísticas», porque «había una dificultad enorme a la hora de obtenerlas».

Este decreto ley, ha recordado, «crea una figura, la vivienda asequible incentivada, que se suma a la vivienda pública y la protegida para incrementar la oferta de viviendas asequibles».

Este gobierno «está movilizando el mayor número de instrumentos hasta la fecha para dar respuesta a la emergencia habitacional, obteniendo resultados a medio y corto plazo y sentando las bases para tener el problema de la vivienda mucho más encaminado de lo que ha estado en los últimos años», ha asegurado.

El plan de vivienda 2020-2025 finaliza este año y, como ha adelantado el consejero, «se está trabajando en el nuevo plan de vivienda que requerirá que los ayuntamientos cedan suelo», en una tarea en la que están «teniendo respuesta» al abrir la posibilidad de ceder dotaciones y suelo dotacional que no estaba usado para la construcción de vivienda pública.

Para Rodríguez, «se están dando los pasos para tener un nuevo Plan Canario de Vivienda con suelo suficiente en todas las islas».

Ante la preocupación de colectivos sociales y medioambientales sobre que se pueda construir en terrenos que afecten a zonas protegidas, Rodríguez ha apuntado que «todas las medidas de agilización que se están tomando son sobre el suelo planificado, suelo urbano urbanizable, y en ningún caso sobre suelos que no sean ni urbanos ni urbanizables».

Se trata de «destrabar» lo que «estaba planificado desde hace mucho tiempo y que era imposible sacar adelante», pero ha subrayado que la apuesta «no es consumir más territorio» sino aprovechar lo ya construido como es el caso de los siete edificios inacabados adquiridos recientemente para ponerlos a disposición como vivienda pública.

La idea, ha dicho, es «seguir esa línea» la de «seguir trabajando en incrementar la oferta de vivienda sin consumir más suelo».

En lo relativo a la vivienda vacía, el consejero regional ha destacado que han «dado una vuelta» al plan previsto por el gobierno anterior que «fracasó estrepitosamente».

En este sentido, ha destacado la necesidad de «dar una vuelta» al plan y «ser mucho más ambiciosos, dar garantías», porque quien tiene vivienda cerrada y vacía lo hace «porque no tiene garantía suficiente desde el punto de vista jurídico, o bien tiene otro uso que cree que es mucho más rentable».

Por ello, la ley de alquiler vacacional que está en el Parlamento, ha recordado, «va a ayudar a que muchas viviendas vuelvan al mercado residencial», con «garantía jurídica a través de incentivos fiscales», como las medidas incluidas en los presupuestos del año 2025 que permiten que «puedan deducirse hasta 1.

200 euros en la declaración de la renta».

Para Rodríguez, «hay que seguir trabajando en ofrecer más garantías para tratar de seducir a muchos propietarios a que vuelvan a poner su vivienda en alquiler».

EFE1011668lbl/cda(foto)

Arrecife (Lanzarote), 26 may (EE).

– Un Juzgado de Lanzarote ha condenado a un turista escocés a cuatro meses de prisión y 720 euros de multa por un delito de atentado contra agente de la autoridad, por haber agredido a un agente de la Guardia Civil en el aeropuerto César Manrique, al que tendrá que indemnizar con 10.

416 euros.

Según han informado fuentes de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, 23 de mayo, y se han examinado en un juicio rápido.

Los guardias civiles que prestaban servicio en el aeropuerto de Lanzarote recibieron un aviso del centro de operaciones sobre la presencia de varios pasajeros conflictivos a bordo de un avión de la compañía Ryanair procedente de Edimburgo, Reino Unido.

«Cuando llegaron tres agentes a la aeronave, fueron informados por la tripulación de que varios pasajeros habían tenido una reyerta durante el vuelo, pareciéndose encontrar bajo los efectos de alguna sustancia», señala la AUGC.

Los guardias civiles intentaron tranquilizar a un individuo de 36 años, que mostraba una actitud hostil, «pero no pudieron evitar que este les propinara patadas y puñetazos, causando a uno de ellos la fractura de uno de los dedos de la mano», añade la asociación.

El turista fue detenido, pasó a disposición judicial y fue condenado en un juicio rápido.

«Esta es una más entre las frecuentes agresiones que sufren los guardias civiles con motivo del desalojo de pasajeros conflictivos de las aeronaves, lo que se viene repitiendo desde hace tiempo en este aeropuerto de Lanzarote, debido a una plantilla manifiestamente insuficiente para un aeropuerto que recibió, durante 2024, casi nueve millones de pasajeros», opina la AUGC.

EFE1012213sgc/jmr