Autor: Redactor

Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).

– El Rocasa Gran Canaria ha hecho oficial este miércoles el fichaje de la extremo derecho chilena Michaella Bocchieri para la plantilla de la temporada 2025-2026 en «una apuesta firme del club por el talento joven con proyección internacional», ha anunciado el equipo en un comunicado.

Con solo 19 años, Michaella Bocchieri aterriza en la isla procedente del BM Pozuelo, su primer club profesional, donde ha competido las dos últimas temporadas y «ha demostrado un crecimiento progresivo y constante en el alto nivel competitivo», pero que ahora da «un paso importante en su carrera» con su fichaje por el Rocasa Gran Canaria.

Bocchieri forma parte de los planes de la selección nacional de Chile, con la que lleva ya tres años integrando sus programas y convocatorias en categorías inferiores, por lo que su experiencia internacional, su intensidad sobre la pista y su carácter competitivo la han convertido en «una de las jugadoras más prometedoras de su generación».

En sus primeras palabras como jugadora del Rocasa Gran Canaria, la chilena ha mostrado su ilusión por «la oportunidad» de recalar en un club como el grancanario, para el que «tengo muchas ganas de empezar a trabajar, de darlo todo, aprender y aportar todo lo posible al equipo y a seguir creciendo».

La joven extremo derecho se describe como una jugadora luchadora, comprometida y constante, que no baja los brazos y que trabaja cada día para dar la mejor versión de sí misma en beneficio del colectivo.

Desde el club han resaltado que su presencia en el extremo derecho «busca dotar al equipo de profundidad ofensiva, velocidad y eficacia en momentos decisivos», a la vez que le han deseado éxitos y una rápida adaptación.

«Sé que Rocasa es un club de referencia en España, lo llevo siguiendo desde que empecé a jugar a nivel profesional.

Cualquier aficionado al balonmano femenino conoce su trayectoria y lo que representa», ha destacado.

Con esta incorporación, el Rocasa Gran Canaria continúa confeccionando una plantilla equilibrada, que combine juventud y experiencia, con el objetivo de seguir compitiendo al más alto nivel en la Liga Guerreras Iberdrola y aspirar a retos importantes en cada competición.

De cara a la temporada 2025-2026, el Rocasa Gran Canaria ha anunciado el fichaje de la extremo izquierdo María Rodríguez y de la extremo derecho Michaella Bocchieri tras las marchas anunciadas de Jhennifer Lopes, Rebeca López, María Cobo, Suhana Bayonas y Sabina Mínguez.

En el apartado de renovaciones, desde el club han dado continuidad a los contratos de Almudena Rodríguez, Martina Lang, Eider Poles, Larissa Da Silva, Silvia Navarro, María Zaldúa, Linnea Sundholm, Lourdes Guerra y el entrenador grancanario Carlos Herrera.

El presidente del Rocasa Gran Canaria, Antonio Moreno, desveló a EFE que solo tendrán tres altas, ya que «el mejor fichaje siempre es la continuidad», en una plantilla que volverá a ser corta de efectivos y a la que subirán dos jugadoras de la cantera.

EFE1012208phd/cda

Santa Cruz De Tenerife, 28 may (EFE).

– La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado 15 años y medio de cárcel para seis hombres acusados de ser los patrones de un cayuco en el que falleció uno de los pasajeros por fallo multiorgánico y deshidratación y hubo otros 11 lesionados.

Para cada uno de los seis procesados el Ministerio Público solicita 15 años y medio de prisión, de los que 6 serían por un presunto delito contra los derechos de los extranjeros en su modalidad agravada, cuatro por un homicidio por imprudencia y seis meses por cada uno de los 11 lesionados.

El Ministerio Público considera que los seis acusados se pusieron de acuerdo para trasladar a 59 personas, todos hombres y de los que cinco eran menores, en una pequeña embarcación que zarpó de Senegal en una travesía que duró diez días y que fue interceptada y remolcada a Tenerife, donde fueron auxiliados por Cruz Roja.

La Fiscalía mantiene que todos ellos organizaron el viaje en connivencia con otras personas no identificadas en origen, donde cobraron a los viajeros entre 500 y 1.

000 euros, y ejercieron junto con un menor funciones propias de los patrones.

Entre ellas, dirigir y capitanear la embarcación, determinar la ubicación de los pasajeros, reparto de alimentos y agua, impartir órdenes y dar instrucciones de que no declararan contra ellos una vez que llegaran a tierra firme.

La embarcación era de tipo cayuco, de fibra, cuya propulsión dependía de 2 motores de 40 caballos que por sus características no era idónea para el trayecto oceánico desde las costas africanas a las Islas Canarias.

El cayuco carecía de cualquier tipo de medida de seguridad relativa al almacenaje del combustible, sistemas de comunicación náutica, luces de posición y deflector de radar, contando con escaso espacio para una travesía con ese número de personas, por lo que podía haber naufragado.

Ninguno de los migrantes disponía de la documentación precisa para acreditar su identidad y medios de vida y la intención era acceder a España por un punto no habilitado para estas funciones.

En el interior del cayuco se encontraba el cuerpo del fallecido, mientras que otras once personas presentaron heridas como infecciones, insuficiencia respiratoria, quemaduras y úlceras, entre otras, lesiones que en algunos casos fueron “muy graves” y requirieron hasta 51 días para su curación.

Los seis acusados se encuentran desde aquel momento en situación de prisión provisional y la previsión es que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial.

EFEnra/asd1012088

Santa Cruz de Tenerife, 28 may (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado una propuesta de Vox para restituir al personal del Servicio Canario de la Salud (SCS) la paga adicional recortada en 2010 con motivo de la crisis económica, una medida que el resto de grupos han subrayado que debe ser negociada entre la administración y los sindicatos en el marco de una financiación adecuada de los servicios públicos.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha defendido la iniciativa de su partido, en la que se proponía establecer un calendario para atender a esa restitución, cuyo coste serían unos 65 millones de euros, alrededor del 1,5% del gasto sanitario.

Galván ha denunciado que el personal sanitario sufre desde 2010 una injusticia retributiva por el recorte de su paga adicional, y ha asegurado que su restitución es económicamente viable, legalmente exigible y políticamente justa.

Ha recordado que su restitución es un compromiso del Gobierno de Canarias y ha llamado a todos los demás grupos a resolver esta «anomalía».

Los otros seis grupos parlamentarios han reconocido que la restitución de la paga adicional es justa, pero la han enmarcado en la negociación colectiva y dentro de una política en la que la sostenibilidad de los servicios públicos es la prioridad.

Miguel Ángel Pérez del Pino, del PSOE, ha acusado a Vox de populismo, de instrumentalizar las demandas sociales y de hipócresía por defender esa restitución mientras pretende bajar impuestos y se opone a cualquier avance en la prestación de servicios públicos.

«El diálogo corresponde a los sindicatos», ha subrayado Pérez del Pino, en lo que ha coincidido con el representante de CC José Alberto Díaz-Estébanez, quien ha subrayado que esta cuestión es objeto de negociación en la mesa general de los empleados públicos.

Para Díaz-Estébanez, no se trata de «quedar bien un día, sino de hacer las cosas bien» y ha señalado que la prioridad es mejorar el sistema sanitario en su conjunto sin perder de vista que la prioridad son los pacientes.

Rebeca Paniagua, del PP, ha coincidido en que la demanda salarial es justa, pero debe encauzarse en la negociación con los sindicatos en la mesa general de los empleados públicos.

Yone Caraballo, de NC-BC, ha recordado a Vox que los servicios públicos se pagan con los impuestos que este partido quiere recortar, por lo que ha tachado la propuesta como un intento populista de «blanquear su ideología».

Jesús ramos Chinea, de ASG, ha propuesto a Vox retirar su iniciativa para negociar una en común entre todos los grupos y Raúl Acosta, de AHI ha defendido que la recuperación de esa paga se haga de forma escalonada y mediante la negociación, como busca el Gobierno de Canarias.

EFEacp/rdg

Santa Cruz de Tenerife, 28 may (EFE).

– El Parlamento de Canarias ha guardado este miércoles un minuto de silencio por la muerte de cuatro mujeres, dos niñas de cinco años y otra de 16, que han fallecido al volcar en el puerto de La Restinga (El Hierro) un cayuco cuando sus ocupantes se disponían a desembarcar.

Unos minutos antes del silencio, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha hablado en nombre del Gobierno de Canarias para expresar su sentimiento de pesar y solidaridad ante esta enorme tragedia.

Manuel Miranda ha hablado también en nombre del Parlamento de Canarias y de la ciudadanía de las islas para exigir el fin del drama de la inmigración, que tantas víctimas se ha cobrado, y ha elogiado la labor del personal del emergencias y sanitarios porque están atendiendo a las víctimas y están desolados.

EFErdg/acp

Santa Cruz de Tenerife, 28 may (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, por unanimidad, un proyecto de ley que avala la compatibilidad del asentamiento rural de Cofete con el parque natural de Jandía, en Fuerteventura.

El texto acordado establece, a través de una enmienda conjunta de PSOE, CC, PP, NC, ASG y AHI, que ese reconocimiento sea retroactivo a 1994, cuando se declaró el parque natural de Jandía pero entonces se obvió al caserío preexistente de Cofete.

Lo que determina esta iniciativa legislativa es una nueva redacción del anexo de reclasificación de los espacios naturales de Canarias del decreto 1/2000 por el que se refundieron las leyes de Declaración de Espacios Naturales de 1987 y de Espacios Naturales de Canarias de 1994.

De modo que pasen a considerarse compatibles con el parque natural de Jandía tanto la localidad de Puerto de la Cruz como el asentamiento rural preexistente de Cofete.

En el debate de única lectura del proyecto de ley, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha recordado que «nada más tomar posesión» adquirió este compromiso con los vecinos de Cofete, al que hoy se da cumplimiento tras un proceso de «diálogo» con la ciudadanía, técnicos y partidos políticos.

Ha indicado que este es «el primer paso» para la consolidación de este asentamiento, pues el definitivo se producirá con la aprobación del plan de ordenación de recursos naturales y plan rector de uso y gestión del parque natural de Jandía.

Miranda ha hablado de «un día importante» para los vecinos, a los que se da «seguridad jurídica», y porque se da «una respuesta satisfactoria a un problema enquistado muchos años».

Rafael Nogales (PSOE) ha aplaudido «la unidad política e institucional» que ha habido en Fuerteventura en torno a esta cuestión.

Natalia Évora (CC) ha alabado «la firmeza, dignidad y coraje» de los vecinos de Cofete, quienes «no solo defienden sus casas, sino la historia, la cultura y la dignidad» del primer asentamiento del sur de Fuerteventura.

María Isabel Saavedra (PP) ha celebrado que se dé una solución a personas que llevan años bajo «la incertidumbre de si su casa sería reconocida» y «sufriendo el olvido institucional», cuestión esta última sobre la que Javier Nieto (Vox) ha planteado una indemnización para los afectados.

EFEjmor/rdg

Las Palmas De Gran Canaria, 28 may (EFE).

– La Comisión Interministerial de Inmigración que preside Ángel Víctor Torres ha remitido al Gobierno canario su propuesta de protocolo para asistir a los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo tras llegar en pateras o cayucos a España a través de este archipiélago.

El «borrador abierto a aportaciones» enviado desde el Gobierno de España al de Canarias responde al auto del Tribunal Supremo que, el 25 de marzo, obligó cautelarmente al Ejecutivo central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que tiene bajo su tutela la administración canaria: unos 1.

200 de los 5.

800 que acoge.

El documento planteado es el resultado del «trabajo intensivo» realizado con la implicación de distintos ministerios en la últimas semanas, fruto del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias en la reunió celebrada el 3 de abril, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Su titular, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han estado en contacto en los últimos días, dada su voluntad de llegar a acuerdos.

Ambos han pedido a sus respectivos servicios jurídicos que se reúnan en los próximos días para tratar de «llegar al máximo acuerdo posible y sacar adelante un protocolo conjunto, con la necesaria colaboración y cooperación interadministrativa, que vele por el interés superior del menor», agregan las fuentes.

En las últimas semanas, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha reiterado la exigencia de que estos menores salgan de las islas para que reciban asistencia en plazas de la red de protección internacional ubicadas en otras comunidades autónomas, lo que aliviaría la sobrecarga que sufre la red de acogida de migrantes de este archipiélago.

Precisamente, este jueves el Tribunal Supremo ha citado a los dos gobiernos para que el estatal informe del cumplimiento de la medida cautelar que le impuso en marzo para que garantizase, en un plazo improrrogable de 10 días, el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores no acompañados que hayan solicitado protección internacional, o manifestado su voluntad de pedirla, y que están a cargo de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma de Canarias.

EFEpcr/jmr

Madrid, 28 may (EFE).

– Quince comunidades autónomas -todas excepto Canarias y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes.

Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, y reflejan que las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.

372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.

216) y Galicia (620).

En la otra cara de la moneda está Canarias, a la que le correspondería tutelar 718 jóvenes y acoge 5.

566 (una diferencia de 4.

848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28).

A través de estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por 100.

000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones.

Los datos han sido transmitidos a las autonomías este miércoles en una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado bajo la presidencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, a modo de reunión previa de la próxima Conferencia Sectorial, para la que aún no hay fecha prevista.

En el caso de Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid y Melilla, el Gobierno ha utilizado datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, ya que la primera comunidad no ha remitido los datos requeridos y el resto no ha comunicado exactamente las cifras que se pedían.

Después de la reunión, que ha durado unas tres horas, el secretario de Estado, Rubén Pérez, ha señalado que ha tenido lugar un «debate tranquilo», en el que la autonomías le han trasladado que el consenso que busca el Gobierno en esta materia «no se constata».

Desde que se aprobó este mecanismo, las comunidades presididas por el PP han mostrado su rechazo frontal y algunas de ellas -Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria- lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El rechazo de Aragón ha dado lugar incluso a recursos cruzados con el Gobierno central en los tribunales.

Pérez ha apuntado que la tasa calculada por el Gobierno, los 32 habitantes por 100.

000 habitantes, es «perfectamente asumible por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas de este país».

Esta «capacidad ordinaria» servirá para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la situación de contingencia migratoria -cuando su ocupación triplique esta capacidad- para comenzar con los traslados y se tendrá en cuenta también para el tema de la financiación por parte del Estado.

En función de los datos conocidos este miércoles, el Gobierno estima que al menos Canarias y Ceuta estarían en situación de solicitar esta declaración y pedir los traslados.

En la reunión de este miércoles no se ha comunicado a las autonomías el número de jóvenes que tendrá que acoger cada una de los alrededor de 4.

400 jóvenes que se trasladarán desde Canarias y Ceuta a partir de este verano, ya que estas cantidades, que dependen de otros criterios además de la población, aún no se han calculado.

Pérez ha hecho referencia al «trágico siniestro» ocurrido este miércoles en El Hierro, en el que cuatro mujeres y tres niñas de entre cuatro y 16 años han muerto y un bebé ha desaparecido al volcar un cayuco con unos 160 ocupantes: «Mientras nosotros estamos en este eterno debate, las cosas siguen pasando», ha lamentado.

Ante esta realidad, ha subrayado, el Gobierno seguirá buscando consensos pero ha advertido que, aunque no los haya, el real decreto ley «va a seguir operando».

De hecho, el Ejecutivo mantiene su previsión de comenzar con los traslados de alrededor de 4.

400 jóvenes este verano.

EFElll/mcm

Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).

– La Comunidad Autónoma de Canarias podrá efectuar una nueva emisión de deuda pública por valor de 100 millones de euros, apta para materializar las dotaciones con cargo a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), y se prevé que la operación se efectúe en el último trimestre del año.

Según ha informado este miércoles en un comunicado la Consejería de Hacienda regional, esta emisión va a ser posible al haber sido autorizada por el Consejo de Ministros de ayer, 27 de mayo.

En la nota, la Consejería recuerda que el Consejo de Ministros autorizó en febrero de 2024 a Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 707.

256.

739 euros hasta el 31 de diciembre de 2025, que podrán instrumentarse a través de préstamos y/o bonos y obligaciones.

Dentro de esa cantidad, el Gobierno de Canarias ya emitió el pasado mes de noviembre deuda pública apta para materializar las dotaciones a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) por valor de 150 millones de euros.

Con esta nueva emisión ya son 250 millones de euros los que el departamento que dirige Matilde Asián habrá colocado en los mercados para facilitar el acceso de empresarios y pequeños inversores a este tipo de instrumentos, con el beneficio que suponen en cuanto a rentabilidad financiera y fiscal.

Para Matilde Asián, la anterior emisión registró un éxito de solicitudes y permitió un reparto amplio nominal de la inversión que confía se repita en esta ocasión.

Además, la consejera ha incidido en que la emisión de bonos RIC supone «un menor coste financiero en el endeudamiento de la comunidad autónoma, ya de por sí muy poco endeudada respecto al resto de comunidades, y permite destinar ese ahorro de intereses a otro tipo de políticas de carácter social».

De hecho, tal y como establece la autorización, el Gobierno de Canarias destinará esta emisión de deuda a financiar el gasto en proyectos que se corresponden con inversiones en infraestructura y equipamiento, de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario o de rehabilitación de viviendas protegidas.

Con esta operación se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en cuanto al destino de la emisión a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario con el límite del 50 % de las dotaciones efectuadas en cada ejercicio y demás normativa de aplicación.

EFEcda/mrgz

Santa Cruz de Tenerife, 28 may (EFE).

– El Cabildo de Tenerife ha informado este miércoles del rechazo a la construcción de dos parques eólicos en los municipios de Fasnia y Güímar por «poner en riesgo el patrimonio natural» de la isla.

Los proyectos afectan al entorno del Barranco de Fasnia y Güímar, espacio protegido con la categoría de Monumento Natural y parte de la Red Natura 2000.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha apuntado en una rueda de prensa que aunque defienden «con firmeza» el desarrollo de energías limpias y renovables, no lo van a hacer «a costa de la naturaleza».

«La sostenibilidad no puede construirse destruyendo aquello que precisamente queremos proteger», ha ahondado Dávila, que se ha situado así con las corporaciones locales de ambos municipios, que también habían mostrado su rechazo a los proyectos“Apoyamos su posición y compartimos su preocupación.

No se puede tomar una decisión de este calado sin tener en cuenta a los municipios afectados ni al entorno natural que se vería directamente perjudicado”, ha expresado Rosa Dávila.

Así, según el informe elaborado por la Dirección Insular de Planificación Territorial, Patrimonio Histórico y Paisaje, tanto la ubicación prevista para los aerogeneradores como el trazado de las líneas eléctricas de evacuación «inciden negativamente» en los valores ambientales, paisajísticos y faunísticos del enclave.

En particular, se señala el riesgo para especies protegidas, la alteración del hábitat natural y la pérdida de calidad visual del paisaje, aspectos especialmente sensibles en un espacio protegido de este nivel.

El informe ha sido trasladado este miércoles al Consejo de Gobierno del Cabildo, que ha tomado conocimiento de su contenido, y será remitido en los próximos días a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, dentro del procedimiento de evaluación ambiental y autorización administrativa que gestiona el Ejecutivo regional.

A raíz de esta evaluación, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha insistido en que rechazan esa ubicación porque invade un entorno con un altísimo valor ecológico y paisajístico.

El Cabildo ha recordado que el Barranco de Fasnia y Güímar no es solo un elemento del paisaje, sino que alberga importante biodiversidad, incluidas especies endémicas, y cumple funciones ecológicas esenciales como corredor natural y espacio de refugio para aves protegidas.

«Su protección no es decorativa ni simbólica.

responde a criterios científicos, técnicos y legales que deben ser respetados», ha afirmado.

Además, el Cabildo ha subrayado que la transición energética debe realizarse con planificación, participación y con un firme compromiso de respeto al medio natural.

EFEcmg/asd

Santa Cruz De Tenerife, 28 may (EFE).

– La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno, Jesús Javier Plata, y con responsables de AENA, para solventar «el colapso» que se registra en el control de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur.

Recientemente más de 500 pasajeros esperaron durante horas en una sala atestada sin que todos los puestos de control estuvieran operativos, han advertido este miércoles la presidenta Rosa Dávila y el vicepresidente y consejero de Turismo insular, Lope Afonso, en una rueda de prensa.

Al respecto, Rosa Dávila ha criticado la falta de respuesta del Ministerio del Interior tras haber enviado una carta formal a su titular, Fernando Grande-Marlaska, mientras que Afonso ha advertido sobre el impacto directo de estas escenas en la imagen turística de Tenerife como destino internacional de primer nivel.

La petición se produce tras el episodio registrado el pasado lunes por la noche, cuando más de 500 pasajeros permanecieron durante horas esperando en una sala atestada para pasar el control fronterizo, una situación que ha sido denunciada por los afectados y que evidencia, una vez más, las graves deficiencias en este servicio esencial, ha añadido Dávila.

Ese día la coincidencia de varios vuelos procedentes del Reino Unido generó un volumen especialmente elevado de pasajeros, entre los que se encontraban numerosas familias y menores.

En estos casos, los menores están obligados a pasar por el control manual de pasaportes, ya que no pueden utilizar el sistema automatizado.

Sin embargo, ese día no había efectivos suficientes de la Policía Nacional en los diferentes puestos de control, lo que agravó el colapso y prolongó aún más las esperas.

La situación afectó particularmente a los pasajeros más vulnerables, generando escenas de malestar y desconcierto totalmente inaceptables en un aeropuerto que recibe millones de turistas cada año.

Desde el Cabildo de Tenerife se han realizado diversas gestiones ante el Gobierno del Estado para exigir soluciones y Rosa Dávila remitió una carta formal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en noviembre de 2024 alertando de esta situación, sin haber obtenido más respuesta que un acuse de recibo y un escueto “muchas gracias”.

“Es una falta de consideración hacia esta isla y hacia el esfuerzo que estamos haciendo desde lo local para sostener los servicios esenciales”, ha manifestado Dávila.

La presidenta insiste en que no se puede seguir mirando hacia otro lado porque, ha añadido, se trata de una situación estructural, no un hecho aislado «y no podemos continuar operando con el mismo número de agentes que antes del Brexit”.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha señalado el impacto que este tipo de situaciones tiene en la imagen turística de Tenerife.

“No podemos permitir que el primer contacto de nuestros visitantes con la isla sea una espera interminable bajo condiciones incómodas, después de horas de vuelo.

Esto afecta directamente a la experiencia del turista y a la reputación de Tenerife como destino de calidad”, ha afirmado.

Afonso ha advertido que “las infraestructuras aeroportuarias deben estar a la altura del liderazgo turístico de la isla” y ha recordado que “Tenerife compite con destinos internacionales que ya han adaptado sus sistemas de control tras el Brexit”.

Añade, además que “el turismo es nuestro motor económico y no podemos seguir maltratándolo.

Exigimos al Estado que cumpla con su responsabilidad y actúe con urgencia para evitar que estas escenas se repitan”, concluyó Lope Afonso.

EFEasd/cmg