Santa Cruz de Tenerife, 20 jun (EFE).
– La Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades del tercer sector de las islas han presentado este viernes una guía de buenas prácticas para la atención de los menores migrantes, fruto de la experiencia acumulada de varios años, con la que aspiran a liderar un sistema nacional de acogida centrado en los derechos de la infancia.
Europa y España han fracasado en el tratamiento del fenómeno de la migración, «no estamos respetando los derechos de los menores y eso es lo que estamos tratando de cambiar» desde Canarias, donde «hemos aprendido a la fuerza», ha manifestado el presidente autonómico, Fernando Clavijo, en la presentación de esta guía de buenas prácticas.
Estas buenas prácticas sirven para contar con un sistema homogéneo con el que responder a esos niños y niñas que viajan solos cuando lleguen a Canarias, a Andalucía, a Baleares o cuando sean acogidos en cualquier territorio, ha explicado Clavijo.
La guía es fruto de un trabajo compartido de las instituciones y de más de cincuenta entidades y organizaciones no gubernamentales de Canarias involucradas en la atención a los menores sin acompañamiento.
En el archipiélago hay acogidos en más de 80 centros unos 5.
700 menores migrantes solos, de los cuales unos mil que han solicitado asilo y están pendientes de que el Estado los incluya en su sistema de protección, como ha ordenado el Tribunal Supremo.
El resto deberían ser distribuidos entre todas las comunidades autónomas como establece el artículo 35 de la Ley de Extranjería recientemente modificado pero que aún no se ha aplicado.
«Era impensable que todo un Tribunal Supremo tuviese que dictar un auto con una medida cautelar para proteger el interés superior del menor» y era «absolutamente impensable» que siga habiendo tanta resistencia a proteger el interés superior del menor, ha denunciado Clavijo.
La realidad es que «ni un solo niño ha sido dado de alta en el sistema de protección internacional» del Estado y que la distribución de los menores entre las comunidades está pendiente de una Conferencia Sectorial el 27 de junio, ha protestado.
La guía de buenas prácticas presentada este viernes parte de que la atención de la infancia no acompañada es una responsabilidad colectiva del conjunto del Estado y de que el interés superior del menor debe ser el principio rector de las decisiones políticas.
Tienen derecho a una atención especializada, multidisciplinar y enfocada a sus derechos; tienen derecho a recibir una respuesta diferenciada, porque hay víctimas de género o de explotación sexual o afectadas por problemas de salud mental; y tienen derecho a una planificación de su transición hacia la vida adulta.
«Es imprescindible una estrategia estatal que homogeneice estándares y refuerce la coordinación» y que tenga a las entidades sociales por aliadas, establece la guía.
Juan Carlos Lorenzo, portavoz en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha subrayado que ante la intensidad y brutalidad de los efectos que impone la realidad de los menores migrantes es imprescindible «un verdadero pacto de país, no partidista, pero sí político», y ha puesto de relieve cómo las instituciones, el tercer sector y las entidades sociales de Canarias están alineadas en esta respuesta.
«Sabemos que esto solo se aborda de una manera conjunta y compartida» con «un objetivo pragmático» y con alternativas operativas que garanticen los derechos de la infancia de los niños y niñas migrantes.
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Franscisco Candil, ha subrayado que las instituciones canarias, el tercer sector y toda la sociedad de las islas actúan como aliados para dar una respuesta a los menores desde el respeto a los derechos humanos y a las convenciones internacionales.
«Tenemos que tener claro que seguimos viviendo las mismas circunstancias de saturación y de hacinamiento de muchos centros», y que «lo afrontamos en estricta soledad», pese a lo cual hay que seguir mejorando la respuesta para que estos menores vean respetados sus derechos.
Todo el mundo dice que se indentifica con los derechos de la infancia, pero cuando se trata de garantizarlos pasan a formar parte del «barrizal político», ha denunciado Candil.
Por eso «queremos ir construyendo un sistema de protección liderado desde Canarias» en el que participen España y Europea, ha reivindicado.
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