Santa Cruz De Tenerife, 23 jun (EFE).
– Gobierno canario y cabildos han acordado este lunes remitir a las comisiones técnicas de cada isla el nuevo marco de cooperación 2025-2028 para la prestación de los servicios de dependencia con el objetivo de evaluar su coste «real y efectivo» ante una situación de «asfixia» por parte de las entidades del tercer sector.
Son las palabras con las que ha definido la situación el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha recordado que el vigente convenio expira el 31 de diciembre de este año y se está llevando a cabo un trabajo técnico para llegar al coste real en este ámbito, que puede aproximarse a unos 140 millones de euros.
Esta nueva hoja de ruta pasará en los próximos días por las Comisiones Mixtas de los Cabildos y supondrá “la transformación” del sistema de dependencia en Canarias ya que redefine “las competencias de las administraciones, mejora la financiación y hará justicia con las personas que más lo necesitan”, ha añadido.
El presidente Clavijo reconoció el papel de los cabildos “en un asunto prioritario” y destacó la voluntad de “llegar a acuerdos en Canarias que repercutan en mejorar la calidad de vida de los canarios y canarias frente a la incertidumbre y crispación estatal”.
En cuanto al nuevo convenio para fortalecer el sistema de cuidados en las islas, reconoció las dificultades para ordenar un sistema de dependencia que parte del incumplimiento del Estado, pues subrayó que la financiación estatal solo alcanza el 22 % cuando la normativa establece que debe aportar el 50 %.
«No estamos siendo lo suficientemente eficientes» para captar esa financiación estatal, ha admitido Clavijo.
El marco de cooperación, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, y que una vez aprobado entrará en vigor con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025, recoge la creación de un Protocolo ante Situaciones de Emergencias Sociosanitarias, en coordinación con los cabildos y el Servicio Canario de la Salud, así como la actualización del precio por plaza de forma progresiva hasta 2028.
Esto se traduce en un incremento de un 23,49 % (pasando de 86,15 € por plaza/ día en 2024 a 106,39 € por plaza/día en 2028) en el caso de las plazas para residencia mayores con alto requerimiento sanitario; un 25,28% en el caso de las plazas en residencias de requerimiento medio (de 70,83 € a 98,46 € por plaza/día); o un incremento del 56,11 % en el caso de las plazas en centros de día para mayores (pasando de 39,17 € a 61,15 € por plaza/día).
El gasto en transporte para personas usuarias, financiado íntegramente por la Comunidad Autónoma de Canarias, se actualiza tras la aprobación de este nuevo marco de cooperación, pasando de 9 a 16 millones de euros con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la ampliación de plazas y servicios.
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) también contempla mejoras en materia de financiación, pues se recoge una actualización del coste por hora establecido en 14 euros/hora a 22 euros/hora y que coincide con el precio fijado por el Ejecutivo en la licitación del servicio de ayuda a domicilio para las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, que se encuentran en su última fase de tramitación.
El nuevo convenio mantiene la competencia de los cabildos en la gestión y asignación de plazas, así como determina nuevas obligaciones relacionadas con la herramienta digital SIDECAN para el seguimiento y la evaluación del sistema, gestión de listas de espera.
Sobre esta cuestión el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha puntualizado en declaraciones a los periodistas que el convenio de dependencia sigue sin firmarse y tenía que haber estado en vigor desde el 31 de diciembre de 2024, por lo que ha expresado su preocupación «para que esto se cierre».
Es una situación que afecta a más de 20.
000 ciudadanos por lo que Hidalgo ha confiado en que, tras las comisiones mixtas, se celebre una mesa sectorial con la Consejería de Bienestar Social ante una cuestión «compleja y preocupante».
Augusto Hidalgo ha señalado que en Gran Canaria dependen 8.
000 personas y varias entidades del tercer sector «que están viendo cómo estamos sacando los concursos, pero que no tienen cobertura económica ni una competencia que no es estrictamente nuestra».
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