Las Palmas De Gran Canaria, 26 jun (EFE).
– Un miembro del consejo de administración de Emalsa en 2008, e imputado en el juicio que se sigue por el supuesto quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, ha afirmado este jueves que volvería a apoyar la concesión del contrato de saneamiento a la empresa Sercanarias.
En la cuarta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra los quince acusados en la causa, el ingeniero civil José Manuel Calderero, que pertenecía a Saur, uno de los socios privados de Emalsa junto a Valoriza en ese entonces, solo ha contestado a las preguntas formuladas por su defensa y ha recalcado que «hoy volvería a votar lo mismo» porque se mejoraba el servicio.
El contrato de mantenimiento del alcantarillado es uno de los muchos que firmó Emalsa con Sercanarias cuya legalidad cuestionan tanto la Fiscalía como las otras tres acusaciones que figuran en el proceso, ya que sostienen que se prescindió «de la normativa aplicable» valiéndose de la posición mayoritaria que ostentaban los dos socios privados de la empresa mixta en el consejo de administración, que, a su vez, eran socios únicos de la empresa adjudicataria.
Este acusado, el primero que declara, ha indicado que solo tuvo que ver con ese contrato, puesto que los demás fueron posteriores a su salida del consejo.
Según ha precisado, fue reemplazado del consejo el 23 de octubre de 2008 y el último al que asistió se celebró 12 días antes, cuando votó a favor del contrato con Sercanarias, en cuyo proceso de adjudicación no participó porque competía a Emalsa y porque, debido a sus responsabilidades en otras empresas y países, «no podía entrar al detalle de este tipo de cosas».
Ha explicado que ese contrato fue abordado en varios consejos desde enero de 2008 y que se decidió prescindir de la empresa Urbaser por los problemas técnicos existentes para prestar el servicio.
En principio, ha dicho que se decidió que Emalsa asumiría provisionalmente lo que dejaba Urbaser con ayuda de Sercanarias mientras se buscaba una solución definitiva, pero después la propia empresa de aguas quiso asumir el contrato, aunque lo desechó por problemas financieros y de personal.
Finalmente, se optó por Sercanarias dadas las buenas relaciones y la coordinación que mantenían ambas compañías y a que los técnicos de ambas se conocían y «funcionaban bastante bien», ha detallado entre otras cuestiones.
Según este acusado, los consejeros de los socios privados y del Ayuntamiento estaban a favor, si bien el presidente del órgano, el entonces alcalde socialista Jerónimo Saavedra (2008-2011), pidió una evaluación jurídica, que Emalsa encargó al despacho Gómez Acebo.
El informe avalaba la legalidad de la contratación con Sercanarias y se presentó al consejo de administración, si bien a ese no pudo asistir, ha referido el procesado, que también ha apuntado que Saavedra no cuestionó ese documento.
En relación al contrato de la regulación de prestaciones accesorias por parte de los socios privados con el Ayuntamiento, que también es cuestionado por las acusaciones, ha señalado que en todas las empresas en las que ha trabajado es «totalmente normal», si bien ha precisado que tampoco intervino en el mismo porque fue posterior a su marcha.
El testigo de la defensa Justino Sagredo, que fue director de la zona de Canarias de Urbaser desde 1991 hasta 2012, ha indicado que la empresa dejó el servicio del traslado de lodos que prestaba a Emalsa porque, al acabarse el contrato en 2007 y renegociar el nuevo con las condiciones que se planteaban, «no daba ni para pipas».
Así mismo, ha señalado que el que era entonces director general de Emalsa y también acusado, Yerard Thierry, se negó a aceptar las nuevas condiciones para continuar con el contrato del traslado de lodos.
Emalsa proponía un precio por viaje transportado y sin garantizar las toneladas a trasladar de lodo, ha indicado el testigo, que ha apuntado que cree recordar que se les abonaba 40 euros por cada transporte desde la estación depuradora de Barranco Seco al vertedero de Salto del Negro y al de Juan Grande.
En cuanto al mantenimiento del alcantarillado de la ciudad, del que también se encargó Urbaser desde 1991, ha expuesto que incluía la limpieza de la red y hacerse cargo de las roturas y obstrucciones, y ha dicho que no se les prorrogó en 2008.
El testigo ha referido que en 2007 la red de alcantarillado podría medir entre 600 y 900 kilómetros y no tenían obligación de hacer un mantenimiento preventivo en un tiempo establecido, sino que lo supervisaba el Ayuntamiento y les indicaba los servicios que debían cubrir.
Había zonas a las que tenían que acudir todas las semanas, como la de Bravo Murillo y Juan XXIII, y otras a las que no se fue nunca porque no hacía falta, ha detallado, para luego aclarar que la limpieza preventiva se hacía a criterio primero del Ayuntamiento y luego de Emalsa, con quienes nunca hubo problemas con las facturas.
En esta sesión del juicio, se ha dado por reproducida la declaración en fase de instrucción de uno de los principales testigos de la causa ya fallecido, Rafael Bolívar, el funcionario municipal que fue jefe de la Unidad Técnica del Agua del ayuntamiento e interventor durante 18 meses de la empresa de aguas.
Este testigo elaboró los cinco informes sobre Emalsa, el quinto de ellos advirtió de incumplimiento contractuales y recomendaba su resolución.
EFEcda/cas