Santa Cruz de Tenerife, 5 jul (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una pena de 5 años de cárcel a un hombre por vender cocaína y hachís en una gasolinera situada cerca de un centro comercial de Adeje (Tenerife) y dos condenas de 4 años a cada uno de los dos acusados encargados de su suministro.
También ha ordenado el pago de 20.
000 euros a dos de ellos y 600 al tercero, a la vez que se absuelve a una mujer que era pareja de quien vendía las drogas y que había sido condenado por el mismo delito a 7 años de cárcel, cumplidos en 2016.
Pore medio de diversas fuentes, la policía tuvo conocimiento de que este último distribuía cocaína y hachís a través de la mencionada estación de servicio, por lo que desplegaron dispositivos cerca del establecimiento, llevaron a cabo seguimientos, vigilancias y se interceptaron sus llamadas.
De esa manera se llegó a detectar cómo transportaban las sustancias, preparaban dosis, las vendían y recibían dinero, entre otras acciones que se consideraron ilegales.
A partir de ahí se confirmó que la pareja adquiría estas sustancias a otro acusado que residía en Tacoronte, al que visitaban de forma regular para comprarla y hacer los pagos, y que el hombre utilizaba la casa de su madre en este municipio para guardar el dinero.
Durante las investigaciones también se confirmó que existía otra persona involucrada, que era un vecino de Santa Úrsula, y que ha sido condenado por suministrar la droga.
Con el fin de no ser descubiertos tomaban medidas de seguridad como cambios de números de teléfono y terminales, precauciones en sus desplazamientos, uso de terminología para referirse a las sustancias y determinadas alertas sobre vigilancias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
En las entradas y registros de la pareja y en su vehículo se encontraron casi 70 gramos de cocaína con entre un 91 y un 96% de pureza, cerca de 500 gramos de hachís, sustancias de cuya venta se habrían obtenido unos 9.
000 euros.
En la casa de la madre del acusado se hallaron cerca de 29.
000 euros, y unos 5.
200 en la de otro procesado donde había alrededor de 1,5 kilos de hachís, cuya venta habría reportado unos beneficios de 16.
000 euros, y restos cocaína en el inodoro, al intentar deshacerse de ella.
En la vivienda del tercer procesado se hallaron 90 gramos de hachís, por los que se habrían obtenido 500 euros, y 7.
000 euros en efectivo.
A continuación se decretó la prisión provisional de los dos primeros acusados de delitos contra la salud pública, y la Fiscalía solicitó entre cuatro años y medio y nueve de prisión y el pago de hasta 48.
000 euros, mientras que las defensas pidieron la libre absolución.
El juicio se celebró durante dos sesiones a finales de 2024 y principios de este año, tras la que se emitió la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La sala da como hechos probados que entre enero de 2019 y julio de 2020 los condenados llevaron a cabo esa actividad, uno de ellos en el exterior de la gasolinera y que era quien se desplazaba cada cierto tiempo hasta Tacoronte y Santa Úrsula para adquirir la mercancía a los otros dos encausados.
Las defensas plantearon supuestas irregularidades durante el procedimiento como que se transcribieron partes sesgadas de las conversaciones telefónicas, no se reconocieron las voces, falta de motivación en las entradas y registros, y que la inspección se llevó a cabo basándose en meras suposiciones.
La respuesta de la sala ha sido que resulta “difícil cuestionar la legalidad de las resoluciones judiciales tan bien fundamentadas como las emitidas por el Juzgado que se defienden por sí solas.
La instrucción no puede calificarse en términos globales sino como excelente en cuanto a garantías de los derechos fundamentales”, indica el fallo.
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