Insiste en el daño por las críticas de políticos a los jueces, avisa de que queda pendiente la reforma del CGPJ y evita valorar la amnistía
ESTRASBURGO (FRANCIA), 8 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea se ha hecho eco este martes en su informe sobre la salud democrática de los Estados miembro del caso Koldo y de la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos; en una evaluación sobre España que recoge avances en medidas de prevención pero alerta del alto riesgo de corrupción en la contratación pública y financiación de partidos.
La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, describe el informe anual sobre el Estado de derecho publicado por el Ejecutivo comunitario.
En las veinte páginas que dedica a España, Bruselas no señala riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación, incluida la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Bruselas reclama desde hace años como continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
En el capítulo sobre la lucha contra la corrupción, el documento recuerda que la ley de protección al denunciante de 2023 obliga al Gobierno a presentar una amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción a más tardar en septiembre de 2024, pero ese trabajo está aún por empezar.
También identifica primeros pasos para reforzar las normas sobre conflicto de intereses de altos cargos y para regular los lobbies y reforzar la independencia y poder de la Oficial de Conflictos de Interés, pero señala también que no ha habido avances para mejorar las reglas sobre el conflictos de interés en las distintas administraciones del sector público.
En este contexto, Bruselas incluye en sus recomendaciones específicas a España una llamada para impulsar el proceso legislativo para fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altos cargos ejecutivos, incluido reforzando aún más la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses.
El informe identifica algunos avances para atender a las recomendaciones del pasado año para reducir los tiempos de las investigaciones y enjuiciamientos de los casos de corrupción de alto nivel, por ejemplo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de recursos adicionales. El Gobierno reconoce que los casos de corrupción tardan más debido a su naturaleza cada vez más compleja y ha tomado medidas para fortalecer los recursos humanos en el sistema judicial, indica el informe.
En su repaso a los casos más graves de corrupción del último año, la Comisión se hace eco de la investigación de un presunto caso de corrupción vinculado a la pandemia de coronavirus por el que ha sido encausado un exministro y diputado, en referencia velada a la situación de José Luis Ábalos y el caso Koldo. También recoge que la Fiscalía Europea ha informado de cuatro casos de corrupción en España.
No obstante, la evaluación de los expertos comunitarios identifican otras lagunas en el marco legislativo anticorrupción respecto de los sobornos en el extranjero, ya que, aunque se han tomado medidas para detectar estás prácticas ilícitas desde distintas fuentes, el índice de aplicación de la ley sigue siendo bajo, con apenas dos casos cerrados exitosamente desde 2016.
En cuanto al pluralismo y libertad de medios, la evaluación comunitaria indica que no se han realizado más avances en la mejora del acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre el acceso a documentos oficiales y reclama avances.
También constata que a pesar de los pasos previstos a través de propuestas legislativas en curso, los periodistas continúan enfrentando desafíos crecientes en relación con las condiciones laborales y la seguridad.
REFORMA DE LA JUSTICIA E INDEPENDENCIA DEL FISCAL GENERAL
La Comisión dedica asimismo parte de su evaluación sobre España a la controversia por la reforma puesta en marcha por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, aunque evita expresar una posición clara sobre la situación. Actualmente hay acciones de protesta por parte de jueces y fiscales que reflejan tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial, indica el texto, que informa de la huelga para pedir la retirada del proyecto de reforma y de que el CGPJ declaró que las huelgas en el sector no están reguladas.
Otra de las reformas pedidas por Bruselas en sus recomendaciones de años anteriores tiene que ver con la urgencia de reforzar la independencia del fiscal general y separar su mandato del Gobierno, una tarea en la que en esta edición el Ejecutivo comunitario ve avances para alinear su estatus con los estándares europeos y pide seguir en esa línea.
Aún así, el documento recoge también que algunos actores han expresado preocupación por la reforma al considerar que plantea riesgos para la independencia judicial por reforzar los poderes del Fiscal General y rebajar las garantías profesionales de los fiscales.
El informe además señala que el fiscal general está sujeto a procedimientos judiciales en curso y que ha sido acusado por el Tribunal Supremo de presunta filtración de información confidencial vinculada a un caso de fraude fiscal –el referido al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– y que el propio fiscal ha recurrido.
La edición de 2025 recupera igualmente la preocupación expresada en la edición anterior por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial por el riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza de los ciudadanos en la justicia. Así las cosas, indica que ha recibido comentarios del CGPJ y de las cuatro principales asociaciones de jueces y avisa de que, según los estándares europeos, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial.
SIN POSICIÓN SOBRE LA AMNISTÍA
El documento también se hace eco de la Ley de Amnistía pero evita tomar posición porque el asunto está siendo objeto de examen en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), a donde han llegado cuatro cuestiones prejudiciales sobre la ley y a pesar de que Bruselas sí ha enviado su análisis al Alto Tribunal europeo.
Así las cosas, el informe sobre el Estado de derecho publicado este martes indica que el Ejecutivo comunitario ha estado valorando la relevancia de la norma desde la perspectiva del Derecho de la UE, pero no apunta sus conclusiones y recuerda que estos aspectos son objeto de peticiones de decisión ante el TJUE.
En todo caso, Bruselas apunta que el Tribunal Constitucional español ha declarado que la Ley de Amnistía es compatible con la Constitución, aunque fue objeto de gran controversia. Aunque no lo incluye en el informe, los servicios comunitarios sí enviaron recientemente sus observaciones al TJUE, en el marco de las prejudiciales, y en ellas cuestionó que responda al objetivo de interés general porque parece constituir una autoamnistía porque fue parte de un acuerdo político entre el PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez y porque para salir adelante fueron fundamentales los votos de sus beneficiarios.
