Santa Cruz de Tenerife, 11 jul (EFE).
– Los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias PSOE, CC, PP, NC-BC, ASG, y Grupo Mixto (todos menos Vox) han acordado el texto de una proposición de ley de conciliación corresponsable y de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y de la actividad laboral en Canarias.
Una iniciativa que quiere promover la adopción, en el ámbito público y privado, de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que permitan, fundamentalmente, compatibilizar la vida privada de las personas trabajadoras con su tiempo de trabajo remunerado, indica una nota conjunta de los grupos proponentes.
La iniciativa quiere impulsar medidas dirigidas a procurar la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres real y efectiva en el desarrollo de su carrera profesional, incorporando de manera sistemática y transversal la perspectiva de género en las entidades públicas y privadas, así como a la eliminación de la brecha salarial de género.
El diputado del grupo Socialista Canario Gustavo Santana explica en la nota que esta proposición de ley nace del diálogo social entre los agentes sociales y económicos, y de un arduo consenso de los grupos parlamentarios, «conscientes que tenemos que avanzar hacia políticas públicas que faciliten la corresponsabilidad y la conciliación laboral y familiar”.
Para Santana, Canarias debe ser ejemplo a nivel nacional ante la involución que algunos partidos pretenden en materia de políticas de igualdad.
La portavoz adjunta del grupo Nacionalista, Socorro Beato, considera que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como la corresponsabilidad, «son pilares fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y cohesionada».
Beato entiende que una Ley Canaria puede jugar un papel esencial como impulsora de políticas transformadoras que garanticen los derechos de todas las personas.
Luz Reverón, portavoz del grupo Popular, señala que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres constituye un objetivo primigenio para alcanzar una nueva realidad social de igualdad real y efectiva y que para lograrla es necesaria la conciliación laboral con la vida familiar y personal.
La diputada popular recuerda que en Canarias el Estatuto de Autonomía recoge la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía y recuerda que España se enfrenta a un reto demográfico importante, ya que la mitad de los españoles reconoce que tiene menos hijos de los deseados por razones económicas o de conciliación.
La diputada del grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana celebra la futura ley canaria de conciliación, destacándola como “un paso histórico” y “fruto del consenso de todos los grupos parlamentarios”.
Recuerda que la norma reconoce la conciliación como un derecho fundamental y plantea un cambio cultural, económico e institucional que sitúa el cuidado en el centro de las políticas públicas.
Entre las medidas más relevantes, la ley contempla la creación de una red de servicios de apoyo a la conciliación, la incorporación de cláusulas de corresponsabilidad en políticas de empleo y contratación pública, y el impulso de planes de conciliación en empresas e instituciones.
Por su parte, desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, expresa el apoyo a esta iniciativa «porque representa un paso decisivo hacia una Canarias más justa y cohesionada”.
Según Mendoza, la proposición de ley pone en el centro a las personas y a las familias, facilita la compatibilidad entre el trabajo y la vida personal, y promueve un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares.
La norma reconoce la diversidad de modelos familiares, impulsa servicios de apoyo y medidas innovadoras, y refuerza la corresponsabilidad como valor esencial.
También el portavoz del grupo Mixto, Raúl Acosta, considera “inaplazable” la tramitación de una ley canaria sobre Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, que permita establecer un marco normativo adecuado en las islas para alcanzar una plena igualdad, a partir de la “dispersa” legislación estatal al respecto.
Acosta recuerda que, entre la primera ley de conciliación, aprobada en 1999, y el último Real Decreto 05/2023 -que traspone una Directiva europea al respecto- se han producido «cambios extraordinarios» en la sociedad que deben ser tenidos en cuenta en las nuevas normas, de modo que pueda garantizar la mayor efectividad de los derechos que se consagren en ellas.
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