Las Palmas de Gran Canaria, 15 jul (EFE).
– El director general de Emalsa que firmó el contrato de arrendamiento con Satocan en 2008, Gerard Jean Fernand Thierry, ha afirmado este martes ante la Audiencia de Las Palmas que el Ayuntamiento de la capital grancanaria pedía desde 2002 que abandonaran sus antiguas oficinas en la plaza del Obelisco.
En la octava sesión del juicio que se sigue contra este exdirectivo y otros catorce más por el supuesto quebranto de 23,4 millones de euros que ocasionaron a Emalsa entre los años 2008 y 2012, Thierry ha señalado que los distintos concejales de Agua de la ciudad con los que trató se interesaban por cuándo se iban a «liberar» las oficinas del Obelisco y que él propuso construir unas nuevas instalaciones.
La petición reiterada de liberar la sede del Obelisco para otros usos municipales terminó por «forzar» el traslado de Emalsa, ha indicado Thierry, que ha explicado que se visitaron otros inmuebles pero no respondían a las necesidades y que se alquilaron tres plantas del centro comercial Las Ramblas porque se necesitaba espacio para los objetivos que se marcaban.
Thierry ha señalado que también firmó dos de los cerca de 20 contratos con la empresa Sercanarias que, según la Fiscalía y las otras tres acusaciones que figuran en la causa, generaron un quebranto de 16 millones de euros a Emalsa; en concreto, ha dicho que suscribió el de mantenimiento de la red de alcantarillado y el del traslado de lodos de la planta depuradora de Barranco Seco al vertedero de Salto de con Sercanarias, ambos en 2008.
El contrato de mantenimiento del alcantarillado se adjudicó directamente y el de traslado de lodos se sacó a concurso pero finalmente recayó en Sercanarias porque la empresa adjudicataria, OMS, desistió, y la segunda opción era Urbaser, que quiso cambiar las condiciones y Emalsa lo rechazó, ha explicado el exdirectivo, que ha hecho hincapié en que en ese momento había un «stock de lodos peligroso».
En esta jornada también ha declarado el director de redes y saneamiento del alcantarillado de Emalsa entre los años 2008 y 2010 Guy Christian Fornier, quien ha explicado que su sueldo procedía de Saur, el socio privado de la compañía de aguas junto con Valoriza en ese entonces, y que prestaba labores de apoyo para implementar mejoras.
Su función era mejorar la eficiencia de las redes de agua potable y de saneamiento y, para ello, aportada «su saber hacer» dada la experiencia que contaba en Saur hasta que fue contratado en Arabia Saudí, ha detallado Fornier.
Ese acusado, que solo ha contestado a las preguntas de su defensa, ha dicho que no formó parte del consejo de administración de Emalsa ni del comité de gerencia que crearon los dos socios privados.
Su responsabilidad radicaba en definir los requisitos técnicos de los contratos y que se ejecutaran debidamente, pero no participaba en los procesos de licitación.
Según ha declarado, nunca formó parte de Sercanarias y su relación con esta empresa, creada por Saur y Valoriza, era igual a la del resto de subcontratas con las que trabajó.
En relación a los tres contratos que firmó con Sercanarias y que son objeto del caso, ha dicho que lo hizo de forma «ocasional» y por ausencia del apoderado que estaba de vacaciones, y que por ese motivo le dieron un poder en 2008.
Su firma era la de «un autorizado más» y fue mancomunada y ninguno de ellos le supuso «ningún beneficio».
El procesado Alfonso Ignacio López, que fue nombrado director técnico de Sercanarias en 2008, ha explicado al tribunal que su función consistía en gestionar los contratos, si bien las especificaciones técnicas no eran de su competencia, y que firmó diez de los que se juzgan en la causa de forma mancomunada, pero no todas las personas que los suscribieron han sido imputados.
Ha afirmado que todos los trabajos de Sercanarias eran a demanda de Emalsa, que también se encargaba de supervisarlos para poder facturarlos.
Así mismo, ha señalado que los contratos objeto de esta causa se le volvieron a adjudicar a Sercanarias, salvo el de mantenimiento electromecánico del área de saneamiento.
Otro de los acusados que ha declarado este martes, Jesús Ángel García, que fue director general de Emalsa desde noviembre de 2008 hasta mayo de 2010 por parte de Valoriza, y que también fue miembro del consejo de administración de la compañía mixta de aguas y de Sercanarias, ha contestado a las preguntas formuladas por la fiscal Evangelina Ríos.
Sobre los contratos suscritos por Emalsa, aunque ha dicho que no recordaba la normativa interna, ha explicado que se pedían varias ofertas y se renegociaban en ocasiones para intentar ajustar precios.
En su caso, ha admitido que firmó entre cuatro o seis contratos, uno de ellos con Sercanarias, pero todos de forma mancomunada, y que por iniciativa propia pidió cambiar las condiciones del arrendamiento de las oficinas en el centro comercial Las Ramblas por las que se consiguió rebajar el alquiler 15.
000 euros mensuales.
Este acusado ha admitido que es posible que el Ayuntamiento presionara para el cambio de sede, si bien ha dicho que dejó de hacerlo cuando Las Palmas perdió la candidatura como Capital Europea de la Cultura.
En relación a las obras de adecuación de las oficinas nuevas, la idea se la encontró cuando se incorporó y solo optó por reformar dos de las tres plantas alquiladas a Satocan y que intentó alquilar la tercera, pero el contrato lo impedía.
García ha señalado no recordar que el día anterior a la firma del contrato con Satocan, esta empresa compró el resto de acciones para adquirir la propiedad del edificio alquilado a Emalsa.
El ultimo acusado en declarar en esta jornada, José Luis Pérez Talavera, ha sido el único de los procesados que ha contestado a las preguntas formuladas por las distintas acusaciones y ha mostrado su satisfacción en poder aclarar después de 15 años que nunca trabajó para Sercanarias ni formó parte del comité de gerencia creado por Saur y Valoriza, como figura en la causa «por error grave».
Pérez Talavera, que fue director de producción de la depuradora de Barranco Seco, ha detallado que su relación con Sercanarias duró ocho días con motivo del contrato del traslado de lodos, porque en el noveno día lo despidieron y se fue a trabajar a Madrid con Valoriza.
El juicio continuará este miércoles con los siete acusados que quedan por declarar y que se enfrentan a penas de hasta seis años de prisión, condena que reclaman las acusaciones por el delito de apropiación indebida o administración desleal.
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