Madrid, 17 jul (EFE).
– La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este jueves que el Gobierno prevé empezar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios a partir del 28 de agosto a pesar de los intentos de bloqueo de la mayoría de las comunidades del PP.
Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los medios con motivo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que iba a celebrarse este jueves y que finalmente no ha tenido lugar por falta de quorum tras el plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita «ilegal».
Sí han asistido el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha.
La ministra ha señalado que, pese a esta «performance» del PP, el real decreto ley seguirá adelante y en el próximo Consejo de Ministros del 22 de julio se aprobará el reglamento de desarrollo de este mecanismo, con el que se prevé trasladar a unos 3.
000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios.
Y ha precisado que este jueves también iba a aprobarse el reparto de un crédito ordinario de 22 millones para Canarias (8,5), Islas Baleares (2), Ceuta (7) y Melilla (4,5) para 2025 con el fin de ayudar a estos territorios con la acogida de menores.
«No puedo evitar pensar que evidentemente las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado».
El Gobierno sigue con su planA pesar de todo, Rego ha explicado que el Gobierno mantiene su plan de reubicar a los menores por lo que, además del reglamento del próximo martes, el 26 de agosto llevará a Consejo de Ministros otro decreto, que detallará las cifras de reubicación que deberá acoger cada menor y la financiación que corresponde a cada autonomía.
Los datos que maneja el Gobierno hasta ahora hablan de 3.
975 jóvenes a trasladar, la mayoría de ellos a Andalucía (677), la Comunidad de Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571), mientras que País Vasco y Cataluña no tendrían que recibir a ninguno, aunque Cataluña se ha ofrecido a atender voluntariamente a 31.
Sin embargo, a estas cifra previsibalmente habrá que restar los alrededor de mil menores solicitantes de asilo que próximamente pasarán a recursos del Estado por orden del Tribunal Supremo.
La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros y, de acuerdo a las previsiones del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.
268.
200 euros, seguida de Madrid, con 15.
803.
550 euros, y Andalucía, con 8.
834.
850.
Fuentes del Ministerio han precisado que tras la aprobación de este decreto el 26 de agosto, el 27 se aprobará la situación de contingencia de los territorios que lo soliciten y cumplan con el requisito de tener una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida.
Así, el 28 de agosto se podrá comenzar con la política de traslados aunque, han recalcado las fuentes, para estas derivaciones hay un año de plazo y en ningún caso se trasladarán cientos de jóvenes de una sola vez a ningún territorio.
12 sectoriales en un año y ninguna propuesta del PPRego ha sido muy critica con el PP por su ausencia este jueves en la Sectorial y ha tachado este plantón como una «performance» a modo de «colofón» después de meses de «bloqueo de todo tipo» a este mecanismo de reubicación de los menores.
En este sentido, ha denunciado que el Ministerio ha convocado 12 sectoriales en el último año para tratar este asunto y las comunidades del PP no han llevado nunca ninguna propuesta de modificación del mecanismo.
Sobre los argumentos del PP para no acudir a esta reunión -que se trataba de una convocatoria «ilegal» porque el orden del día fue rechazado en una cita preparatoria previa- Rego ha asegurado que el Gobierno cuenta con un informe del Consejo de Estado que les habilita para seguir trabajando con su plan.
Once comunidades -diez del PP y Castilla-La Mancha- han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación de los jóvenes ante el Tribunal Constitucional.
La ministra ha subrayado que tendrá que ser el tribunal de garantías el que decida sobre estos recursos pero ninguna autonomía puede ser «juez y parte»: «Lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso ya le habilita para incumplir una ley», ha protestado.
EFElll-itm-msg/lml(Foto)(Vídeo)(Audio)
