Santa Cruz de Tenerife, 18 jul (EFE).
– El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha exigido al Parlamento autonómico «hechos concretos» para solucionar los problemas estructurales de la justicia en las islas y no solo las «palabras formales» que recibe cada vez que comparece para presentar la memoria anual.
En su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar la memoria de 2024, Lorenzo Bragado ha recordado a los diputados que hace un año algún portavoz (en referencia a Gustavo Matos, del PSOE) planteó un pacto por la justicia, pero doce meses nada se ha avanzado.
Mientras, ha agregado, se cronifican y se enquistan las mismas carencias que ya describió entonces, como la falta de un plan de infraestructuras, la sobrecarga de los órganos judiciales ante una altísima litigiosidad, tecnología deficiente o un presupuesto insuficiente que apenas se incrementa con la inflación.
«Espero que las palabras se traduzcan en hechos concretos y que el pacto por la Justicia se materialice con la asignación de más y mejores recursos», ha dicho el presidente del TSJC a los parlamentarios.
Gustavo Matos respondió al respecto que su grupo parlamentario ha presentado para su debate en el Parlamento una propuesta para la creación de ese pacto por la justicia y confió en que el resto de los grupos se sumen con sus aportaciones.
Lorenzo Bragado ha señalado que por sexto año consecutivo Canarias lidera la tasa de litigiosidad en el país, con 212 asuntos por cada mil habitantes, un aumento del 13,9%, pese a lo cual se resolvieron un 15,8% de asuntos más, aumentó la media de sentencias por juez, se alcanzó un 92% de sentencias ratificadas por el Supremo y la respuesta en primera instancia estuvo entre las más ágiles de España.
Ha puesto de relieve que la sobrecarga de los órganos judiciales se traduce en que 139 órganos judiciales, el 63%, superan el 130% de carga, con los juzgados civiles a la cabeza y una sobrecarga del 346% en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Tenerife, donde hay pendientes 10.
000 recursos de apelación.
El presidente del TSJC ha expuesto las principales necesidades de la justicia en Canarias, y ha considerado que, pese a la creación en 2024 de nueve nuevas unidades judiciales, es prioritaria la creación de otras doce plazas nuevas en Las Palmas y doce más en Santa Cruz de Tenerife.
Para Lorenzo Bragado, es particularmente inexplicable la omisión de la tercera plaza de violencia sobre la mujer en Santa Cruz de Tenerife en el último decreto de creación de órganos judiciales.
Ha considerado imprescindible que en los juzgados sobre violencia sobre la mujer, infancia y adolescencia haya espacios separados para víctimas y denunciados, salas de espera para víctimas y menores, la creación de oficinas de atención a víctimas y el refuerzo de equipos psicosociales.
Ha denunciado la crítica situación de las infraestructuras en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife y al respecto ha exigido que con carácter inmediato se mejoren las «condiciones indignas» en las que trabajan los juzgados de violencia sobre la mujer.
Ha reclamado que a medio plazo se adecue el edificio Auditorio para unificar órganos judiciales dispersos, aunque ha lamentado que se hable como fecha prevista el año 2027, y que se avance en la definitiva Ciudad de la Justicia de la capital, «una dilación que excede los límites de lo razonable».
Ha agregado que también se requieren mejoras en Puerto del Rosario, La Palma, San Bartolomé de Tirajana y La Orotava.
Las demandas del presidente del TSJC en cuanto a demarcación judicial se han centrado en la necesidad de concluir la comarcalización de violencia sobre la mujer en la zona norte de Tenerife, la finalización de la unificación efectiva de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz.
Además ha pedido la unificación de Arona y Granadilla de Abona para superar el colapso actual.
También ha puesto el acento en las graves carencias de personal en los institutos de medicina legal, con dilaciones «inaceptables en la emisión de informes periciales», y en los retrasos en la cobertura de vacantes o de funcionarios de apoyo.
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