Autor: Redactor

  • Torres acusa al PP canario de preferir la derrota del Gobierno a la seguridad de las islas

    Las Palmas de Gran Canaria, 23 jul (EFE).

    – El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado a los diputados del PP de Canarias en el Congreso de haber «preferido la derrota del Gobierno» a la seguridad energética de las islas, al provocar que decaiga el decreto ley con medidas para prevenir nuevos apagones.

    En unas declaraciones difundidas por su departamento, el también secretario general del PSOE canario reacciona de este modo a lo ocurrido el martes en el Congreso, a rechazar la Cámara el decreto ley «antiapagones» con los votos del PP, pero también con los de tres de los socios de investidura de Pedro Sánchez (Junts, Podemos y BNG).

    Torres ha remarcado que ese decreto ley incluía, entre otras cuestiones, las medidas que el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transición Ecológica habían pactado para intentar prevenir «gravísimos apagones» como los que han sufrido las islas como La Palma, el más reciente, pero también La Gomera, Tenerife o Gran Canaria, con anterioridad.

    «El Gobierno de España las llevó al Consejo de Ministros, las aprobó en un real decreto ley y ahora se tenían que convalidar en el Congreso de los Diputados.

    Y el PP ha votado en contra.

    Los diputados del PP de Canarias han votado en contra de las medidas de emergencia para evitar apagones en nuestra tierra», ha añadido.

    Para la Torres, la lectura de lo ocurrido en el Congreso es que los diputados del PP elegidos en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife «han preferido y decidido que es más importante que el Gobierno sufriera una derrota que la seguridad de los canarios».

    «Lo vuelven a hacer.

    Lo han hecho con los menores y con otros asuntos.

    Ahora lo han hecho con la seguridad de los canarios.

    Es absolutamente lamentable», asegura.

    En un comunicado, el diputado del PP por Las Palmas y portavoz del partido en el Congreso en materia de energía, Guillermo Mariscal, replica que el decreto ley impulsado por el Gobierno «no ofrecía garantías reales ni soluciones responsables a los problemas del sistema energético» que se pusieron de manifiesto en el apagón total que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

    «El decreto no solo carece de autocrítica y responsabilidad por el reciente apagón eléctrico general, sino que además valida un modelo energético que supondrá un enorme sobrecoste para las familias y empresas.

    Lo que pretende el Gobierno es trasladar a los ciudadanos las consecuencias de su mala gestión y falta de planificación», argumenta el diputado popular.

    Mariscal anuncia que su partido impulsará, en su lugar, una proposición no de ley con las medidas que considera más necesarias, en las que asegura que se incluirán las que precisa Canarias.

    «Seguiremos trabajando desde la responsabilidad.

    No vamos a permitir que la seguridad energética de Canarias dependa de decisiones políticas cortoplacistas.

    Proteger a las islas ante un riesgo real de colapso energético no es opcional, es urgente», dice Guillermo Mariscal.

    EFEjmr

  • Asamblea7islas pide a la Consejería de Sanidad un perfil técnico y no político para el SCS

    Santa Cruz De Tenerife, 23 jul (EFE).

    – Asamblea7islas ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad para pedir que designe al frente del Servicio Canario de la Salud (SCS) a una persona con un perfil técnico y no político, que de continuidad al trabajo y afronte retos como los procesos selectivos en curso.

    La organización, que representa a 14.

    000 trabajadores de los Grupos C,D y E del Servicio Canario de Salud con más de 30 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha realizado esta petición en un comunicado con motivo del cese del director del SCS, Carlos Díaz.

    La Consejería de Sanidad es el servicio público con el mayor presupuesto de la Comunidad Autónoma, la plantilla más numerosa, con 38.

    000 trabajadores entre personal sanitario y no sanitario y se encuentra en una situación muy compleja con muchos frentes abiertos, añade.

    Entre ellos los más relevantes son las ofertas de empleo público sin finalizar, con más de 12.

    000 plazas convocadas, y otra pendiente de iniciarse de 8.

    000 plazas, un concurso de traslado que lleva más de 10 años sin convocarse, sin olvidar los graves problemas asistenciales, como las urgencias, Atención Primaria y las infraestructuras con obras muy importantes pendientes de iniciar y terminar, prosigue Asamblea7islas.

    Por todo lo expuesto, la organización pide un perfil técnico para la Dirección del Servicio Canario de Salud «con capacidad de diálogo».

    EFEasd/cmg

  • Destinan más de 43 millones a construir dos nuevos centros sociosanitarios en Tenerife

    Santa Cruz De Tenerife, 23 jul (EFE).

    – El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), destinará 43,8 millones de euros para la construcción de dos nuevos centros sociosanitarios, uno en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, y otro en la Santísima Trinidad, en La Orotava.

    El vicepresidente Lope Afonso ha subrayado en un comunicado la importancia estratégica de esta inversión, pues son «dos proyectos largamente esperados».

    La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha destacado que los dos centros, que ya cuentan con todos los trámites urbanísticos resueltos y proyectos actualizados, «se encuentran listos para iniciar el proceso de licitación, con un calendario de ejecución previsto desde septiembre de 2025 hasta la anualidad de 2029».

    La inversión se distribuye de la siguiente manera: año 2025: 18.

    650.

    000 euros y año 2027: 11.

    672.

    296 euros, y año 2028: 13.

    494.

    668 euros.

    En el Centro Sociosanitario de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, se realizará una inversión de 26.

    924.

    164 euros y dispondrá de 170 residenciales y 20 de centro de día.

    El Centro Sociosanitario Santísima Trinidad, en La Orotava, tiene una inversión total de 16.

    892.

    800 euros, con un total de plazas de 99 residenciales y 30 de centro de día.

    «Dos infraestructuras estratégicas que estuvieron bloqueadas durante años por la falta de planificación y resolución administrativa, y que ahora comienzan su andadura con paso firme gracias al impulso de esta corporación», han concluido.

    EFEcmg/asd

  • Canarias y otras 5 comunidades piden más inversiones en la costa y «frenar deslindes»

    Valencia, 23 jul (EFE).

    – La Comunitat Valenciana lidera un frente común con Canarias, Murcia, Baleares, Galicia y Andalucía para reclamar al Gobierno más inversiones para regenerar la costa, una normativa costera «adaptada a la realidad» y herramientas para «frenar los deslindes».

    La Generalitat ha presidido la reunión de los responsables en materia de Costas de estas Comunidades, que han acordado una declaración conjunta para la defensa del litoral y el impulso de una nueva normativa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico adaptada a las normas a cada territorio con herramientas para frenar los deslindes.

    Así lo ha destacado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ante seis cargos de diferentes gobiernos autonómicos encabezado por Marc García Manzana, director general de Costas Puertos y Aeropuertos.

    Los dirigentes han abogado por alzar la voz para denunciar la falta de inversiones para regenerar la costa y demandar una protección para las viviendas de núcleos costeros tradicionales amenazados por los deslindes.

    Las seis autonomías presentes han explicado su experiencia que ha llevado a Canarias, Baleares, Andalucía, Murcia y Galicia a asumir competencias y a la región gallega a promulgar una ley.

    Una experiencia que ha servido también a la Comunitat Valenciana, con norma propia desde este 2025 y en proceso de asunción de competencias.

    Durante su intervención, el conseller ha explicado el contenido de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que va en la línea de las reivindicaciones de estos gobiernos autonómicos.

    Ha censurado que el Gobierno central «cercene los derechos de los vecinos que viven más cerca del mar.

    Esta es la primera norma de rango autonómico que ofrece una serie de protecciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los deslindes», ha defendido.

    En esta línea, Martínez Mus ha recordado que esta ley, entre otros, se enfoca en la preservación de los núcleos costeros tradicionales, reconociendo su valor etnográfico y habilitando un nuevo canal para su protección frente a estos procesos.

    De la misma forma, se ha recordado que la Generalitat aspira a contar con el aval, que ya han recibido otras autonomías, para gestionar las licencias de actividades en la costa.

    Martínez Mus ha denunciado que el Gobierno de España está obstaculizando una gestión autonómica eficaz del litoral y de las playas, limitando las capacidades de acción directa de las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen las realidades específicas de sus costas.

    Por ello, considera necesario asumir el máximo de competencias posibles.

    «La falta de inversiones por parte del Ministerio en infraestructuras de protección de la costa y obras de regeneración de las playas, sumado a unos deslindes que carecen totalmente de criterios técnicos, hace que las comunidades autónomas debamos dar un paso adelante en la gestión de nuestras costas», ha remarcado.

    Para el titular de Medio Ambiente, esta jornada «es un ejemplo de esa alianza entre comunidades autónomas para intentar conjugar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente en unas costas donde la inversión estatal brilla por su ausencia».

    «El litoral no puede esperar.

    La costa retrocede, y con ella retrocede una parte fundamental de nuestro país.

    Es tiempo de compromiso, de responsabilidad y de soluciones sostenibles y duraderas», ha sentenciado.

    EFEmc/crf/asd

  • 9,9 millones de euros en ayudas PEPAC para la modernización de 360 explotaciones agrícolas

    Las Palmas de Gran Canaria, 23 jul (EFE).

    – El Gobierno de Canarias ha publicado la resolución de concesión definitiva de las subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para inversiones en modernización y mejora de explotaciones agrícolas por una cuantía de 9.

    923.

    794,28 euros y destinadas a un total de 360 fincas.

    Estas ayudas, cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se dividen en 7.

    285.

    296,57 correspondientes a la anualidad 2025 y 2.

    638.

    497,71 euros para 2026, informa la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.

    El titular del área, Narvay Quintero destacó que “esta línea de actuación se ha reforzado con fondos propios del Ejecutivo regional para poder dar cobertura a todas las solicitudes de agricultores y agricultoras que cumplían con los requisitos de la convocatoria y, de esta manera, seguir avanzando en el desarrollo de un sector primario profesionalizado, tecnificado, moderno”.

    A través de esta línea del PEPAC se sufraga entre un 40% y 70% de los gastos subvencionables presupuestados por las personas o entidades solicitantes y se promueve una inversión directa total en modernización de explotaciones agrícolas por encima de los 20 millones de euros.

    Estos fondos, dirigidos a mejorar los resultados económicos de las explotaciones permiten acometer actuaciones como la compra de maquinaria, la producción de energía eléctrica de autoconsumo, la implementación de la agricultura de precisión, la digitalización, la gestión de residuos y subproductos o la instalación de equipos y sistemas de seguridad, entre otras acciones.

    Además, las personas beneficiarias podrán solicitar el abono anticipado del importe de la ayuda correspondientes a la parte financiada con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

    Para la primera anualidad, correspondiente a 2025, las personas o entidades beneficiarias cuentan con un plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025, y de justificación hasta el 1 de octubre de 2025.

    Asimismo, para la segunda anualidad, el plazo de ejecución vence el 31 de mayo de 2026 mientras que el de justificación de las actuaciones expira el 1 de junio de 2026.

    EFEas

  • Canarias y otras 5 CCAA piden al Gobierno más inversiones en costa y «frenar deslindes»

    València, 23 jul (EFE).

    – La Comunitat Valenciana lidera un frente común con Canarias, Murcia, Baleares, Galicia y Andalucía para reclamar al Gobierno más inversiones para regenerar la costa, una normativa costera «adaptada a la realidad» y herramientas para «frenar los deslindes».

    La Generalitat ha presidido la reunión de los responsables en materia de costas de estas comunidades, que han acordado una declaración conjunta para la defensa del litoral y el impulso de una nueva normativa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico adaptada a las normas a cada territorio con herramientas para frenar los deslindes.

    Así lo ha destacado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ante seis cargos de diferentes gobiernos autonómicos encabezados por Marc García Manzana, director general de Costas Puertos y Aeropuertos.

    Los dirigentes han abogado por alzar la voz para denunciar la falta de inversiones para regenerar la costa y demandar una protección para las viviendas de núcleos costeros tradicionales amenazados por los deslindes.

    Las seis autonomías presentes han explicado su experiencia, que les ha llevado a asumir competencias y a la región gallega, además, a promulgar una ley.

    Una experiencia que ha servido también a la Comunitat Valenciana, con norma propia desde este 2025 y en proceso de asunción de competencias.

    Durante su intervención, el conseller ha explicado el contenido de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que va en la línea de las reivindicaciones de estos gobiernos autonómicos.

    Ha censurado que el Gobierno central «cercene los derechos de los vecinos que viven más cerca del mar.

    Esta es la primera norma de rango autonómico que ofrece una serie de protecciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los deslindes», ha defendido.

    Martínez Mus ha recordado que esta ley, entre otros, se enfoca en la preservación de los núcleos costeros tradicionales, reconociendo su valor etnográfico y habilitando un nuevo canal para su protección frente a estos procesos.

    De la misma forma, se ha recordado que la Generalitat aspira a contar con el aval, que ya han recibido otras autonomías, para gestionar las licencias de actividades en la costa.

    Martínez Mus ha denunciado que el Gobierno de España está obstaculizando una gestión autonómica eficaz del litoral y de las playas, limitando las capacidades de acción directa de las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen las realidades específicas de sus costas.

    Por ello, considera necesario asumir el máximo de competencias posibles.

    «La falta de inversiones por parte del Ministerio en infraestructuras de protección de la costa y obras de regeneración de las playas, sumado a unos deslindes que carecen totalmente de criterios técnicos, hace que las comunidades autónomas debamos dar un paso adelante en la gestión de nuestras costas», ha remarcado.

    Para el titular de Medio Ambiente, esta jornada «es un ejemplo de esa alianza entre comunidades autónomas para intentar conjugar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente en unas costas donde la inversión estatal brilla por su ausencia».

    «El litoral no puede esperar.

    La costa retrocede, y con ella retrocede una parte fundamental de nuestro país.

    Es tiempo de compromiso, de responsabilidad y de soluciones sostenibles y duraderas», ha sentenciado.

    EFEmc/pcr

  • Yolanda Díaz defiende una «alianza democrática» de las izquierdas pero no una «suma de siglas», ante la idea de Rufián

    Yolanda Díaz defiende una «alianza democrática» de las izquierdas pero no una «suma de siglas», ante la idea de Rufián

    MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) –

    La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido las alianzas entre los distintos sectores de la izquierda desde un programa de mínimos y de emergencia democrática, pero ha dejado claro que no va de una suma de siglas al quedar constatado que esa fórmula no funciona.

    Así lo ha manifestado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, cuestionada por la apuesta lanzada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para crear de un verdadero espacio plurinacional de izquierdas con vistas a las próximas elecciones generales que tome como referencia el modelo de los últimos comicios europeos, a los que ERC se presentó en coalición con Bildu, el BNG y los baleares de Ara Més.

    Tras recordar que la dirección de ERC ha dejado claro que no respalda esa propuesta, Díaz ha admitido que se está viviendo un momento de disputa en el que hay que salir en defensa de la democracia, dado que solo hay que ver las medidas que están aprobando mandatarios como Donald Trump (EEUU), Javier Milei (Argentina) y Viktor Orbán (Hungría).

    Según ha dicho, su posición ante esta deriva reaccionaria es sencilla, la lleva defendiendo mucho tiempo y consiste en que las distintas izquierdas se pongan de acuerdo en un programa de mínimos y de emergencia democrática y generar una alianza con las fuerzas que lo defiendan.

    NADA MOVILIZA MÁS A LOS PROGRESISTAS QUE GOBERNAR

    Pero no va de suma de siglas, porque eso no funciona. Lo importante es un programa de mínimos que le dé esperanza a la ciudadanía y movilice a las gentes progresistas y demócratas en nuestro país, ha argumentado.

    En el caso de España, ha alertado de la agenda antidemocrática de Vox que influye en el PP y, en consecuencia, insta a forjar esa alianza democrática para movilizar a la gente progresista. Es más, ha dicho que no hay nada que movilice más que gobernar, ha apostillado.

    Mientras, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, se abrió este martes a colaborar con otras fuerzas soberanistas o estatales en el futuro, si bien respondió a Rufián que espera que quede mucho para las elecciones generales.

  • La vigilancia contra los incendios en Tenerife no escapa a la oscuridad de la noche

    Alberto ValdésLa Matanza de Acentejo (Tenerife), 23 jul (EFE).

    – La noche en el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) de Tenerife es tranquila, a pesar de la prealerta por viento no parece que haya ninguna amenaza y una llamada por radio de dos patrullas sobre el terreno lo confirma, una situada en un mirador y otra en una torre de vigilancia, quienes no quitan sus ojos del horizonte para prevenir incendios.

    Todos ellos forman parte del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales que el Cabildo de Tenerife ha desplegado desde el pasado 2 de junio y hasta el próximo 2 de noviembre, con la participación de más de mil efectivos que vigilan los montes de la isla durante el día y la noche, ante el riesgo que supone la combinación de altas temperaturas y emergencia hídrica.

    A los que se suman, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, 920 patrullas y dos helicópteros con visión nocturna del Ejército de Tierra, a través de un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Defensa bajo el nombre “Operación Prometeo”, para reforzar la vigilancia durante los meses de mayor riesgo.

    La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, realizó el pasado martes en la noche una visita para la prensa a las instalaciones del CECOPIN, situadas en uno de los laterales del Pabellón Santiago Martín, así como a dos patrullas, una en el Mirador de Montaña Grande y otra en la torre de vigilancia El Gaitero, ambas en distintos puntos de la carretera que lleva al Teide desde La Esperanza.

    Junto a ella también se encontraban la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, el jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, el general de División Ramón Armada Vázquez, y otras autoridades técnicas, militares, de la Guardia Civil, Policía Canaria, BRIFOR y personal de emergencias.

    Dávila recordó hay “un porcentaje muy importante de incendios que comienzan en la noche”, de ahí la importancia de sumar medios con “visión nocturna” que permiten apoyar a las patrullas de tierra y al dispositivo del Cabildo, que definió como “el mayor de la historia de la isla”.

    Al tiempo que ha señalado que a día de hoy al menos dos personas “que se ha acreditado que cometieron el delito de incendiar el monte” en “horas nocturnas” están “entre rejas” y que conoce de primera mano “lo complicado que es parar un incendio” en una orografía como la tinerfeña, razón por la cuál ha puesto a disposición “todos los medios del Cabildo” para evitar que se repita lo ocurrido en 2023.

    “Estamos viendo incendios terribles estos días en la península.

    Sabemos que apagar un incendio es complicado y por eso hemos puesto todo nuestro esfuerzo en que no ocurra.

    En tener vigilado el monte, en poder advertir a la población, en disuadir a aquellos que intencionadamente le meten fuego al monte y, sobre todo, en actuar de forma coordinada junto a quienes meten a los pirómanos entre rejas”, ha concluido.

    EFEAvg/spf(foto)(video)1012111

  • Tres detenidos en Gran Canaria por vender falsos empadronamientos a ciudadanos marroquíes

    Las Palmas de Gran Canaria, 23 jul (EFE).

    – La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a tres personas a las que se acusa de vender falsos empadronamientos en cuatro viviendas de Gáldar a ciudadanos marroquíes residentes en Marruecos, que los utilizaban para solicitar tarjetas sanitarias o para justificar trámites de nacionalización.

    Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, la Brigada Provincial de Extranjería recibió la alerta del propio servicio del padrón municipal del Ayuntamiento de Gáldar, que había detectado inscripciones sospechosas en varios domicilios.

    Los agentes identificaron cuatro viviendas en el núcleo urbano donde se habían empadronado fraudulentamente 39 personas, ninguna de las cuales había residido nunca en esos inmuebles.

    La Policía asegura que los detenidos cobraban 600 euros por su intermediación para facilitar el empadronamiento ficticio, para lo que confeccionaban contratos de alquiler donde figuraban como arrendadores ciudadanos españoles que no tenían nada que ver.

    De acuerdo con la investigación, la mayoría de los empadronados ni vivía ni había vivido nunca en Gran Canaria, sino que residía en Marruecos, pero utilizaban esos domicilios en Gáldar para obtener tarjetas sanitarias, iniciar trámites de nacionalización e incluso, en algunos casos, solicitar prestaciones sociales no contributivas.

    La operación culminó el 26 de junio con la detención de tres personas afincadas en Las Palmas de Gran Canaria, por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregularLa instrucción del caso ha recaído en un juzgado de la localidad de Santa María de Guía.

    EFEjmr/as

  • El Parlamento acuerda prorrogar la moratoria para conceder licencias para VTC

    Santa Cruz de Tenerife, 23 jul (EFE).

    – El pleno del Parlamento canario ha aprobado este miércoles el dictamen de comisión que modifica de forma urgente la ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en el que se prorroga por un año la concesión de licencias para vehículos de transporte con conductor (VTC).

    El pasado año se acordó que la concesión de licencias para vehículos de transporte con conductor en Canarias, donde están pendientes unas 9.

    000, se supedita a criterios ambientales y de sostenibilidad y carga del tráfico, y la decisión dependerá de los cabildos.

    La ley se aprobó en 2007 y su modificación es consecuencia de un decreto ley que el gobierno canario aprobó el pasado año para adaptar la legislación autonómica a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de junio de 2023 que terminó con la proporción de una licencia de VTC por cada 30 taxis, y abrió la vía a criterios ambientales y de gestión.

    Los cabildos decidirán esos criterios según se indica en el texto de modificación que ha sido aprobado para su tramitación parlamentaria.

    En la sesión de este miércoles se rechazaron las enmiendas de Vox, cuya diputada Paula Jover ha criticado que se actúa en función de una «religión climática», y se aceptaron algunas propuesta de Nueva Canarias-Bloque Canarias, formación de la que Esther González ha cuestionado que se olvide a los usuarios y su derecho a elegir el medio de transporte que más les satisfaga.

    El diputado del grupo Socialista Marcos Bergaz, quien ha pedido que se aproveche el tiempo para que dentro de un año no sea preciso prorrogar la moratoria.

    El dictamen de modificación afecta a otros aspectos de la ley y los diputados están de acuerdo en que sería pertinente contar con una nueva ley del transporte por carretera.

    EFErdg/cmg