Autor: Redactor

Valverde (El Hierro), 28 jul.

(EFE).

-La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, visito este lunes las obras de ampliación del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, un edificio anexo donde se ubicarán la resonancia magnética y el equipo de ortopantografía, unos trabajos valorados en 1.

159.

402 y que espera concluyan a finales del presente año.

Según ha informado la consejera en un comunicado, las obras consisten en la construcción de un edificio anexo, al centro hospitalario herreño, de 367,09 metros cuadrados en el que se ubicarán los nuevos equipos de resonancia magnética y de ortopantografía, además de sus espacios de servicios anexos, como acceso, sala de espera, circulaciones, puesto de control y cuartos de servicios.

Además, el proyecto incluye una segunda fase en la que se plantea la reubicación de servicios hospitalarios que se desplazarían a este nuevo espacio desde el edificio principal del hospital.

Monzón recordó que el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la resonancia magnética del Hospital Nuestra Señora de los Reyes ha supuesto una inversión de 1.

277.

199 euros y el contrato, ratificado el pasado día 3 de julio, contempla un plazo de ejecución máximo de seis meses para la entrega del equipo, por lo que este equipamiento estará recepcionado a principios de enero de 2026.

EFE1010832gf/brr

Madrid, 28 jul (EFE).

– Canarias fue la tercera comunidad autónoma con menor gasto público educativo destinado a la financiación de la enseñanza concertada, con un 8 % del total, frente a una media del 12 % en el conjunto de España, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con cifras de 2022.

En el informe denominado ‘Sistema estatal de indicadores de la Educación 2025’, el Ministerio detalla que el gasto público en educación en 2022 fue de 63.

491 millones de euros y que, de ellos, se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada 7.

495 millones, cifra que representa un 11,8 % del gasto público en educación y un 13,3 % del gasto de las Administraciones educativas.

Y precisa prácticamente la totalidad del importe destinado a conciertos y subvenciones corresponde a gasto efectuado por las comunidades autónomas, representando solo un 0,3 % el del Ministerio de Educación, y que el País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra son las que más porcentaje destinan a este tipo de enseñanza.

El País Vasco destinó el 23,5 % del total de su gasto educativo a la enseñanza concertada, mientras que en Madrid supuso el 18,8 % y en Navarra el 17,6 %.

Por contra, las comunidades que menos porcentaje destinaron en 2022 a la educación concertada fueron Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, con el 8%, 7,9 % y 7,8 %, respectivamente.

El informe muestra que el gasto de las administraciones educativas a la concertada ha pasado de 5.

705,8 millones de euros en 2012 a 7.

495,2 millones de euros en el 2022, incrementándose en 1.

789,4 millones de euros.

Las comunidades autónomas aumentaron su gasto en 1.

784 millones de euros y el Ministerio de Educación en 5 millones y el informe añade que entre 2012 y 2013 «se produjo una disminución del gasto en conciertos iniciándose en 2014 un repunte con tendencia creciente que aún continúa en 2022».

Primaria y Secundaria, el mayor gasto en conciertosLa mayor proporción de gasto en conciertos corresponde a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, con el 33,5 % y el 32 % respectivamente.

Les siguen la Educación Infantil con el 16,5 %, la Formación Profesional con un 8 % y la Educación Especial, con el 5,2 % del total.

Los últimos datos reflejan que en el curso 2022-2023, el 19 % de los centros docentes de Enseñanzas no universitarias son concertados, el 67 % son públicos y el 13,5 % restante son centros privados que no tienen concertada ninguna de las enseñanzas.

¿Cuánto gastan las familias?En 2023 el gasto de los hogares en educación, tanto no universitaria como universitaria, se situó en 10.

045 millones de euros, lo que representa el 0,67 % del PIB, según los datos del gasto en consumo final de los hogares por finalidad que proporciona la Contabilidad Nacional, actualizados por el INE.

El gasto de las familias aumentó el 2,6 % en 2023 con respecto a 2022 aunque ha disminuido en 371 millones desde 2013, cuando se situó en 10.

416 millones de euros.

Gasto en educación del 4,5 % del PIBEn 2023, el gasto público destinado a educación representó el 4,53 % del PIB, el 74 % se invirtió en Educación no universitaria, un 18,8 % en Educación Universitaria, un 2,2 % en Formación Profesional acreditable y un 5 % en becas y ayudas.

El gasto público total en España destinado a educación fue de 67.

938 millones de euros, un aumento del 7 % en relación con 2022.

EFErdm/aam/cms

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 28 jul (EFE).

– El Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura ha solicitado explicaciones urgentes sobre la paralización de la obra de canalización del barranco de Bacher, detenida desde abril del año pasado, y que se retome «de inmediato» la actuación, al no existir razones técnicas «aparentes» para el retraso.

La intervención, valorada en 1.

600.

000 euros, fue impulsada durante la legislatura anterior bajo el liderazgo de Esther Hernández (PP) como alcaldesa de Tuineje, en coordinación con el Cabildo majorero, han informado este lunes los populares en un comunicado.

Desde el PP han manifestado que se trata de una obra «estratégica y de vital importancia» para la seguridad y el desarrollo urbano del entorno, y han señalado que se trata de «una reivindicación histórica de los vecinos y no puede seguir en punto muerto».

La formación ha exigido al actual grupo de gobierno del Cabildo (CC-PSOE) que retome, de inmediato, los trabajos y ofrezca un calendario claro para su finalización.

La obra se proyectó para mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales y mitigar el riesgo de inundaciones en la zona, uno de los problemas recurrentes que afecta a los residentes y que ha motivado numerosas quejas a lo largo de los años, ha indicado el PP.

Desde el Grupo Popular en el Cabildo majorero insisten en que la inversión ya está comprometida y que no existen razones técnicas aparentes para el retraso, por lo que piden «responsabilidad, voluntad política y respeto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía».

EFE1011279evs/mrgz

Santa Cruz de Tenerife, 28 jul (EFE).

– La Audiencia Provincial tinerfeña obliga a repetir un juicio a raíz de la denuncia presentada por un vecino después de que otro le diera un puñetazo en el descansillo del edificio en el que vivían ambos.

Los hechos tuvieron lugar a las 2:45 horas del 18 de febrero de 2024 cuando tras propinar el golpe, la víctima cayó al suelo.

En su momento se celebró un juicio en el que el acusado quedó absuelto y a continuación la víctima pidió la nulidad del mismo por no habérsele notificado el auto en el que se calificaron los hechos como un delito leve de lesiones y de odio.

La respuesta de la Audiencia es que “efectivamente, no consta dicha notificación y debe ser por tanto anulada la sentencia” retrotrayendo las actuaciones hasta el momento en el que se calificó el cargo, por entender que “se ha causado una grave indefensión al denunciante”.

Por su parte la Fiscalía y la defensa del denunciado formularon oposición al considerar que el denunciante podría haber recurrido la resolución desde que fue citado a juicio.

La Sala no está de acuerdo con este argumento porque cuando se calificaron los hechos como un posible delito de lesiones y de odio y se le tomó declaración al denunciado luego no se hizo lo mismo con el denunciante.

Igualmente se indica que solo se le notificó la sentencia, por lo que la oposición de la Fiscalía y defensa a este recurso “no colma las exigencias de una adecuada marcha del procedimiento”.

EFEnra/brr1012088

Las Palmas de Gran Canaria, 28 jul (EFE).

– Cuarenta personas de un total de 80 ya han logrado acceder al mercado laboral en Las Palmas con el acompañamiento de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias (CEAR), a través de la formación profesional y un plan individualizado.

Se trata de una iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y Fundación La Caixa, que apoya la inserción sociolaboral de migrantes y solicitantes de protección internacional a través de la mejora de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.

Desde CEAR explican en un comunicado que a través de este proyecto, denominado Insertia, «no sólo se trata de encontrar empleo, sino de generar autonomía, autoestima y arraigo».

Es el caso del chileno Juan Luis Chacón, de 46 años y, quien tras residir en Canarias desde hace casi dos, considera las islas su hogar.

«La gente aquí es respetuosa y educada.

La vez que retorné a mi país de origen me sentí desubicado.

Éste es mi lugar», afirma Chacón, quien, tras recibir formación en ámbitos como la limpieza con maquinaria y manipulación de alimentos a través de este programa, pudo acceder a un nuevo empleo en una empresa de limpieza.

«Nunca había trabajado en este sector, pero necesitaba un cambio por salud», explica Chacón, que quería reorientar su vida profesional debido a problemas de salud derivados de su trabajo previo en la construcción.

CEAR resalta que, gracias al acompañamiento de sus profesionales, este emigrante chileno ha encontrado esta nueva oportunidad.

«Hoy estoy trabajando y me siento motivado para seguir mejorando», explica Chacón en la nota.

Para el equipo técnico de Insertia, las historias como la de Chacón «evidencian el valor del acompañamiento y la formación adaptada para facilitar procesos reales de inclusión y transformación personal».

Pero, agregan, este proyecto «también refuerza la conexión con el tejido empresarial local, promoviendo la igualdad de oportunidades y una inserción sostenible».

Este año, esta iniciativa prevé 90 plazas, de las cuales 80 ya están ocupadas.

Las personas participantes cuentan con un plan individualizado de inserción laboral (BAE), acceso a plataformas online de búsqueda activa de empleo y tutorías para el desarrollo de competencias.

Entre las personas participantes, ya son 65 las han completado formaciones en Manipulador de Alimentos, Carretillas Elevadoras y Limpieza especializada con uso de maquinaria y carnicería y charcutería, estas dos últimas con prácticas en empresas.

En la edición de 2024, el 70 % de las 73 personas participantes accedió a formación profesional y empleo, unos resultados que para CEAR demuestran la eficacia de este programa.

EFEmrgz/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 28 jul (EFE).

– La plataforma contra los desahucios Derecho al Techo ha criticado la oposición del Colegio de Economistas a la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada por problemas de vivienda, porque considera que este colectivo profesional se ha alineado con quienes se benefician de la especulación urbanística.

La organización social, en un comunicado, sale al paso de un informe difundido días antes por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas y elaborado en virtud de un convenio de colaboración con la empresa Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias, que concluye que la capital no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de Vivienda para ser considerada zona tensionada, de acuerdo a datos oficiales y criterios técnicos, pese al parecer contrario de su Ayuntamiento.

Derecho al Techo niega ese planteamiento, pues opina que el posicionamiento de los economistas es una muestra de que «el Gobierno de Canarias y las élites técnicas que lo rodean no tienen ninguna voluntad política de aplicar ni siquiera una medida mínima de contención del mercado inmobiliario, por limitada que sea».

A su juicio, «la negativa a reconocer Las Palmas zona tensionada confirma su compromiso con los intereses de la patronal inmobiliaria, los fondos de inversión y la especulación urbanística».

Derecho a Techo insiste en oponerse al documento del colegio profesional, que recuerda que «cuestiona el informe técnico aprobado por el pleno del Ayuntamiento en enero de 2025, que sí reconocía que se superaban los umbrales marcados por la Ley de Vivienda para aplicar una limitación de precios», según expone.

La plataforma apunta que el Colegio de Economistas «niega la tensión habitacional en base a una supuesta abundancia de viviendas vacías o sobrantes», pero «lo que no explica es por qué, en medio de ese ‘excedente’, miles de personas viven hacinadas, comparten piso, dedican más del 40 % de su sueldo al alquiler o, directamente, están siendo expulsadas de sus barrios».

Y añade que «tampoco dice que muchas de esas viviendas sobrantes no están en alquiler ni en venta, sino en plataformas turísticas o, simplemente, retenidas como activo financiero».

Desde esos argumentos, Derecho al Techo respalda el paso dado por el Ayuntamiento en favor de la declaración de zona tensionada, pese a considerar -matiza- que «no es una solución estructural» porque «no resuelve la raíz del problema: el carácter mercantil de la vivienda, la falta de control público y la precariedad estructural de buena parte de la población».

Porque «es una herramienta que podría frenar o, al menos, ralentizar la espiral de subidas de precios», sostiene, apuntando como prueba de ello que, «en Barcelona, donde ya se aplica, los precios bajaron un 6 %».

La conclusión de la plataforma, que afirma que «la declaración de zona tensionada por sí sola no basta» y que «tiene que ir acompañada de una moratoria de la vivienda vacacional y de una regulación clara y efectiva de los alquileres por temporada, que hoy se utilizan como vía de escape para evitar cualquier control», es que Gobierno autónomo y patronales rechazan «incluso eso: un mínimo freno, un leve cortafuegos».

Algo que era previsible, porque «no confiamos en que las instituciones caciquiles de Canarias impulsen políticas valientes» y «no esperamos que se enfrenten a los grandes intereses inmobiliarios», señalan desde Derecho al Techo, aunque apostillando: «pero tampoco nos resignamos».

EFEcms/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 28 jul (EFE).

– La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha dicho este lunes que es prematuro decir si la comisión sobre el reto demográfico planteará impedir la compra de vivienda a ciudadanos extranjeros, y ha recordado que la limitación absoluta sin justificación no está prevista en la UE.

En respuesta a la diputada del grupo Socialista Lucia Fuentes, la consejera ha indicado que en la UE para limitar la compra de un inmueble o la libre circulación de capitales la medida debe estar amparada en la no discriminación y en la proporcionalidad.

Es decir, que las excepciones tienen que estar perfectamente justificadas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha añadido Matilde Asián.

La diputada del grupo Socialista había preguntado a la consejera si cree que tendrá encaje en las políticas de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo la ofensiva anunciada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para limitar la compra de viviendas a extranjeros.

Ha recordado la consejera que la compra de una vivienda secundaria es movimiento de capitales, y como tal las medidas restrictivas que se quieran poner a la adquisición de inmuebles tienen que estar justificadas.

Matilde Asián ha recordado que en la conferencia de presidentes se ha acordado junto con los cabildos estudiar la posibilidad de plantear medidas restrictivas a la compra de vivienda, por lo que se ha creado un grupo de trabajo que analiza las posibilidades.

Además, la diputada del grupo Popular Rebeca Paniagua preguntó a la consejera por iniciativas para formar a jóvenes profesionales en asuntos europeos y promover su participación activa en las instituciones comunitarias.

La consejera ha explicado que en el caso de Canarias es fundamental un continuo examen de la normativa comunitaria y su adaptación, por lo que hay un estrategia para que jóvenes profesionales se formen en economía, normativa y conocimiento de las instituciones comunitarias.

Ha comentado Matilde Asián que en lo que más fallan los candidatos es en el conocimiento de dos idiomas.

Y la diputada de Vox Paula Jover ha cuestionado a la consejera acerca de las últimas iniciativas de la UE para prevenir la presión de la inmigración ilegal, tras el pacto europeo sobre asile e inmigración de mayo de este año.

Matilde Asián ha manifestado que es muy pronto para sacar conclusiones, si bien ha destacado que en ese pacto se reconoce la importancia de la solidaridad y la responsabilidad, y ha comentado que para el gobierno canario no se garantiza en ese texto la protección a los menores que llegan.

EFErdg/brr