Puerto del Rosario (Fuerteventura), 29 jul (EFE)- El PP de Fuerteventura ha mostrado su preocupación ante la situación que atraviesa el control aéreo en la isla, después de que la empresa adjudicataria del servicio, SAERCO, haya reconocido judicialmente que no puede cumplir sus obligaciones laborales por insolvencia económica.
La formación popular ha reclamado, en un comunicado, una actuación urgente por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ha exigido la suspensión inmediata de la certificación de SAERCO como proveedor de tránsito aéreo.
“No podemos permitir que la seguridad aérea de Fuerteventura dependa de una empresa quebrada”, ha advertido la presidenta insular del PP majorero, Jessica de León.
Asimismo, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que actúe con responsabilidad y devuelva la gestión de la torre de control a ENAIRE, la empresa pública que opera en la mayoría del espacio aéreo español.
“Cabe recordar que fue en 2010, bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, cuando se licitaron por primera vez las torres de control, incluida la de Fuerteventura y hoy, las consecuencias están a la vista: inseguridad, precariedad y caos operativo”, ha denunciado De León.
Además del grave problema con los controladores, el PP denuncia la degradación generalizada de los servicios en el aeropuerto.
“No hablamos solo de control aéreo: hay problemas con el mantenimiento, la jardinería, los servicios básicos y la imagen del aeropuerto, pues los servicios establecidos no se están cumpliendo y Fuerteventura no puede seguir así”, ha afirmado la dirigente del PP.
Garantizar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de quienes trabajan en las torres de control también es una prioridad, han recordado desde el PP.
En el caso de Canarias, se trata de 148 profesionales, incluidos los de Fuerteventura, que merecen condiciones laborales dignas y un entorno de trabajo seguro, sin la incertidumbre constante que genera un proveedor en quiebra.
La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, en la que SAERCO admite que acatar el laudo arbitral que resolvía su conflicto con los controladores aéreos la llevaría a la quiebra, pone en evidencia la falta de garantías del actual modelo.
“No hablamos solo de turismo: en una isla, el transporte aéreo es una necesidad vital para acceder a la sanidad, a la educación y a los derechos básicos”, ha subrayado la también consejera de Turismo del Gobierno canario.
Desde el PP se advierte en el comunicao que esta situación compromete gravemente la seguridad operacional, al tratarse de un servicio que la ley obliga a prestar de forma “segura, eficaz, continuada y económicamente sostenible”.
“Cuando el proveedor reconoce que no puede garantizar sus compromisos laborales ni operativos, lo que está en riesgo es mucho más que una empresa: es la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos”, ha concluido De León.
El PP de Fuerteventura exige al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y actúe de inmediato, tal y como reclama el sindicato mayoritario del sector, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), para garantizar un aeropuerto operativo, digno y seguro en la isla.
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