Santa Cruz de Tenerife, 25 ago (EFE).
– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la remisión a los juzgados de instrucción tinerfeños los indicios de una posible trama entre un laboratorio y médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) que consistiría en el pago de dinero y viajes a congresos a cambio de que éstos recetaran sus medicamentos.
Los indicios surgieron en un juicio por el despido de una delegada de ventas de la farmacéutica en cuestión celebrado en un juzgado de lo social, cuyo fallo ha ratificado ahora el alto tribunal canario.
Esta empleada mantenía desde 2010 un contrato de exclusividad que habría incumplido al ejercer como profesora de una autoescuela, lo que se descubrió por medio de un detective contratado por la empresa.
En su revisión del caso, el TSJC, aparte de ratificar procedente el despido, considera que hay indicios de que el laboratorio pagaba a médicos del SCS por prescribir sus medicamentos y vacunas o sufragaba gastos de viajes a cursos, congresos, cenas o almuerzos y también hacían los abonos en efectivo en ciertas ocasiones.
Sospecha de los presuntos delitos de cohecho de los que podrían ser responsables hasta diez personas, como son la trabajadora despedida, personal del laboratorio, dos médicos y la dueña de una agencia de viajes.
Además, aprecia indicios de falso testimonio contra siete de ellos, en concreto cuatro trabajadores del laboratorio, los dos facultativos que supuestamente recibieron las dádivas y la dueña de la agencia.
El TSJC ha aportado a los juzgados de instrucción un listado de una decena de páginas con nombres de médicos tinerfeños que habrían cobrado por prescribir estos productos.
Los diferentes medios de prueba, según el TSJC, acreditarían que a través de la trabajadora que visitaba a los doctores y la responsable de una agencia de viajes se «financiaban, incentivaban y pagaban» a los médicos para que recetaran sus autovacunas y fármacos.
Varios compañeros de la exempleada ratificaron en el juicio, al que fueron llamados como testigos, que ofrecían a doctores de varias provincias españolas participar en viajes y congresos y que todo se hacía «medio legal», y sólo uno de ellos se contradijo y aseguró que las ayudas se limitaban a regalar libros.
Un médico rehabilitador del Hospital Universitario de Canarias (HUC) que es funcionario declaró en la vista oral que las farmacéuticas colaboran con ellos y en concreto citó la asistencia a un congreso celebrado en 2015 y admitió que desayunaba, almorzaba y cenaba con la extrabajadora y que a veces los laboratorios «lo pagan».
Un especialista del hospital de La Candelaria dijo que el laboratorio «lo comisionaba» y al año le abonaban alrededor de 3.
000 euros en concepto de ayudas para asistir a cursos y congresos y que las visitas de la exempleada las realizaban cuando ejercía como funcionario.
La dueña de la agencia de viajes estaría involucrada en esta supuesta trama al ser el lugar al que iban a cobrar los facultativos, y de hecho se grabaron conversaciones de la mujer despedida con una empleada en las que se le indicaba que los médicos lo querían «todo en B».
También se refería a «la pasta» guardada en un sobre y en otras llamadas se detectaron órdenes del laboratorio para cambiar fechas de facturas por la suspensión en el ámbito nacional de unas vacunas no avaladas.
De una de estas conversaciones de la exempleada se desprendería que la farmacéutica pagaba a algunos médicos hasta 30 euros por prescribir vacunas.
Se calcula que daban 4.
000 al año y recetaban unos 50 medicamentos de este tipo al mes.
En un momento dado los doctores le comunicaron al laboratorio que si despedían a la empleada no trabajarían más con ellos.
La mujer llegó a denunciar acoso, aunque luego el expediente quedó archivado por la empresa y no se impuso sanción alguna sino que se limitaron a cambiarle de jefe.
Pero el TSJC considera que sí fue objeto de situaciones de persecución laboral que la llevaron a sufrir depresión y ansiedad, hasta el punto de requerir tratamiento psiquiátrico.
Cuando presentó una relación de kilometrajes que a la entidad le resultó sospechosa fue cuando contrató a un detective privado, demostró que había incumplido el acuerdo de exclusividad y se procedió a su despido.
Éste fue considerado procedente, se negó el derecho a ser indemnizada pero sí a recibir unos 5.
000 euros que le debía la compañía en concepto de kilometraje.
Como delegada de ventas, su labor consistía en realizar visitas a los médicos en los hospitales, centros de salud o clínicas para informarles y promocionar los productos del laboratorio durante su horario de trabajo, generalmente por las mañanas.
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