Madrid, 26 ago (EFE).
– Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria para tutelar menores migrantes no acompañados, y Navarra, Cantabria y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, las que menos, según el real decreto aprobado este martes por el Gobierno con la oposición de la mayoría de autonomías.
La norma avalada en el Consejo de Ministros, que supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.
000 habitantes para el conjunto del país.
Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.
827 plazas; Cataluña, con 2.
650; y Madrid, con 2.
325, son las comunidades con mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.
767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.
Las que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos.
Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acoge a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.
La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.
El real decreto supone, según ha expresado en una nota la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, «un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país»; así, a partir de este momento, «está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido».
Sin embargo, la mayoría de comunidades rechaza el sistema, y, de hecho, diez gobernadas por el PP y la de Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido este mecanismo forzoso ante el Tribunal Constitucional.
Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que recurrirá los últimos decretos y pedirá suspender cautelarmente el reparto.
Este martes, algunas han renovado sus críticas.
Madrid ha anunciado un nuevo recurso y, como La Rioja, ha denunciado que sus instalaciones ya están saturadas, mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que se considere frontera a su comunidad y ha acusado al Gobierno de favorecer al País Vasco y Cataluña.
También Castilla y León recurrirá esta norma ante la justicia y ha denunciado que se trata de una «imposición» a las autonomías.
Igualmente, la Comunidad Valenciana pedirá la suspensión cautelar «de cualquier norma que apruebe el Gobierno» central relacionada con el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, porque, a fecha de hoy, no tienen ninguna información sobre esos traslados.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado que el reparto se haga sin informar a las autonomías.
“No sabemos absolutamente nada.
Lo saben solamente Pedro Sánchez, el Gobierno de España y su socios, y el gobierno del País Vasco”, ha dicho.
Galicia, por su parte, asegura ser una comunidad acogedora y solidaria, pero alega no tener capacidad para acoger más.
Desde Canarias responden que si hay comunidades ‘tensionadas’ que no llegan a esa capacidad, tendrían que haber aumentado el número de plazas, como han hecho las islas, donde han tenido que abrir centros de la noche a la mañana para atender al centenar de niños que llegaban a sus costas cada día.
Navarra, gobernada el PSOE, ha señalado que pese a estar «tensionada» va a colaborar para ayudar a Canarias y ha achacado la puesta en marcha de este traslado obligatorio a que las autonomías gestionadas por el PP «se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria».
De igual forma, Asturias ha criticado el rechazo al reparto entre las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a asumir la acogida; su presidente, Adrián Barbón, ha criticado que se trata de «una cuestión de humanidad, y cuando se pierde la humanidad, se pierde todo».
En Ceuta, mientras, consideran que la norma contribuirá a aliviar la elevada presión que soporta la ciudad.
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