Santa Cruz de La Palma, 27 ago (EFE).
– El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no concibe que haya comunidades autónomas que, llegado el momento de acoger a los menores migrantes que les sean asignados en el reparto establecido por decreto ley, se opongan a acatar la norma.
«Esto es ley.
No deberíamos decirlo, pero si es una ley, estamos obligados a cumplirla.
Por supuesto que -las comunidades- pueden acudir al Tribunal Constitucional o al Supremo, ya lo han hecho, pero no me cabe en la cabeza que no vayan a cumplirla».
En declaraciones a los medios en La Palma, Torres ha explicado que si un menor es derivado a otra comunidad, lo acoge una ONG, se le asigna un espacio y «se le pone pegas por parte de una autoridad determinada, esa autoridad estaría incumpliendo la ley», lo que habría que notificarse «a las autoridades respectivas, Fiscalía y otras, para que actúen en consecuencia».
Y ha recalcado que al tratarse de menores de edad, en sus desplazamientos a la península, desde Canarias o desde Ceuta, deberán ir acompañados de un agente policial por cada cinco niños, para garantizar hacerlo «con la mayor seguridad, preservando el derecho superior del menor».
El ministro Torres ha vuelto a preguntar si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega a ser presidente del Gobierno, incluirá esta ley entre aquellas que ha anunciado que derogará y retrotrae la situación migratoria al status quo actual, con los menores hacinados en las comunidades autónomas fronterizas.
Ha afirmado que esta modificación de la Ley de Extranjería «justa, objetiva y necesaria», supone «un paso fundamental en el respeto a los derechos humanos», y en el Gobierno se sienten «orgullosos» de haberla sacado adelante con el apoyo de sus socios parlamentarios y a pesar del voto negativo de PP y Vox.
Y frente a «quienes dicen que hay comunidades que se quedan fuera» del reparto de menores, ha reiterado que se basa en «criterios objetivos» a la hora de fijar la capacidad ordinaria de cada territorio.
Ha indicado que una vez aprobado el Real Decreto por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado, las comunidades tienen que certificar están en contingencia migratoria, y si son más de una, lo que «previsiblemente» sucederá, la comisión interministerial se reunirá el próximo martes para tomar un acuerdo al respecto y a partir de ahí comenzar con las derivaciones.
Torres ha especificado que el Real Decreto establece que todo menor que llegue a partir de ahora a España en un patera o un cayuco, en el periodo de quince días deberá ser derivado a otra comunidad, que asumirá su tutela, si el territorio en el que desembarcó está en situación de contingencia migratoria.
Y para el resto de menores que ya se encuentran en España hay establecido un plazo de un año para que sean derivados a otras comunidades.
El ministro de Política Territorial ha apelado a «la comprensión» de todas las comunidades y que tengan en cuenta que «hablamos de población vulnerable, de menores que tienen 15 años, cinco.
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que vienen de África».
«En otras ocasiones», ha proseguido, «menores de la misma edad que venían de otros lugares de Europa fueron recibidos con los brazos abiertos por comunidades que abrieron instalaciones propias para atenderlos, escolarizarlos, darles una situación permanente, en el día a día».
«La pregunta es: ¿por qué se ponen pegas cuando los menores, niños, son o provienen de África?», ha cerrado.
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