Sumar urge también al Gobierno a cumplir recomendaciones del GRECO: quitar aforamientos, regular asesores y prevenir corrupción policial
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) –
El Pleno del Congreso decidirá este martes si admite a trámite la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción con capacidad sancionadora, una iniciativa que el grupo plurinacional registró en marzo de 2024 y que confía en que se tramite, pues tiene encaje en el Plan Anticorrupción anunciado por el Gobierno de coalición.
Así lo explicó el viernes en rueda de prensa el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien recordó que desde que se registró la iniciativa han ocurrido muchas cosas y se ha constatado la gravedad de la corrupción en España, en referencia a los casos de corrupción por los que están siendo investigados los últimos dos exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos; o la trama relacionada con el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, entre otros.
A raíz de estos casos, el Ejecutivo de coalición diseñó el Plan Estatal de lucha contra la corrupción, cuya primera medida es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Nos hemos alegrado mucho de que la primera medida recogida por el Gobierno sea esta propuesta que formulamos y registramos en el año 2024, indicó el diputado de Sumar, cuyo objetivo es que el Gobierno utilice su proposición para sustanciar sus promesas anticorrupción.
POTESTAD SANCIONADORA Y UN DIRECTOR INDEPENDIENTE
La proposición de ley de Sumar contempla la creación de una oficina con funciones de prevención, detección, investigación, erradicación y sanción de la corrupción, además de elaborar planes de prevención para el conjunto del sector público. El texto está estructurado en seis títulos, 54 artículos, tres disposiciones transitorias, cuatro disposiciones finales y una derogatoria.
Técnicamente es una ley más que sólida, pero estamos abiertos a su mejora, por supuesto, a su ampliación, señaló Santiago, asegurando que si se rechaza la única interpretación posible será la falta de voluntad de combatir la corrupción.
La proposición de ley lleva incluida una potestad sancionadora de hasta un millón de euros a empresas en los casos más graves y la posibilidad de impedirles contratar con la administración pública durante tres años. Para las personas físicas, la sanción más alta prevista es de 400.000 euros.
El nuevo organismo planteado tendría estatus de autoridad independiente, un director no militante en partidos y un cuerpo de inspección reclutado por oposición. Según el texto, recogido por Europa Press, la oficina podría investigar el uso irregular de fondos públicos, requerir documentación a instituciones y bancos, e imponer sanciones como la prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.
Entre las funciones preventivas, la propuesta recoge la elaboración de códigos de conducta, la creación de sistemas internos de alerta temprana y un buzón de denuncias. Las investigaciones no podrán superar seis meses, prorrogables por otro semestre en casos complejos. La Oficina Anticorrupción tendrá además capacidad de inspección para examinar expedientes y registros en las entidades del sector público, así como para requerir información a cualquier persona o sociedad que maneje fondos públicos.
OTRAS ASIGNATURAS PENDIENTES
Además, Santiago destacó que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa volvió a denunciar el pasado mes de agosto que, pese a registrar algunos avances, España sigue sin aplicar el grueso de sus recomendaciones en esta materia.
Según ha detallado, el informe del GRECO formula tres recomendaciones prioritarias: regular el régimen jurídico de asesores y la transparencia, limitar los aforamientos y reforzar la prevención de la corrupción en la Policía Nacional.
Nuestra posición es clara: los aforamientos deben ser eliminados, insistió, diferenciando que en la mayoría de los casos no han supuesto impunidad, sino otro tipo de competencia jurisdiccional, pero recalcando que su grupo está a favor de suprimirlos.
Santiago también subrayó que el grupo GRECO reconoce mejoras en la Guardia Civil y en la regulación de los lobbies, algo, esto último a lo que la derecha viene oponiéndose constantemente.
En paralelo, recordó que todavía hay 30 casos investigándose o pendientes de juicio que afectan al Partido Popular, a más de 150 dirigentes que forman parte de ese partido que todavía tiene una sede pagada en dinero B, y ha citado igualmente casos de corrupción que han afectado al PSOE, como el caso Filesa y el caso Koldo García –el asesor del exministro Ábalos–, sobre el que ha reclamado medidas contundentes para evitar que se repitan.
